Víctor Hugo Zurita señaló sean los gobiernos los que propicien la inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país
El diputado michoacano, Víctor Hugo Zurita Ortiz, busca elevar a rango constitucional, la obligatoriedad de los gobiernos de generar políticas públicas que impacten de manera positiva en la inclusión social de la comunidad discapacitada, por considerar que históricamente han sido relegados.
Y es que, desde el parlamento michoacano, el legislador presentó una iniciativa con proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política, para obligar a las autoridades a promover políticas públicas que propicien la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito político, social, económico y cultural del país.
Cifras proporcionadas por el primer legislador en México que es sordomudo, señalan que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un 15 por ciento de la población mundial, es decir, mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.
Asimismo, indica que de acuerdo con datos del censo 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), en México actualmente existen 20 millones 838 mil 108 personas con alguna limitante o discapacidad.
“Si tomamos en consideración que nuestra población actual según datos del mismo censo es de 134.4 millones de habitantes, ello significa que casi el 15 por ciento de la población mexicana sufrimos alguna discapacidad o limitante en nuestras vidas”, manifestó el legislador michoacano a través de su intérprete de señas.
Aseveró que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, lo que deriva en un alto porcentaje en la falta de oportunidades laborales, escolares y de servicios, aunado a los obstáculos cotidianos, señaló que se suma la discriminación social y la falta de legislación adecuada para protegerlos.
Afirmó, que también son más propensas a ser víctimas de algún tipo de violencia y en muchos casos “la ignorancia” es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecemos las personas discapacitadas.
Por lo anterior, consideró que sí bien existe un reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad en el artículo 4° párrafo décimo quinto de la Carta Magna, ha sido suficiente para salvaguardar a plenitud los derechos de las personas que conforman esta comunidad.
“No basta con una ayuda económica, debemos ir más allá, ya que las personas con discapacidad lo que buscamos no es solo un apoyo económico, sino una verdadera política pública de plena inclusión y participación activa en la vida diaria de nuestro país”, manifiesta la iniciativa.
Pidió apoyo para la aprobación de esta iniciativa, ya que, aseveró solo intenta promover los principios de accesibilidad e inclusión, así como el desarrollo integral de las personas con discapacidad, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.
