Coordinadores de fracciones parlamentarias, esperarán los términos de la querella jurídica
Los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso local, coincidieron en que el Centro de Michoacano de Evaluación (CEMIDE), está en su derecho de ampararse contra el parlamento local, por desechar el juicio político contra el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), no obstante, algunos consideraron que existen intereses de fondo.
Al respecto el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Cedillo Hernández, reconoció que los integrantes de CEMIDE, tienen todo el derecho de ampararse, empero, señaló que no había suficientes elementos para proceder contra José Luis López Salgado.
El legislador perredista, no descartó que exista “mano negra” atrás del proceso contra el auditor michoacano.
“Por eso acordamos el rechazo, hay que ver sí el compañero, ya subsano esta omisión, ellos están en todo su derecho de seguir intentando, pero lo que no vamos a poder permitir que en procesos electorales, quieran politizar este tema, es más allá de eso, que otra cosa”, manifestó.
Por su parte, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez se limitó a señalar que el parlamento tendrá que esperar los términos en que se encuentra la querella jurídica.
“Ellos están en todo su derecho, yo lo dije desde un inicio en que ellos lo anunciaron, que la parte que a nosotros nos toca es revisar con nuestra área jurídica la respuesta y como vamos a sacar adelante este tema y creo que hubo una votación a todas luces de quienes no estuvieron de acuerdo en que este dictamen saliera adelante y habrá que revisar en qué términos viene el amparo”, indicó.
Mientras que Héctor Gómez Trujillo, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que estarán atentos de la resolución del Poder Judicial, pero dejó en claro que no considera que existan los suficientes elementos para dar el “ha lugar”.
“Nosotros creemos que este supuesto legal tiene que ser modificado, porque habla de que cualquier violación a la Constitución a la ley y sí entramos en esa lógica o en ese criterio, cualquier funcionario de cualquier nivel tendría que ser sujeto a juicio político y esto es una instancia o procedimiento de manera final y que no puede ser utilizado de manera sistemática”, arguyó.
