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viernes, diciembre 26, 2025

De manera virtual, reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, con autoridades del INFONAVIT

congreso cuenta 0505Dará IEM certeza a elección de autoridades auxiliares

 

La diputada Sandra Luz Valencia, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado de Michoacán, así como el diputado Humberto González Villagómez, sostuvieron una reunión virtual con el gobierno del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), en donde además participó el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, destacó que este tipo de reuniones se lleven a cabo, pues dijo que los funcionarios tienen la obligación de dar a conocer lo que están haciendo y cómo están trabajando con la finalidad de apoyar a la ciudadanía.

La diputada Sandra Luz, refirió que en Michoacán aún falta mucho por hacer en materia de vivienda, sin embargo aseguró que la apertura de los funcionarios para trabajar en conjunto con las autoridades locales y los diputados locales y federales, ha sido buena y eso tuvo un buen puerto la situación actual que enfrenta México y Michoacán.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, Humberto González Villagómez, diversos cuestionamientos a los funcionarios del INFONAVIT con la implementación de llevar a cabo la información necesaria para la gente de su distrito y con ello logra una mejor calidad de vida para las y los michoacanos.

De igual forma, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quien pese a no ser integrante de dicha comisión, participó en la reunión con la propuesta de escuchar la voz de las autoridades la situación actual del INFONAVIT en Michoacán y buscar la forma en cómo trabajar de la mano y coadyuvar como Poder Legislativo en pro de la gente de Michoacán.

En dicha reunión recientemente, además de los diputados locales de Michoacán, el Secretario General Federal del INFONAVIT, Rogelio Castro; el delegado nacional del INFONAVIT en Michoacán, Sergio Adem, así como diputados y diputadas federales.

Dará IEM certeza a elección de autoridades auxiliares

Con la reforma electoral recientemente aprobada por el Congreso del Estado, la designación de autoridades auxiliares por parte de los ayuntamientos gozará del alcalde certeza y legalidad, sostuvo el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien enfatizó que aa a partir de la actualización del marco normativo electoral del estado, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tendrá atribuciones directas para colaborar en la capacitación y apoyo de material para el desahogo de dichos procesos de elección.

En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Bernabé Bahena definió que en la definición de autoridades auxiliares, como son los jefes de tenencia en los distintos municipios que se encuentran en Michoacán, será el IEM la institución encargada de modelar el ejercicio democrático en su elección, con lo que, remarcó, obtuvieron resultados apegados a los intereses de las y los ciudadanos.

“Resulta importante que la designación de las autoridades auxiliares vaya a estar acompañada del respaldo de los órganos electorales, pues solo así garantizamos procesos democráticos más fortalecidos”, apuntó.

En ese mismo sentido, subrayó los gobiernos municipales recibirán capacitaciones por parte del IEM, con la intención de que existan procesos más transparentes y apegados a la legalidad al momento de definir a sus respectivas autoridades auxiliares.

Bernabé Bahena se dijo conforme con dicha adecuación al Código Electoral de Michoacán, tras resaltar la importancia de fortalecer la transparencia en la definición de las autoridades auxiliares, de las cuales se desprecia el vínculo principal entre los ayuntamientos y la ciudadanía.

Con iniciativa, buscan frenar abusos en incumplimiento de contratos

Con la intención de regular y evitar abusos cuando por causas imprevisibles como una pandemia o desastre natural se incumpla algún contrato en materia civil, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, propondrá una serie de modificaciones al Código Civil del Estado de Michoacán.

Dada la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, miles de ciudadanos se quedaron sin empleo provocando graves afectaciones económicas, mismas que han llevado a que quienes sostenían algún contrato de arrendamiento, por mencionar algún ejemplo, no puedan cumplir los pagos convenidos o establecidos en un acuerdo formal.

