Con la mayoría de integrantes de la LXXIV legislatura, se desahogaron 12 puntos enlistados en la orden del día
El Congreso del Estado sesionó por primera vez de manera virtual, como una medida de prevención ante la actual contingencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV-2 y de darle continuidad al trabajo legislativo.
Con la mayoría de las y los diputados integrantes de esta LXXIV legislatura, se desahogaron 12 puntos que fueron enlístanos en la orden del día con temas de interés y relevancia para la vida y el desarrollo de Michoacán.
Con la presencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado en el recinto legislativo, la primera sesión virtual se desarrolló con éxito, las y los diputados locales coincidieron en que este ejercicio marcará un parteaguas en la vida de este Poder Legislativo y coadyuvará con el trabajo y para que no haya una parálisis en esta soberanía.
De igual forma, las y los diputados de esta LXXIV legislatura enviaron sus felicitaciones a todas y cada una de las madres michoacanas, previo al próximo 10 de mayo, día de la madre en México.
Es importante destacar que el Congreso del Estado mantiene las sesiones de manera presencial, por lo que ahora el Poder Legislativo cuenta con dos formas de sesionar, en ambas con las medidas preventivas estipuladas por las autoridades en materia de salud.
Violencia obstétrica debe ser castigada
En sesión celebrada de manera virtual por el Congreso del Estado, la diputada morenista Cristina Portillo Ayala presentó una iniciativa de ley que, de aprobarse, sancionará con hasta seis años de prisión a quien altere los procesos reproductivos de la mujer sin su consentimiento expreso. «En diversas legislaciones del mundo están penalizadas este tipo de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y ya es tiempo de que pongamos a Michoacán en sintonía con lo que ocurre en otras latitudes y dotemos a las mujeres de plena libertad sobre su cuerpo», indicó.
«La violencia obstétrica está ligada a la ausencia de respeto por la autonomía de las pacientes y su derecho a la información, con la inexacta atención y acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva de calidad, así como con las insuficiencias del sistema social de salud para atenderlas durante el embarazo, el parto y el pauperio» dijo la legisladora, quien logró que una mayoría de diputadas y diputados de diversos partidos suscribieran y respaldaran la iniciativa ya desde su primera lectura en el pleno virtual.
Portillo Ayala recordó lo ocurrido el 3 de febrero 2020, en el que un hombre denunció la negligencia del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán que causó que una mujer diera a luz en el piso, porque le negaron la atención médica, así como el caso que salió a la luz pública el 12 de febrero del presente año, en que una mujer dio a luz afuera del Centro de Salud de Coahuayana, Michoacán, luego de que le negaran atención médica «por falta de personal», ello por mencionar algunos casos que indignan. «No podemos permitir que éste tipo de violencias quede impune, o que no tenga una consecuencia jurídica», subrayó.
Finalmente dijo que la iniciativa pretende catalogar como el mismo delito de violencia obstétrica a quien siendo personal en el servicio a la salud pública o privada, acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad. «Pretendemos reformar el Código Penal de Michoacán para imponer penas corpóreas a quienes limiten o utilicen su condición técnica de especialista médico para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esas posturas son medievales y es momento de terminar con ellas», concluyó.
Urgente garantizar seguridad de los estudiantes
La seguridad pública de los estudiantes es un tema que se debe atender de manera integral, incluyendo tanto la prevención de delitos e incidencia delictiva, como la seguridad vial durante su entrada y salida de clases; esto debe ser entendido como una garantía que debe brindar el Estado para libre ejercicio de los derechos de los estudiantes, indicó Eduardo Orihuela Estefan.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso de Michoacán, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 80, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, y se adiciona el artículo 86, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de seguridad escolar, ya que en los últimos años, se ha incrementado de manera importante la incidencia criminal en las zonas escolares y alrededores.
