El diputado Alfredo Ramírez Bedolla celebró el consenso alcanzado por las distintas fuerzas políticas, a través de sus coordinadores parlamentarios en el Congreso del Estado, para presentar hoy de manera conjunta la iniciativa de reforma a las Leyes de Hacienda, y de Ingresos, con el propósito de cancelar definitivamente los llamados impuestos ecológicos.
En una reunión que sostuvieron los coordinadores de diputados de Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano con agremiados a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), se logró el acuerdo de presentar una iniciativa conjunta de reforma, por lo que se prevé que las cargas fiscales que entraron en vigor este año sean derogadas por el pleno de la LXXIV Legislatura la próxima semana.
Alfredo Ramírez, legislador de Morena, celebró que se haya alcanzado este consenso que no solo es una muestra de madurez y civilidad política, también es un importante paso para preservar la estabilidad económica en Michoacán, afirmó.
En la lucha por la derogación de la miscelánea fiscal que propuso Gobierno del Estado, y que el Legislativo aprobó para entrar en vigor este año, Alfredo Ramírez se reunió con presidentes municipales y diversos sectores, entre los que destacan los recolectores de basura, la Asociación Michoacana de Productores y Distribuidores de Materiales Pétreos (Prodympe) y la AIEMAC, quienes expusieron al diputado la manera en que las nuevas cargas fiscales vulneraría sus actividades productivas.
El legislador de Morena sostuvo que el principal argumento a considerar para la cancelación de impuestos, es que con su aplicación se perdía la proporcionalidad entre el costo de inversión productiva y lo que se debía pagar por cargas fiscales; por ejemplo: al sector industrial le cuesta 17 pesos usar un metro cúbico de agua, pero podría llegar a pagar un gravamen de hasta mil 400 pesos por los contaminantes contenidos en esa cantidad, con todo y que pudieran estar por debajo de lo que la norma federal ambiental indica.
Dichos impuestos afectarían también a los trabajadores, ya que elevarían entre 12 y 15 por ciento el costo de la vivienda social; Prodympe también alertó a Ramírez Bedolla que incrementarían hasta 40 por ciento los costos de producción en sectores dedicados a la extracción, el transporte, la transformación y construcción, con impacto directo a las finanzas municipales.
Ante lo expuesto por los sectores productivos, Ramírez Bedolla afirmó que la iniciativa para la derogación de impuestos contribuye a la estabilidad social, y evita que Michoacán pierda competitividad en detrimento de su economía.
Avala Congreso local reforma de extinción de dominio
En sesión ordinaria el Congreso local aprobó la minuta de decreto que contiene las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución federal que avaló la Cámara de Diputados en materia de extinción de dominio.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que integran los diputados Erick Juárez, Alfredo Ramírez, Javier Estrada, Marco Polo Aguirre y Brenda Fraga, destaca la necesidad de contar con mecanismos eficientes para una solución adecuada en materia de extinción de dominio.
La minuta, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, establece que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal.
La extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción.
También por casos de encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Acuerda Congreso entregar Condecoración “La Mujer Michoacana”
Como un merecido homenaje a las michoacanas que desde diversas trincheras, entregan lo mejor de sí a favor de nuestra sociedad, el Pleno de la LXXIV Legislatura acordó entregar este próximo 11 de marzo, la Condecoración “La Mujer Michoacana”, a la ciudadana Rubí de María Gómez Campos.
Derivado del acuerdo legislativo número 105 mediante el cual se expidió la convocatoria pública para seleccionar a la recipiendaria de la Condecoración “La Mujer Michoacana”, este Congreso local estableció su interés de hacer un gran reconocimiento a las michoacanas que han destacado en su lucha por alcanzar la igualdad de género en nuestra sociedad, así como en la atención a niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores; en labor social y en la defensa de los grupos vulnerables.
Así y propuestas por la sociedad civil, se integró un listado con perfiles de invaluable trayectoria, como la Fundación Amamba A.C., Casa Hogar Ave Fénix I.A.P., el Centro de Atención para la Disfunción Neurológica I.A.P, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres CJIM, así como las ciudadanas Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, Edith Landa García, María Villaseñor Díaz, Rubí de María Gómez Campos y Angélica Morales Gámez.
