El PRI manifiesta su beneplácito por la sanción que el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió en contra de Humberto Suárez, ex secretario de finanzas de los ex gobernadores perredistas, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.
De igual forma a Stefany Berenice Carreón, responsable de la Operación de Fondos y Valores. A ambos se les exige reintegrar cerca de 115 millones de pesos, así como inhabilitaciones en su contra.
Al respecto, el diputado local Juan Manuel Figueroa Ceja destacó la importancia de que los responsables del quebranto económico de Michoacán paguen y sean sancionados.
“La autoridad es la responsable de dar claridad al desfalco financiero de Michoacán y que se restituya al erario lo que fue sustraído”.
Cabe destacar que Michoacán es uno de los estados del país con mayor deuda y crisis económicas, derivadas de las malas administraciones perredistas de la entidad.
PRI A FAVOR DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL CASO MIRELES
Ciudad de México.- Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, se pronunció a favor de que se haga justicia en el caso de José Manuel Mireles.
El también diputado federal fue entrevistado respecto a la liberación bajo fianza que permitirá al doctor Mireles continuar su proceso penal fuera de prisión.
Indicó que los tribunales son los que determinarán su inocencia o culpabilidad.
“Nosotros creemos en la leyes mexicanas y en este caso, como en todos, pedimos que se haga justicia”.
Recordó que el pasado 09 de marzo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro y desde la máxima tribuna del país, solicitó al Poder Judicial de la Federación conocer el estado de salud de Mireles, así como resolver de manera inmediata su situación jurídica.
“Confiamos en que el Poder Judicial determinará, con base en un juicio justo, lo que en Derecho prevalezca. No se trata de que paguen justos por pecadores, pero también se debe hacer valer la ley y no se le puede permitir a nadie que violente nuestra Constitución porque para eso existen instituciones y autoridades que hagan valer nuestras normas en beneficio de la población. La seguridad es un derecho que debe prevalecer siempre y no se pueden permitir excepciones a la misma”.
