Con el objetivo de que las conductas ilícitas denunciadas en el desarrollo de los comicios, sean investigadas a fondo y no queden en la impunidad
La cúpula perredista demandó reformas al Código de Procedimientos Penales para incluir el delito de “terrorismo electoral”, para que las conductas ilícitas denunciadas en el desarrollo de los comicios, sean investigadas a fondo y no queden en la impunidad y con ello se evite que grupos fácticos lleguen al poder.
Consejeros, secretarios y militantes distinguidos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestaron su apoyo total al jefe del Ejecutivo en el Estado, quien emprendió una ruta jurídica para anular los resultados de las elecciones, tras acusar a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de estar vinculado con la delincuencia organizada, para conquistar el triunfo en las urnas.
Al respecto, una treintena de destacados militantes del aurinegro, alzaron la voz para impedir la supuesta llegada de un gobierno impuesto por la delincuencia organizada a través del instituto guinda.
Exigieron una reforma para que la Subprocuraduría o Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), cuente con competencia para investigar los resultados de la fiscalización de los candidatos.
Adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir la protección de víctimas testigos y denunciantes de corrupción y delincuencia organizada.
Adecuación al Código de Procedimientos Penales para que las conductas ilícitas denunciadas en los procesos electorales no queden impunes. Para ello manifestaron que deberán ser homologados los plazos del procedimiento penal o garantizar que al momento de investigar y resolver no exista la protección del fuero.
Así como la incorporación de tipo penal de “terrorismo electoral” cuando el sujeto activo realice determinadas conductas.
Además de que los procesos penales que se siguen en contra de los miembros que pertenecen al crimen organizado, los indicios de prueba consistentes en audios, videos, fotografías y mensajes tengan un valor probatorio mayor al que se otorga actualmente.
Demandaron reformas a la ley en materia de delitos electorales para blindar y garantizar los derechos de la sociedad y de los candidatos, para evitar la coacción al voto mediante la violencia y la intimidación, que sea acorde con la ley federal de delincuencia organizada.
Así, como para que el Ministerio Público reciba y sustancie denuncias por noticia criminal, que tenga el conocimiento por cualquier medio de comunicación, televisión, radio, páginas de internet y notas periodísticas de manera tradicional, electrónicas o redes sociales.