Tras reconocer a Rubí de María Gómez como una mujer que ha trabajado por casi 40 años a favor de los derechos y la dignidad de las mujeres y derivado de un profundo análisis entre todas las propuestas que arribaron al Poder Legislativo, la Comisión de Igualdad de Género distinguió que la Doctora en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, merece un reconocimiento por su destacada labor y las aportaciones que ha realizado para el diseño de políticas de igualdad y contra la discriminación, cuyo impacto ha trascendido las fronteras de nuestra entidad.
Por tal motivo, en un Acto Solemne a celebrar este próximo lunes 11 de marzo en el Salón de Recepciones “Generalísimo José María Morelos y Pavón” de este Congreso local, se entregará la Condecoración por parte del Presidente de la Mesa Directiva y la Comisión de Igualdad de Género de la LXXIV Legislatura.
Congreso da ha lugar, a iniciativa para elevar a rango constitucional derecho a la alimentación
El Pleno de la LXXIV Legislatura local aprobó el dictamen por el cual se le da el ha lugar admitir la discusión a la iniciativa presentada por el diputado Octavio Ocampo Córdova, mediante la cual se plantea reformar la Constitución Política de Michoacán para reconocer a nivel constitucional el derecho a la alimentación por parte del Estado y con ello, garantizar mejores condiciones de vida a las y los michoacanos.
Desde que presentó la iniciativa el diputado local resaltó la importancia de que en Michoacán se reconozca en la Constitución del Estado el derecho a la alimentación, no sólo como un acto de justicia social, sino también como un elemento normativo que fortalezca e impulse políticas públicas en la materia, con lo que se podrá proteger sus derechos a las personas que se encuentran en vulnerabilidad.
Octavio Ocampo expuso que la alimentación debe de ser un derecho que incluya la calidad y cantidad suficiente para el desarrollo integral de los ciudadanos y para lograrlo se requiere la coordinación y suma de esfuerzos entre todos los niveles de gobierno, a fin de cerrar filas para combatir la marginación y garantizarle a la sociedad todos sus derechos, como lo es el de la alimentación.
El derecho a la alimentación subrayó adquiere una especial relevancia por su interdependencia y vinculación con otros derechos fundamentales ya que, no es posible entender la vida y la salud sin el derecho a la alimentación de calidad y en cantidad suficiente para el desarrollo integral.
Por lo anterior reconoció el compromiso del Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, para aprobar el ha lugar ha admitir la discusión de la iniciativa que presentó, luego de que en la Comisión de Puntos Constitucionales se realizó el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa en mención en la que se propone reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán, a fin de reconocer el derecho de toda persona a la alimentación.
Confió en que ahora a las comisiones que les fue turnada, la dictaminen a la brevedad, dado la importancia de dicha propuesta, con la cual Michoacán se podrá poner a la vanguardia en el país como entidad garantista e incluyente, con el reconocimiento de este derecho básico para la vida como lo es la alimentación de calidad.
Al prosperar dicha iniciativa, recalcó que Michoacán cumpliría con los compromisos asumidos por México en tratados y ordenamientos internacionales, y permitirá establecer presupuestalmente las obligaciones adquiridas.
Conjunto de voluntades permitirá derogar impuestos ecológicos en Michoacán
Luego de las mesas de análisis que se tuvieron entre legisladores con el sector empresarial michoacano, tanto el poder legislativo como el ejecutivo se determinó derogar los impuestos ecológicos que se aprobaron en el paquete hacendario para este año, informó la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez.
Afirmó que gracias a la apertura que se tuvo tanto por parte de los legisladores del Congreso de Michoacán como por el gobernador del estado, se logró el acuerdo conjunto de derogar dicha carga impositiva que afectaba al sector productivo en la entidad.
“Sin lugar a dudas aplaudo que mis compañeros (diputados) atendieron el llamado fraterno para reconsiderar y dar marcha atrás a los impuestos ecológicos, pues no solo eran insuficientes para solventar las dificultades económicas que enfrenta el estado, sino, además implicaban una invasión de las competencias municipales, violaciones a la constitución e incluso a los Derechos Humanos”, señaló la legisladora petista.
En este mismo sentido, Fraga Gutiérrez reiteró que, si bien el estado requiere una mayor recaudación, la creación de impuestos e incrementar la carga fiscal a los contribuyentes cautivos no es el camino.