En su exposición de motivos a través de la primera sesión virtual que se lleva a vabo, destacó que los estudiantes se han convertido en blanco de la delincuencia, sufriendo una constante de asaltos, agresiones, acoso y hostigamiento sexual, e incluso delitos de alto impacto como secuestros y desapariciones.
Estos delitos, agregó, tienen repercusiones sociales, económicas y psicológicas en la vida de los estudiantes y sus familias; es urgente y necesario tomar acciones de prevención en materia de seguridad pública y seguridad peatonal, estableciendo atribuciones específicas a las autoridades e instituciones para salvaguardar y garantizar la integridad de los estudiantes en su trayecto a sus hogares.
Las instituciones educativas son lugares físicos donde pasamos gran parte de nuestras vidas, donde nos desarrollamos, crecemos, aprendemos y maduramos, sin embargo, no están ajenas a la crisis de inseguridad que vive el país y el Estado. Garantizar la seguridad de los alumnos es una condición indispensable en un entorno actual de violencia y criminalidad, añadió Eduardo Orihuela.
“De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los dos primeros meses de este año, la incidencia delictiva del fuero común en la entidad ha incrementado en un 6%, destaca un repunte en la incidencia de los delitos contra la seguridad sexual con un aumento del 25%, un aumento del 10% en delitos contra la integridad corporal, del 14% en delitos contra la libertad personal, y del 17% en delitos contra otros bienes”.
A la par, señaló Orihuela Estefan, también es necesario y urgente garantizar la seguridad vial de los estudiantes, quienes tienen un mayor riesgo al no respetarse el reglamento de tránsito y vialidad en las zonas escolares; para tener una referencia de la urgencia de acciones en materia de seguridad vial, solamente durante los primeros dos días del regreso a clases en el año en curso, se presentaron 28 siniestros viales en la capital del estado.
Aunado a lo anterior, expuso, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Michoacán, ha tenido una inversión histórica de más de siete mil millones de pesos; sin embargo, sus resultados han sido magros en cuanto a la protección y seguridad de los estudiantes, lo que hace necesario implementar atribuciones específicas en el marco legal para tal efecto.
A su vez, dijo, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo no incluye acciones de seguridad vial específica para estudiantes y zonas escolares, por lo que es necesario incluir dichas medidas de protección, incluyendo la coordinación entre Estados y municipios para disminuir los riesgos a los peatones en zonas escolares y aledañas.
Finalmente, Eduardo Orihuela indicó que garantizar la seguridad de los estudiantes implica una realización urgente de acciones y políticas de prevención como garantía de dicho derecho humano, derecho que tienen un impacto fundamental en la calidad de vida de la población estudiantil, esta función le corresponde al Estado y municipios de forma irrenunciable.
Congreso de Michoacán realiza sesión virtual y va a la vanguardia en favor de ciudadanos
El Congreso de Michoacán realizó la primera sesión virtual de pleno en su historia, con lo que se coloca a la vanguardia del trabajo Legislativo, y se mantiene como un poder público actuante durante la emergencia sanitaria para apoyar a ciudadanas y ciudadanos, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
El legislador de Morena promovió una reforma para incluir en la Ley Orgánica del Congreso del Estado las sesiones virtuales de Pleno, de Comités y de Comisiones, otorgándoles la misma validez legal que los trabajos realizados en el recinto legislativo. Esta enmienda fue aprobada el pasado 24 de abril.
Alfredo Ramírez celebró que a menos de un mes de presentada la iniciativa de reforma ya se esté implementado con la realización de la primera sesión virtual, lo que demuestra la voluntad de los diputados por no interrumpir los trabajos legislativos durante la emergencia sanitaria y mantener al Legislativo como un poder activo en apoyo a la población.
Destacó que los trabajos de manera remota en el Congreso del Estado han permitido superar la parálisis legislativa, ya que las sesiones virtuales han dado un nuevo dinamismo al trabajo en Comisiones, gracias al cual se han aprobado reformas necesarias durante esta contingencia de salud, como las concernientes al subsidio del servicio de agua potable, y el aumento al castigo por agresiones a personal del sector salud.
