Que la convocatoria diga “estatal”, no cancela que participen interesados de cualquier parte del país, aclara el titular de Finanzas
La diputada Yarabí Ávila, presidenta de la Comisión de la Auditoría Superior de Michoacán, advirtió que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal no cumplió el decreto legislativo que le ordenaba que la convocatoria para la contratación de un despacho que realice una auditoría forense a la Cuenta Cargos por Aplicar, fuera de alcance nacional, dado que sólo fue estatal.
Por separado, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, aclaró que si bien en efecto la convocatoria dice “estatal”, eso no cancela que en ella participen interesados de cualquier parte del país.
La diputada Ávila recordó, por una parte, que el decreto 345 del pleno del Congreso, de fecha 6 de marzo de este año, ordena al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, para que en un plazo no mayor a noventa días emita una convocatoria nacional para contratar a un despacho especialista que realice una auditoría forense a la referida cuenta gubernamental.
El problema, dijo Ávila, es que al emitir tal convocatoria, el Comité de Adquisiciones (Capde) la ubica como “estatal”, cuando debió ser nacional, a fin de que se garantizara la participación de empresas de mayor experiencia y capacidad en ese tipo de trabajos.
Cuestionó la legisladora el incumplimiento de ese mandato legislativo por parte del Comité de Adquisiciones, y dijo que ello pone en duda el alcance del trabajo que se realizará para verificar si en los gobiernos anteriores a 2014 hubo o no irregularidades en el manejo de la cuenta Cargos por Aplicar, como insistentemente se ha presumido.
Entrevistado por separado, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, aclaró que en la convocatoria no puede decirse que es “nacional” porque no hay recursos del gobierno federal, y por tanto, por ley, debe apuntarse como “estatal”, dado que el dinero con el que se le pagará a la empresa ganadora, saldrá del erario michoacano.
Sin embargo, la misma ley en la materia aclara que el hecho de consignarla como “estatal”, no priva a despachos auditores de cualquier parte del país de la posibilidad de participar si están interesados, lo que en efecto así sucederá, anticipó.
