Comunidades indígenas que se rigen por autogobierno y manejan su presupuesto directo, podrán integrar legalmente sus cuerpos de seguridad y portar armas
Con 29 votos a favor fue aprobado el proyecto de decreto de modificación a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica que confiere legalidad a las rondas comunitarias, cuyos miembros estarán permitidos de portar armas como integrantes de estos cuerpos de seguridad, hoy autorizados ya en las comunidades indígenas que se rigen por gobierno autónomo y ejercen su presupuesto directo en la entidad.
En lo particular y lo general quedó aprobada por el Pleno de la 75 Legislatura en la mitad de la extensa orden del día contemplada en la sesión ordinaria de este Jueves, tras el proyecto que hace meses envió a la Cámara el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que hoy concreta para los habitantes de las etnias con autogobierno esta necesidad de contar con sus cuerpos de defensa.
Es así que las kuarichas, rondas y guardias comunales quedaron reconocidas como cuerpos de seguridad en las comunidades autónomas de Michoacán, aunque está pendiente su reglamentación.
Los legisladores en su totalidad votaron a favor en presencia de algunos representantes de diversas comunidades originarias presentes en las tribunas del Legislativo, agrupadas en el Frente por la Autonomía.
Uno a uno los congresistas que abordaron el podio expusieron la razón de su voto en pro, cómo Víctor Manriquez del PRD, quien celebró que se diera curso a esa iniciativa, enfatizando que los pueblos con buena estrategia de seguridad tienen estabilidad, así como el priista Felipe de Jesús Contreras, quien exaltó dirigiéndose a los pobladores que «llegó el día y van a tener lo que siempre han anhelado».
En tanto Hugo Anaya de Acción Nacional, refirió el apoyo total a estas nuevas figuras de seguridad que permitirán a las comunidades indígenas defenderse de manera autónoma, y el morenista Reyes Cosari dijo que las comunidades tienen qué consolidarse en el ejercicio de su poder en lo que es la construcción directa de la democracia «desde abajo».
Así también la diputada de izquierda Eréndira Isauro quien refirió que cada comunidad tiene sus necesidades.
Todos estuvieron a favor del dictamen.
En los artículos transitorios se estableció que la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, en un plazo de 60 días hábiles, deberán realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias.
Además, aquellas autoridades estatales en materia de Seguridad Pública, dentro de su ámbito de competencia, deberán armonizar las disposiciones reglamentarias y administrativas, en un plazo de 60 días hábiles.