Alfredo Ramírez puntualizó que las sesiones virtuales no sustituirán a las presenciales, ya que sólo son una alternativa de trabajo a la que se podrá recurrir en situaciones extraordinarias como contingencias de salud o emergencias, lo que garantiza que el Congreso pueda tomar decisiones en los momentos en que más se necesita la intervención del Legislativo.
De 35 a 50 años de cárcel para feminicidas propone Octavio Ocampo
Incrementar las penas para quienes comentan el delito de feminicidio, propuso el diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
Al hacer uso de la palabra en la Sesión Virtual, dio lectura a su iniciativa en la que plantea aumentar la pena privativa de la libertad, para quienes cometan este delito de 35 a 50 años, la cual actualmente se sanciona con 20 años de prisión.
Esta iniciativa que reforma al artículo 120 del Código Penal para el Estado, tiene como finalidad establecer una pena mayor para quienes cometan el delito de feminicidio, sostuvo Octavio Ocampo.
“Es necesario establecer mayores penas en nuestra legislación para que se castigue a quienes vulneren y lastimen a una mujer, así como sancionar la tentativa de feminicidio y la violencia familiar, desde todas las trincheras se debe luchar por un entorno libre de violencia para todas”.
Octavio Ocampo llamó a sancionar con todo el peso de la Ley a quienes agredan a una mujer, así como también la omisión de las autoridades en las investigaciones y en los casos cuando se revictimice a las mujeres.
“Hoy tenemos que constituir un compromiso ineludible para establecer las políticas públicas de protección y de desarrollo de las mujeres de nuestro Estado de Michoacán, es necesario que los ordenamientos legales se actualicen, las medidas sancionadoras se endurezcan y se adecuen a las circunstancias que nuestros tiempos nos mandatan”.
En ese sentido, dijo que no se debe permitir que los feminicidas tengan las condiciones para volver a la sociedad como si nada hubiera sucedido, el daño no solo a las familias directas de la mujer afectada es irremediable, lo es también para la sociedad en su conjunto, por lo que propone incrementar las penas a feminicidas.
“Por eso propongo que la pena mínima para quienes cometen este delito sea de 35 años, es necesario demostrarle al delincuente y responsable de un delito tan cruel, que la consecuencia de cometer un acto tan atroz, le traerá consecuencias legales y graves”.
Octavio Ocampo expresó “hoy más que nunca debemos de hacer que las cosas sucedan, que las y los actores de toma de decisiones establezcan los mecanismos necesarios para poder ayudar a que las mujeres michoacanas tengan protección, justicia, y sobre todo que se respeten y salvaguarden sus derechos humanos que mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Michoacán, subrayó, no puede permitir que los feminicidas tengan las condiciones para volver a la sociedad como si nada hubiera sucedido, el daño no solo a las familias directas de la mujer afectada es irremediable, lo es también para la sociedad en su conjunto.
“Hechos como los acontecidos con Yunuen, Ingrid o Fátima, sus agresores no pueden ser sujetos a sentencias mínimas de 20 años, eso es inconcebible, eso no puede, ni debe permitirse en Michoacán, ni en ninguna otra parte de la República Mexicana, ni del mundo entero, quien agreda a una mujer, debe ser castigado con más rigor, por eso propongo esta reforma, aunado a realizar un llamado a que en esta Legislatura saquemos todos los temas que están pendientes de dictaminar en favor de ellas y a que desde todas las trincheras trabajemos para generar un entorno de paz y oportunidades para ellas, con justicia e igualdad para todos”.
Proponen castigo a servidores públicos que difundan imágenes de las víctimas
Con el objetivo de proteger a las víctimas, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local, Araceli Saucedo Reyes propuso reformar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas ambas del Estado, para castigar a los servidores públicos que participen en la revictimización, al filtrar información, imágenes o vídeos e incrementar las penas.