“En el Partido del Trabajo apelamos a no cargar más a la ciudadanía las dificultades financieras del Estado, y más bien, antes, explorar alternativas para fortalecer la austeridad, la racionalidad y la adecuada orientación y efectividad en el gasto público, como una manera de generar economías y fomentar una reorientación que fortalezca el desarrollo y la justicia social en el estado” puntualizó la legisladora uruapense.
Habrá que recordar que inicialmente el Proyecto de Decreto por el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, así como de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 se envía a comisiones para su análisis y discusión y en próximas sesiones se dictaminará para dar marcha atrás a la serie de “impuestos ecológicos” que se aplicarían para este año.
Dan ha lugar a la iniciativa para que el Congreso resuelva conflictos territoriales
La LXXIV Legislatura local dio el ha lugar para admitir a discusión a la iniciativa de decreto que adiciona la fracción X-B bis al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, presentada por la diputada Lucila Martínez Manríquez, la cual tiene el objetivo de dar la facultad expresa al Congreso del Estado para resolver conflictos de límites territoriales entre municipios, con lo que se abonaría al desarrollo y crecimiento de la entidad.
Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminara la propuesta sobre su procedencia y hoy se diera el ha lugar en el Pleno del Poder Legislativo, la legisladora local confío en que dicha iniciativa pueda transitar en las comisiones que deberán analizar y estudiar la propuesta, la cual es fundamental para resolver los conflictos de límites territoriales que hay en la entidad y con lo que se contribuiría a generar desarrollo en las demarcaciones.
La legisladora celebró este avance y refirió que en Michoacán se requiere fortalecer el municipalismo, para garantizar la armonía y el desarrollo del estado, por lo que resulta apremiante que Michoacán cuente con los mecanismos e instrumentos jurídicos para resolver desde el Congreso del Estado los conflictos por límites territoriales.
“Es necesario establecer la facultad del Poder Legislativo para resolver los conflictos por límites territoriales entre los municipios del estado, ya que han sido varios los casos que se han presentado, por ejemplo en Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, así como los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, los cuales actualmente se encuentran en disputa por la construcción de un retorno para el ingreso a la entrada de acceso a la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, obra que resulta una necesidad de la comunidad universitaria, situación que dio lugar al resurgimiento de este antiguo problema”.
La propuesta legislativa en análisis presentada desde octubre pasado por la diputada Lucila Martínez tiene como objetivo incluir en nuestro texto constitucional la facultad expresa de este Congreso de resolver conflictos de límites territoriales entre municipios.
La iniciativa no contraviene con alguna disposición establecida en los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se declaró procedente, toda vez que el municipio es una parte importante dentro del esquema territorial, socioeconómico y político para el país, por lo que se consagra como la base territorial y de organización política de las Entidades Federativas. Por lo que es una figura jurídica indispensable para el ejercicio democrático de los Estados.
En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que dentro de la facultad del Congreso del Estado de Michoacán se encuentra la de resolver situaciones de competencia de límites territoriales entre los municipios, con la finalidad de solucionar de manera concreta y materia las solicitudes que se hagan de un municipio.
Por lo anterior, la modificación al artículo 44 de la Constitución del Estado de Michoacán planteada por la diputada Lucila Martínez es procedente y es competencia del Congreso del Estado, pues no se encuentra en algún supuesto de materia reservada, toda vez que desde nuestra Carta Magna es una facultad que se les da a las legislaturas locales para resolver conflictos territoriales entre municipios.
La reforma constitucional en materia de extinción de dominio, inhibirá la corrupción y los ilícitos en el ámbito púbico
La reforma constitucional en materia de extinción de dominio, es una acción para impactar e inhibir la corrupción y los actos ilícitos en personas que tienen bajo su responsabilidad resguardar, proteger, administrar y capitalizar positivamente los bienes de la nación, pero que, en el tránsito como funcionarios públicos, han perdido el rumbo y han sido tentados a la comisión de ilícitos.
Así lo señaló la diputada Cristina Portillo Ayala, al razonar su voto favor de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la corrupción, “es el peor de los lastres para una sociedad y un país que se merece una realidad y un destino diferentes”, porque en México, la corrupción en el ámbito pública cuesta millones de dólares y pocas veces se recuperan ese capital y esos bienes.