Por ello en la iniciativa con proyecto de decreto sobre la imprevisión de contratos, Ernesto Núñez plantea que en acontecimientos extraordinarios, los cuales deriven en cobros excesivos para una de las partes, y a su vez favorezcan a la otra, el contrato deberá ser modificado conforme a la buena fe y reciprocidad, y en último caso se podrán extinguir sus efectos.

Actualmente el marco normativo en la entidad no es proclive para que dada alguna situación extraordinaria se puedan realizar modificaciones sobre las obligaciones adquiridas mediante algún contrato civil, situación que puede llegar a perjudicar los intereses de cada una de las partes.

“Desde el Legislativo tenemos que buscar la manera de apoyar a las y los michoacanos en medio de esta pandemia, iniciativas similares se han presentado en otros estados como Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato y Aguascalientes, por mencionar algunas, por ello la necesidad de actualizar el marco legal en nuestro estado”, subrayó Núñez Aguilar.

La enmienda en mención considera que deberá tramitarse un juicio sumario para reconvenir de manera equitativa los intereses de las partes, no sin antes haberse agotado la mediación y conciliación de los involucrados para llevar a cabo este procedimiento.

Establece como acontecimientos extraordinarios, aquellas situaciones imprevisibles por hechos o circunstancias naturales: fenómenos meteorológicos, desastres, epidemias o pandemias; o generados por el hombre: estado de guerra o desaparición de poderes. Es decir, cuestiones que alteren la situación económica y social del país.

“Tenemos que buscar mecanismos legales para proteger la economía de nuestros michoacanos dada esta emergencia, ponernos al nivel para que haya plazos y prórrogas de pago, y se deje de lucrar con la estabilidad de la población que mueve la economía el estado”, concluyó el diputado local.

Analizan diputados Informe del Programa Estatal de Seguridad Pública

En reunión virtual de la Comisión de Seguridad Pública y de Protección Civil, los diputados Humberto González Villagómez, Hugo Anaya Ávila y Alfredo Ramírez Bedolla, presidente e integrantes respectivamente, analizaron diversos asuntos turnados a esta Comisión para su estudio, análisis y dictamen.

Al respecto, tomaron el acuerdo de exhortar a los ayuntamientos michoacanos, a cumplir con la Constitución de los Consejos Municipales e Intermunicipales, así como a redoblar esfuerzos por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Lo anterior, luego del estudio y análisis realizado en torno al Segundo Informe Trimestral 2019 del Programa Estatal de Seguridad Pública, presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el cual conocieron los avances y el trabajo realizado por las instituciones responsables de ejecutarlo.

Derivado de éste, conocieron sobre las acciones realizadas para fortalecer las capacidades y la eficacia del trabajo de las Instituciones de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como las medidas implementadas para el restablecimiento de la paz y tranquilidad de los michoacanos.

Si bien es cierto que se ha trabajado en esta materia, los retos que plantea nuestra realidad en la entidad, demandan de una participación más activa y comprometida por todos los órdenes de gobierno, reconocieron los legisladores, puesto que aún falta mucho por avanzar y cumplirle a la ciudadanía en temas de prevención del delito, disminución de la incidencia delictiva, el fortalecimiento tanto de las capacidades interinstitucionales de las corporaciones policiales y el fortalecimiento del sistema penitenciario, garantizando el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Así, los diputados tomaron el acuerdo de elaborar un exhorto para que todos los ayuntamientos, se sumen realmente y cumplan con la Constitución de los Consejos Municipales e intermunicipales, además de solicitar al Consejo Estatal de Seguridad Pública a que redoblen esfuerzos que permitan contener la violencia y los delitos que siguen cometiéndose en contra de la población michoacana.

Proponen que delito de rapiña se persiga por querella y se castigue de 4 a 16 años de cárcel

Con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas y al propio Estado, persuadiendo y sancionando el robo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentará una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para establecer que el delito de rapiña se persiga por querella y se sancione de 4 a 16 años de prisión en Michoacán.