Durante su intervención en la Sesión Extraordinaria Virtual, la legisladora expuso que es necesario y apremiante que se analicen y aprueben estas reformas para proteger los derechos de las víctimas y sancionar a quienes revelen, publiquen o difundan cualquier tipo de información relativa a hechos delictivos, en donde se expongan imágenes o videos de la o las personas víctimas del delito.
Ante casos tan graves que ya se han reportado en el país, subrayó que es necesario garantizar en la legislación local la protección de las víctimas y sancionar a todo aquel que las vulnere. “La iniciativa busca proteger la integridad de la víctima, así de sus familiares, evitando un uso distinto de la información, el cual debe ser contenido exclusivo de la carpeta de investigación”.
Es por ello, que plantea sancionar a todo aquel servidor público que difunda, revele, publique, transmita, exponga, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, intercambie o comparta imágenes, por cualquier medio, sin autorización legal en una investigación o proceso penal, sobre documentos, lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, o instrumentos relacionados con un homicidio.
Si el filtrado es de imágenes, audios o videos de cuerpos humanos deformados, mutilados o trasmite las últimas circunstancias de la forma en que se llevó a cabo el acto, Araceli Saucedo propone que se incremente la sanción en una tercera parte; y si se vincula con imágenes de un feminicidio, que implique niñas, niños o adolescentes se aumente en dos terceras partes.
Además, plantea que el particular que reciba información de la señalada en esta fracción y no denuncie al Servidor Público que la filtró, se considerará coparticipe y será sancionado en los mismos términos.
Asimismo, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro propone que el servidor público que incurra en filtrar, revelar o trasmitir audios, videos, fotografías o imágenes a cualquier persona que no tenga derecho a conocer o participar en la investigación administrativa, será responsable de los daños que ello ocasione al Estado o a particulares, con independencia del delito que con ello comete.
Araceli Saucedo expresó que “el feminicidio del caso conocido más reciente “Ingrid Escamilla”, en la Ciudad de México, da origen entre otros motivos a plantear la iniciativa que sostiene que deben ser sancionado aquel servidor público que filtra imágenes de víctimas; caso citado trajo a la luz lo anormal de la violencia que se vive contra las mujeres; puso énfasis añadido en el periodismo amarillista de medios de comunicación que usan el dolor ajeno de los familiares y amigos de la víctima como botín de ventas publicitarias con indiferencia, por ello esta iniciativa se dirige a frenar y sancionar estos actos y sus consecuencias de filtrado de imágenes por quienes tiene acceso a ellas en los canales institucionales de investigación y administración de justicia”.
Refirió que el Poder Legislativo debe actuar y proponer las reformas que den la paz requerida contra esos actos y actores, al proteger a las víctimas y sancionar a quienes las vulneren, ya que las revictimizaciones ponen en riesgo no sólo una investigación, sino principalmente a las mujeres.
Por ello, aclaró que con dicha iniciativa de reformas que propone se propone establecer como delito de filtrado de información o imágenes de una víctima por difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer o distribuir; videos, audios, fotografías, por servidores públicos respecto de datos que obren en una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier etapa, pues ello constituye las grietas en el sistema de procuración y administración de justicia.
Además, la iniciativa busca el respeto que debe salvaguardarse a toda persona humana fallecida, tutelando su dignidad de que las condiciones de su muerte no las filtren los servidores públicos; haciéndose por tanto congruente el planteamiento de esta propuesta con los artículos 1° y 16 Constitucionales que imponen al Estado la obligación de garantizar el respeto al derecho a la privacidad de la persona y sus datos personales.
Con esta propuesta se armoniza con la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, que mandata la obligación de la confidencialidad del uso de la información personal de la víctima y también se armonizará con la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, que define que por violencia contra la mujer como es cualquier acción u omisión que, en razón del género le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades.