La reforma y adición al artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, se aprobó este día por unanimidad, por las y los legisladores del Congreso del Estado de Michoacán.
La diputada de MORENA aclaró que se separa el procedimiento penal que se sigue contra el acusado y el procedimiento de juicio civil de extinción de dominio, con la pretensión que el Estado pueda recuperar los bienes, independientemente de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción o ilícitos.
Dijo que solo aplicaría a las personas vinculados a los casos y procesos judiciales descritos y no se pone en riesgo la propiedad privada ni los bienes de las personas, que hayan sido obtenidos por mecanismos lícitos.
Agregó que se amplía el catálogo de delitos bajo los cuales se aplicará esta figura. Técnicamente ahora estarán incluidos: extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
Con esta acción legislativa, se da un paso firme y contundente para proteger los bienes públicos en favor de la propia sociedad dijo la diputada de MORENA tras aclarar que en su aprobación, “no hay rentabilidad política, sino una respuesta concreta a una sociedad que está harta de ser sometida a las mentiras y a la corrupción”.
En la iniciativa presentada por las senadoras y senadores de MORENA, avalada ya por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales, se señala que en México, la Ley de Extinción de Dominio está vigente desde 2008 y actualmente esta figura ha dado resultados en la recuperación de bienes y recursos cuya adquisición ilícita se ha demostrado judicialmente.
Está convertido en un instrumento jurídico que contribuye en forma determinante al combate a la delincuencia, porque una de sus finalidades es socavar el poder económico de los delincuentes y facilitar al Estado Mexicano, contener la criminalidad, al influir en su estructura operativa y financiera.
Hoy día, la extinción de dominio es un instrumento legal, por el que se declara judicialmente la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin que medie la contraprestación ni compensación alguna para el afectado. Todo ello, siempre que la sentencia judicial ratifique la comisión de actos ilícitos, detalló.
La iniciativa ya aprobada, contempla recuperar para el Estado Mexicano los bienes decomisados a funcionarios, ex funcionarios públicos y prestanombres acusados, enjuiciados y sentenciados por actos de corrupción y tráfico de influencias. Además se incluyen los delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública, en casos muy concretos de delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Y se incluye a los prestanombres.
Cristina Portillo indicó que justamente el espíritu de esta reforma y adición constitucional supone que uno de los mecanismos más eficientes y eficaces para combatir la delincuencia organizada y los actos de corrupción en el ámbito público, es justamente, afectar las estructuras financieras y las ganancias generadas por estas actividades y al final, recuperar los activos generados mediante dinero ilícito.
La iniciativa incluye además la reforma al artículo 73 de la Constitución en su fracción XXX para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, justamente en lo que se refiere a extinción de dominio, concluyó.
Exigen reintegración presupuestal de la Junta de Caminos de Michoacán
Los diputados locales por Morena, Sandra Luz Valencia y Sergio Báez Torres, presentaron un punto de acuerdo ante el pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo estatal a reintegrar a la Junta de Caminos de Michoacán en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.
“Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, presente de manera inmediata una iniciativa de reforma al Presupuesto de Egresos 2019, a efectos de que no se extinga y le sea asignado presupuesto a la Unidad Programática Presupuestaria de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo”, emplazó la diputada presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, Sandra Luz Valencia.
Enérgica, la legisladora se dirigió al Ejecutivo estatal para exigir que a la paraestatal se le dote de un monto presupuestal equivalente a 176 millones de pesos, en los que se contemplen ya los 64 millones 555 mil 241 pesos presupuestados para la liquidación del personal adscrito a la Junta de Caminos de Michoacán.
A respetar los derechos laborales de los trabajadores de base y de confianza de la Junta de Caminos de Michoacán, convocó la diputada de la coalición Juntos Haremos Historia, para luego urgir la necesidad de que el Gobierno del Estado detalle las acciones administrativas, laborales, financieras y jurídicas emprendidas en la paraestatal, a partir de su relegación presupuestal.
El punto de acuerdo proveniente del Grupo Parlamentario de Morena fue turnado a las comisiones de Gobernación y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, desde donde se someterá a valoración para su posterior ejecución.