Este miércoles en la sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, presentará la iniciativa, con la que se busca sancionar dicho delito, ya que, ante situaciones de vulnerabilidad social, hay quienes de forma dolosa se aprovechen del estado de confusión generalizada para realizar actos de rapiña a establecimientos comerciales de particulares o dependencias públicas.

La rapiña se considera como el acto de apoderarse de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella, perpetrado por una o varias personas, con violencia o sin ella, aprovechando el estado de caos y confusión generalizada, derivado de un hecho de la naturaleza que provoca vulnerabilidad social.

Tony Martínez establece en la iniciativa que se considere que la rapiña como un tipo penal, y delito que debe tener tratamiento distinto al de un robo calificado grave. “Se propone que el delito de rapiña se persiga por querella y al responsable se le imponga de 4 a 16 años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días”.

En cuanto a la consumación, el legislador perredista plantea que contrario al delito de robo, la aplicación de la sanción, se dará por consumado el delito de rapiña en el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa mueble, en caso de que la cosa se encuentre al interior de un inmueble, al momento de sustraerla del mismo, en ambos casos, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella.

“Asimismo, se propone una sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa (en la lógica de la penalidad estipulada en la fracción I del multicitado artículo 200); a quien convoque, organice, promueva o difunda, por cualquier medio, la ejecución de rapiña”.

Cabe destacar que por lo regular quienes cometen actos de rapiña, no sustraen productos relacionados con alimentación, tratamientos médicos o básicos para la subsistencia, caso contrario, se enfocan en artículos de valor como son joyas, relojes, aparatos electrodomésticos y de telecomunicación, entre otros, por lo que en la tipificación no se encuadra el estado de necesidad.

Ante tal grave supuesto, Tony Martínez refiere que se debe proteger el patrimonio de las personas y del propio Estado; al no permitir desde la legislación que, aunado a la difícil crisis de salud, económica y social que atraviesa nuestra entidad, se toleren actos de rapiña que atentan contra el círculo comercial local, desplegados por sujetos que dañan severamente el tejido social incitando a estas actividades antisociales a través de medios electrónicos de comunicación digitales u otros.

Por ello, también propone que se derogar la fracción III del artículo 204 del Código Penal del Estado, así como adicionar el artículo 204 bis a nuestra legislación penal, tipificando en la especificidad el delito de rapiña, para garantizar que quien lo cometa asuma las consecuencias jurídicas y se haga responsable de la reparación de los daños ocasionados.

Proponen tipificar delito de pederastia en Michoacán y prisión de 10 a 30 años

Con el objetivo de combatir y erradicar el delito de pederastia, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, propone incorporar el delito de pederastia en el Código Penal de Michoacán y que se castigue de 10 a 30 años de prisión a quienes abusen de los menores, además de plantear que la acción penal no prescriba, a fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, resaltó la importancia de que esta iniciativa que presentará mañana pueda prosperar a la brevedad, con la que además se homologa la legislación estatal en materia de pederastia con la federal, al incorporar los parámetros para establecer referido delito en el Código Penal del Estado.

En ese sentido, el legislador resaltó que esta iniciativa de reforma está encaminada a proteger el libre desarrollo de los menores, así como para prevenir, sancionar y erradicar el delito de pederastia en nuestro estado.

Ángel Custodio Virrueta señaló que incluso la Iglesia Católica en la entidad, se pronunció por actuar contra todo aquel que atente contra los menores y por la justicia para las víctimas y sus familias, por lo que desde todas las trincheras se debe sumar y garantizar una legislación fortalecida, para cerrarle paso a la impunidad.

“Es contar con un marco normativo eficaz para prevenir, sancionar y erradicar el delito de pederastia en nuestra entidad, estableciendo la pena impuesta para dicho delito, así como los casos considerados como agravantes de este, la forma en que serán sancionados los encubridores, así como la asistencia médica y psicológica para las víctimas, que es lo que propondremos mañana en la sesión”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local, resaltó la importancia de tipificar este delito, ya que en Michoacán en nuestro Código Penal vigente no contempla el tipo penal de pederastia, contemplando en otros tipos penales las conductas sexuales de los menores como abuso sexual con pena de dos a cinco años, hostigamiento y acoso sexual de uno a cuatro años y estupro de seis meses a cuatro años.

