Se ubican en distintas regiones de la entidad, tales como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tarímbaro, Hidalgo y Morelia
La tarde noche de este martes, el Congreso del Estado realizará una sesión extraordinaria para desincorporar un total de ocho predios propiedad de los michoacanos, para entregárselos a paracaidistas de Antorcha Campesina.
Fue en sesión de pleno de la pasada legislatura que se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto para autorizar la desincorporación y posterior enajenación de diversos inmuebles propiedad del patrimonio del Estado.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda presentaron el dictamen para desincorporar los 8 bienes inmuebles, los cuales se ubican en distintas regiones de la entidad, tales como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tarímbaro, Hidalgo y Morelia.
El primero de ellos es el predio rústico denominado “El Veladero”, ubicado junto a la colonia Aníbal Ponce de la tenencia Guacamayas, Municipio de Lázaro Cárdenas; así como el predio rústico denominado “Laguna Grande”, ubicado en Compresiones del Municipio de Uruapan; Predios Urbanos identificados como Polígonos 1 y 2 ubicados en el municipio de Tarímbaro; Predio Rústico denominado “El Capulín” ubicado en el Municipio de Hidalgo.
Además de la Parcela 113 Z-1 P1/1 del Ejido de La Aldea; Predio denominado como la Parcela número 135 Z-1 P1/1, ubicado en el Ejido la Aldea; Fracción de la Parcela 134 Z-1 P1/1 del Ejido La Aldea, todos ellos ubicados en el municipio de Morelia; y, Predio Rustico identificado como parcela número 232 Z-1 P1/1, ubicada en el Ejido de Guacamayas, en el Municipio de Lázaro Cárdenas.
El dictamen señala que durante los años 2005 al 2009, los predios referidos fueron ocupados por los ahora posesionarios, ello como consecuencia de la celebración de diversos contratos suscritos con los entonces Directores del Instituto de Vivienda del Estado.
Sin embargo, carecieron de idoneidad y del cumplimiento de los diversos requisitos legales para considerarles como válidos y por ende susceptibles de anulación.
Empero, por gestiones propias de los usuarios, con los diferentes niveles e instancias de gobierno, los posesionarios han logrado que la totalidad de estos predios cuenten con servicios públicos básicos, como lo son agua potable, drenaje, electricidad e incluso algunos cuentan con pavimentación total o parcial.
