Para los legisladores, aplicaba un criterio retroactivo, en detrimento y perjuicio de servidores públicos electos y en funciones desde el año 2018
El pleno del parlamento michoacano dio revés a la propuesta del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), de imponer fianzas a los servidores públicos, en aras de proteger las arcas públicas de un posible desfalco por parte de los funcionarios en turno.
Fue durante la sesión de este viernes que, con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención, por parte de la legisladora priísta, Adriana Hernández Íñiguez, se aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales para echar abajo la citada propuesta, la cual adiciona diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Michoacán.
El dictamen refiere que la propuesta surge ante la necesidad imperante del reclamo de una amplia mayoría de presidentes municipales, síndicos, tesoreros y varios funcionarios de gobierno, toda vez, que “sorpresivamente”, el pasado 13 de mayo del presente año, se publicó en el periódico oficial los “Lineamientos para la tramitación, contratación, recepción, registro, operación, aplicación y determinación de montos de las fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales de Michoacán”, emitidos por el auditor estatal.
En el cual se establece una tabla con los montos de las fianzas que se aplicarán por concepto de garantía a cargo de los servidores públicos, como lo son: presidentes municipales, síndicos, tesoreros, directores de obras públicas y directores de los organismos operados de agua potable de los 112 municipios.
Indica que el anexo maneja montos genéricos de conformidad con el cálculo del 5 por ciento sobre el total del presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente a cada municipio sin mediar un análisis específico de la realidad de los sujetos obligados.
Ejemplifica con el municipio de Nahuatzen, que es considerado por el CONEVAL como el más pobre de la entidad y ante esta situación, desde la publicación de los lineamientos emitidos por la ASM, el alcalde deberá otorgar una fianza de 831 mil 154 pesos, mientras que el síndico y director de obras públicas 623 mil 635 y al tesorero un millón 752 mil pesos.
Es decir, que cualquiera que acceda como servidor público deberá contar con los recursos necesarios para poder afianzar el manejo de recursos públicos, poniendo en garantía su patrimonio personal o familiar.
Considera que se está aplicando un criterio retroactivo, en detrimento y perjuicio de los servidores públicos electos y en funciones desde el año 2018, quienes no estaban obligados a cumplir los lineamientos anteriores.
Por lo anterior, considera que el sentido de la fianza, no puede ser una condicionante que implique una medida correctiva, por si alguien llegase a corromperse o por si se suscita un desfalco al erario.