Explicó que su propuesta es incorporar el tipo penal de Pederastia en el Código Penal del Estado, toda vez que nuestro código es totalmente omiso, para lo cual propone sancionar con pena de 10 a 30 años de prisión y de 650 a 3 mil 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Aclaró que la sanción al delito de pederastia, no puede ser menor al contemplado en nuestro Código Penal Estatal para el delito de violación. En esta reforma se contempla que todo aquel que se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica, o de cualquier índole y ejecute, obligue induzca o convenza a ejercer cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento será castigado y la misma pena se aplicara cuando la conducta descrita sea en perjuicio de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado o resistirlo.

Además se establece la obligación del agente activo o en su defecto del Estado para garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad requerida, para la víctima y especifican las agravantes respectivas, para el caso de que dicho delito sea cometido con violencia física o psicológica, o para el caso de que el agente activo sea funcionario público. Y en su caso, la pérdida de la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Se contempla que cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena correspondiente será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por el término establecido.

También se propone establecer la sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta al autor del delito, para una persona que, siendo servidor público, encubra al responsable del delito de pederastia.

Otro aspecto relevante de la propuesta de Ángel Custodio Virrueta es establecer que las sanciones del delito de pederastia sean imprescriptibles, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, teniendo en cuenta que la prescripción de la acción penal consiste en la extinción de la posibilidad de perseguir al autor del delito y la de terminar su culpabilidad por el hecho cometido, extinguiéndose la posibilidad de que este sea sometido a juicio y cumpla con su pena.

Necesario, convenio de gobierno estatal con Infonavit para agilizar trámites

En reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla subrayó la necesidad de que Gobierno del Estado e Infonavit firmen un convenio de colaboración que simplifique y agilice trámites para dar certeza legal al patrimonio de los trabajadores, por lo que propuso llevar esta propuesta al pleno del Congreso del Estado para que se exhorte al Ejecutivo al trabajo coordinado.

En la reunión encabezada por la diputada Sandra Luz Valencia, presidenta de dicha comisión, participaron Rogerio Castro Vázquez, secretario general y jurídico del Infonavit en México, y Sergio Adem Argueta, delegado regional del mismo instituto, quienes expusieron los programas en beneficio de los trabajadores y las acciones extraordinarias que se han implementado para apoyarlos durante la emergencia sanitaria.

Durante la reunión trascendió que el Infonavit ha suscrito convenios con registros públicos de la propiedad en otras entidades federativas para simplificar y agilizar trámites, más no en Michoacán, a pesar de que el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, ya tiene en su poder propuestas específicas.

Alfredo Ramírez propuso a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda que se promueva un exhorto del Congreso del Estado al Ejecutivo estatal para que sea firmado un convenio entre el Infonavit y el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de Michoacán, con el propósito de facilitar la tramitología que tienen que realizar los trabajadores para tener certeza legal sobre su vivienda.

En otras entidades, los convenios de colaboración suscritos por el Infonavit con registros públicos han permitido el intercambio de bases de datos y sistemas informáticos para que el derechohabiente pueda liberar en una ventanilla única trámites como regularización de escrituras, cancelación de hipotecas, e inscripción de propiedades, entre otras.

Los diputados de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Sandra Luz Valencia ofrecieron reforzar las gestiones del Infonavit para que se concrete un convenio con el Registro Público de la Propiedad en el estado, ya que los principales beneficiarios serían los trabajadores que ahorrarían tiempo y dinero en la realización de trámites realizados con su vivienda.

En la reunión virtual también participaron los diputados locales Humberto González y Cristina Portillo Ayala, así como los legisladores federales Yolanda Guerrero Barrera, y Carlos Torres Piña, presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara Baja.

 

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