Reconocen voluntad de diputados para fortalecer figura del exhorto legislativo
El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció y agradeció la voluntad de los diputados integrantes de las comisiones unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, así como Jurisdiccional, para aprobar su propuesta por el que los exhortos legislativos adquieren un sentido jurídico.
Desde noviembre del 2018, Ernesto Núñez Aguilar promovió dicha propuesta de reforma con la intención de que el Legislativo local obtuviera un verdadero resultado en los pronunciamientos dirigidos a instancias municipales, estatales y órganos autónomos para la correcta fiscalización de sus acciones, o de lo contrario se fincaran las responsabilidades correspondientes.
“Más que realizar un pronunciamiento por parte de las y los diputados de esta y cualquier otra legislatura, sin un seguimiento o resultado preciso, está el hecho de que la autoridad tiene el deber y obligación de responder o manifestarse al respecto; no minimizar ni hacer caso omiso a los comentarios vertidos en la máxima tribuna del Estado”, subrayó Núñez Aguilar.
Dictamen por el cual se plantearon modificaciones a las leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y la de Responsabilidades Administrativas del Poder Legislativo.
Mismo que establece que dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios, tendrán un término de 30 días hábiles para responder sobre la viabilidad de llevar a cabo, o no los exhortos que deriven de un punto de acuerdo, o de lo contrario se fincarían sanciones no graves a funcionarios responsables de áreas.
Lo anterior, toda vez que Ernesto Núñez recordó que el Congreso es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y que, además de crear leyes, también tiene como mandato controlar y fiscalizar la acción del gobierno o ente público.
En sesiones virtuales deben abordar temas de relevancia
Una vez que el Congreso de Michoacán decidió hacer uso de nuevas tecnologías para que sus integrantes den cumplimiento a sus respectivas obligaciones y responsabilidades, el diputado Fermín Bernabé Bahena pidió que, lejos de ser utilizadas para desahogar temas de “mero trámite”, las sesiones virtuales sirvan para atender las causas que motivaron su surgimiento, es decir, las problemáticas sociales que el COVID-19 ha venido dejando a su paso en la entidad.
Aun cuando se dijo consciente de que esta primera sesión virtual sirvió para familiarizar a las y los diputados del Congreso local con esta nueva práctica, hizo un respetuoso e institucional llamado a que sus compañeras y compañeros aprovechen esta novedosa reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para responder a sus representadas y representados con políticas de carácter social acordes a la situación que hoy aqueja al estado.
“Si bien estoy de acuerdo en que este Poder Legislativo se sume a la tarea de diseñar plataformas digitales para hacer frente a la contingencia sanitaria que vivimos, también considero que por congruencia tendríamos que priorizar las necesidades que están padeciendo las y los ciudadanos, sin descuidar aquellos temas que sean similares en cuanto a su impacto social”, subrayó el legislador emanado de Morena.
De la misma forma, pidió que no sean descartadas las sesiones presenciales en las definiciones consensuadas que tome la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, considerando que la actividad legislativa fue considerada esencial por parte del Consejo de Salubridad General, en la medida 1, inciso B, del Plan de Seguridad Sanitaria.
No obstante, Bernabé celebró que el Congreso de Michoacán agote posibilidades para resarcir el rezago en que hoy se encuentra el Poder Legislativo, a consecuencia de la contingencia sanitaria que se desprendió del COVID-19.
Proponen rediseñar la presentación del Informe del Ejecutivo
Al considerar la existencia de un control parlamentario y político por parte del Poder Ejecutivo de Michoacán sobre el Congreso Local, los integrantes del Grupo Parlamentario de partido Movimiento de Regeneración Nacional (GPMORENA), promovieron una iniciativa con proyecto de decreto, con la que se busca que el Legislativo sea un verdadero contrapeso para el gobierno de la entidad, en torno al Informe de Gobierno presentado año con año.
