Es un tema que a todos y todas nos preocupa y nos ocupa, coincidieron
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, reiteró que la 75 Legislatura está en total disposición de escuchar todas las voces y legislar de la mano de la ciudadanía, instituciones y sectores; al recibir en Palacio Legislativo a un grupo de directores y directoras de Escuelas de Tiempo Completo de Michoacán.
Afirmó que el tema educativo es prioritario para el Congreso del Estado, ”es un tema que a todos y todas nos preocupa y nos ocupa, porque afecta a lo más valioso que tenemos en el mundo: nuestros niños y niñas”.
Hernández Íñiguez resaltó que en días pasados se realizó un exhorto para que no desapareciera el mencionado Programa, presentando por la Diputada Daniela de los Santos Torres, mismo que se aprobó en el pleno del Legislativo.
Y recordó que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública confirmó que las Escuelas de Tiempo Completo desaparecerán, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometió públicamente a continuar con el programa en Michoacán.
La Presidenta del Congreso, reiteró que la prioridad es el bienestar y educación de las niñas y niños michoacanos, por lo que aseguró que el Legislativo, a través de la Comisión de Educación, acompañará a los directivos a dar seguimiento a las reglas de operación de este Programa.
Por su parte, la Diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Ana Belinda Hurtado Marín, señaló: “estamos haciendo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y dentro de nuestras competencias para atender el tema; un ejemplo es que aprobamos la ampliación del presupuesto para este año en materia educativa enviado por el Ejecutivo”.
También estuvieron presentes en la reunión los diputados Fidel Calderón Torreblanca, J. Reyes Galindo Pedraza y Fanny Lyssette Arreola Pichardo.
Cabe resaltar que son casi cuatro millones de niñas y niños los que se benefician con el mencionado programa en todo México, y en Michoacán son 866 las Escuelas de Tiempo Completo.
Propone Reyes Galindo que sea tipificado como delito quitarse el preservativo sin el consentimiento de la pareja
Que aquellas personas que sin el consentimiento de su pareja no utilicen o dejen de utilizar un método preservativo durante el acto sexual, coito o relación sexual, que pueda tener como consecuencias embarazo no deseado o enfermedad de transmisión sexual, sean castigadas ante la ley, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza.
A través de una iniciativa que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado el diputado por el Distrito 22 de Múgica, planteó la necesidad de que en las acciones para eliminar la violencia hacia la mujer, se adicione un artículo denominado Agresión Sexual dentro del Código Penal de Michoacán.
“La verdadera forma de garantizar la sexualidad de una mujer implica que la practique en la más absoluta libertad y ha quedado demostrado que el límite persiste en su práctica mediante un método que no sólo impide un eventual embarazo, sino la absoluta preservación de su salud al evitar el contagio por esa vía de toda enfermedad, sin importar si la persona que lo transgrede es un amigo/a o alguien con quien mantiene una relación amorosa, el fin sigue siendo incorrecto”, expuso el legislador del Partido del Trabajo.
En ese contexto el líder de la bancada petista señaló que la práctica de no utilizar o retirar un método anticonceptivo durante el acto sexual, se conoce de manera común como “stealthing” y es vista como un ataque a la libertad sexual de la víctima, en el que falta el consentimiento desde el momento en que la persona prescinde del preservativo, como condición previamente acordada, en todo o en parte del acto sexual, es decir que esta mantiene una relación no consentida que atenta contra la libertad sexual que merece sanción penal, porque además de dañar la integridad de la víctima podría provocar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que ponen en peligro su salud.
“A lo largo de la historia han existido graves y grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, porque de manera absurda se ha hecho una distinción entre géneros; poco a poco se ha ido tratando de rectificar la ruta social, política y legislativa para salvaguardar lo que por derecho les corresponde y en esa ruta el Partido del Trabajo está comprometido”, apuntó Reyes Galindo.
Por último hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso michoacano para sumarse a esta iniciativa que busca tipificar el stealthing como delito, ya que en nuestro país no está señalado como tal y siendo una práctica común que transgrede los derechos de las personas a la hora de ejercer su libertad sexual.
Banco de Datos Genéticos dará respuestas a familias de desaparecidos: Margarita López
Un banco de datos genéticos dará respuestas a familias de desaparecidos que llevan años buscando a sus seres queridos, aseguró la diputada Margarita López Pérez, al proponer ante el Congreso del Estado una ley que establezca este mecanismo institucional.
Argumentó que las cifras del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados, señalan que en el periodo del 1 de enero al 31 de Junio de 2021, se mantiene la búsqueda de 89,488 personas desaparecidas, en cuya estadística, Michoacán concentra el mayor número de reportes, destacando los municipios de Morelia, Apatzingán, Cd. Hidalgo, Uruapan, Jacona, Álvaro Obregón, Yurécuaro, Lázaro Cárdenas, Ixtlán, Chavinda y Coahuayana.