A nombre de la bancada de Morena en la LXXIV Legislatura, el diputado, Alfredo Ramírez Bedolla, recordó en la exposición de motivos, que la transparencia es parte medular en la reconstrucción del Estado para asegurar el ejercicio democrático y la rendición de cuentas, marco en el que entra el Informe de Gobierno que el titular del Ejecutivo debe rendir cada año, y que a través del Parlamento será cuestionado y evaluado el estado que guarda la Administración Pública.
El hecho de que se den ciertos aspectos como la obligación anual de la presencia del gobernador, la costumbre saludable de exponer el contenido, la presencia de los medios de comunicación, así como el examen posterior del informe, hace que sea considerado como un acto de control parlamentario, entendido éste como un control político.
El gobernador presenta en su Informe datos parciales al ofrecer una imagen positiva de los avances de su administración, y no permite una plena evaluación de sus planes y programas. Mientras que la glosa ha terminado por ser un elemento de refutación partidista, en lugar de una herramienta de evaluación por parte de las Comisiones del Congreso Local.
Por lo anterior, el GPMORENA ve una urgencia por rediseñar la presentación del Informe de Gobierno, con el objetivo de actualizar la dinámica política y la exigencia social de resultados.
“Es necesario establecer explícitamente el período de tiempo que abarcará el informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado; y a su vez, dentro del mismo, se señale con precisión, el ejercicio del presupuesto, su vinculación con las acciones y resultados de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, así como cada uno de los Programas Sectoriales”, manifestó Ramírez Bedolla.
Asimismo, los integrantes de la bancada de Morena buscan a través de la iniciativa, la incorporación sectorizada de los logros alcanzados por el Poder Ejecutivo y asegurar una rendición de cuentas, que permita un análisis político, jurídico, económico y social. Del mismo modo consideraron ineludible reducir el periodo de tiempo de elaboración, aprobación y publicación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de 1 año a 5 meses.
Por último, se instaura que el Congreso del Estado, deberá citar en los días posteriores a la fecha en que se rinda el informe que guarda la administración pública, a los secretarios de despacho y a los titulares de las entidades de la administración pública de cualquier naturaleza con motivo de la glosa, esto con el propósito de informar sobre sus respectivos ramos, compareciendo frente a las comisiones legislativas que por razón de su competencia les corresponda.
La iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena, pretende la modificación del artículo 60 de la Constitución Política de Michoacán, los artículos 16, 30 y 31 de la Ley de Planeación, y el 281 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Innovación en tecnologías permite a Congreso desahogar rezago legislativo
El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada celebró que el Congreso de Michoacán haya reformado su Ley Orgánica, con la finalidad de dar trámite al desahogo de las sesiones plenarias vía virtual, pues consideró que, de dicha forma, además de innovar en el funcionamiento del Poder Legislativo, se establecen condiciones para desahogar los pendientes que se desencadenaron previo y durante la presente contingencia.
El legislador resaltó que la LXXIV Legislatura se mantenga a la vanguardia entre los Congresos locales que, derivado de la contingencia por el COVID-19, decidieron impulsar mecanismos digitales para seguir respondiendo por el desarrollo, intereses y bienestar de sus representados.
“Quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeras y compañeros diputados por transitar en esta era tecnológica para el quehacer de este Poder Legislativo, a través de un recinto virtual que nos permitirá cumplir con nuestras respectivas responsabilidades», enfatizó en calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán.
Toño Madriz reconoció que la primera sesión virtual celebrada por el Congreso sirvió como prueba piloto para armonizar esta nueva práctica entre quienes forman parte de la LXXIV Legislatura; sin embargo, reconoció la importancia de que dicha plataforma digital sea recibida con la seriedad que se debe, así como utilizada para promover acciones que impacten de manera benéfica en el entorno social de Michoacán.
“Hoy el Congreso de Michoacán hace historia al promover esquemas digitales para el desahogo del trabajo que aquí realizamos, y lo celebro porque la situación social que hoy nos queja, a consecuencia de la propagación del Coronavirus en la entidad, así lo amerita”, concluyó.