Continuó que del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021, se hicieron 56 jornadas de búsqueda en la entidad, cifra que aún no se encuentra actualizada, y «es evidente que son superiores por mucho, al no estar claro cuántas fosas clandestinas se han encontrado por diversos colectivos, organizaciones y fundaciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, ya que no cuentan con la infraestructura para llevar un registro y en otros supuestos no los reportan por miedo o amenazas».
Informó, que solo el 27.17% de los cuerpos exhumados fueron entregados, advirtiendo una deficiencia y una grave crisis forense, ya que, al no contar con un Banco de Datos que recabe, procese, identifique y entregue los cadáveres, restos óseos, óbitos y fetos, afecta al derecho de los familiares de personas desaparecidas y no localizadas, de saber la verdad histórica de que sucedió con su familiar y darles un poco de tranquilidad y paz.
Denunció que los altos niveles de violencia, la falta de capacitación institucional, la falta de recursos, el diseño inadecuado para el trabajo efectivo de los servicios forenses, el uso deficiente de la genética y las bases de datos, el mal resguardo de los cuerpos, las dificultades para restituir a las personas identificadas a las familias y la poca transparencia, son algunas de las razones que explican la crisis forense que sufre México, entre ellos, Michoacán.
La legisladora puntualizó que es el momento en que se escuchen los gritos de auxilio de todos los michoacanos que han sufrido la desaparición de un familiar y se cree el Banco de Datos Genéticos: «Debemos proporcionarles el aliento, la posibilidad de que el Estado les pueda dar un poco de tranquilidad y paz al decirles que han identificado a su familiar, entregárselos para que puedan vivir su duelo, esclarecer los hechos y castigar a los responsables».
Concluyó la legisladora Margarita López que esta Ley también busca en todo momento, la protección de los derechos humanos en la época actual, que exige además de la salvaguarda de los derechos a la vida, a la dignidad, a la igualdad y a la libertad, en el sentido tradicional, el reconocimiento de las nuevas posibilidades de vulneración, en el caso específico la genética, así como la protección contra los posibles excesos de la investigación y la divulgación no autorizada de información y del ocultamiento de resultados sobre pruebas genéticas.
Los nombramientos en el Congreso del Estado, por paridad de género
Con la finalidad de garantizar la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, y además para ocupar cargos públicos al servicio del Poder Legislativo del Estado, las y los diputados de la Septuagésima Quinta Legislatura aprobaron reformas al artículo 47 la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
A propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, el Pleno votó a favor de las reformas a fin de que la Junta de Coordinación Política al momento de proponer las ternas para la designación de las personas que ocuparán el cargo de titular de algunos de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, atienda el Principio Constitucional de Paridad de Género.
De esta manera, en el dictamen de la iniciativa presentada por la Diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, se estableció que con las reformas se tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos y géneros, con el objeto de que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad, y que además se logre la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública.
Durante la sesión, quedó de manifiesto que con las reformas se garantiza la participación de las mujeres, en los espacios públicos y privados; dado que existía la necesidad de que en la elección de los cargos públicos para desempeñar una función administrativa o financiera en el Congreso, se atendiera dicho principio, que permita la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión.
Ahora, la Junta de Coordinación Política tiene la atribución proponer al Pleno las ternas para la designación de las personas titulares de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría de Administración y Finanzas, Contraloría Interna, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría, Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Coordinación de Editorial Biblioteca y Archivo y Dirección del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos; de igual forma, para proponer la remoción y sustitución de los funcionarios atendiendo el principio de paridad de género.
Proponen diputadas y diputados regular la objeción de conciencia en hospitales públicos y privados
Con el objeto de regular la objeción de conciencia en los abortos legales en el Estado, que no es más que, el derecho del personal médico y de enfermería para negarse a practicar el aborto en los casos permitidos por la ley.
El diputado Juan Carlos Barragán Vélez y las diputadas Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro Hernández, presentaron la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona la ley de salud del estado, con el propósito de respetar los derechos de las mujeres y personas gestantes, así como del personal de salud.
“Tenemos la obligación de crear leyes que aseguren que el derecho de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud no impida que las mujeres obtengan acceso a abortos seguros para sus cuerpos, contrario a ello, con este proyecto de ley se garantizaría que las instituciones de salud contraten personal no objetor de conciencia”, afirmó.
La propuesta fue suscrita por el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz y las diputadas Ana Belinda Hurtado Marín, Gabriela Cázares Blanco y Mayela del Carmen Salas Sáenz.
La propuesta de reforma contempla:
– La reforma garantiza el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería ya contratado en las instituciones de salud en el estado;
– Obliga a que las instituciones de salud en el Estado cuenten en todo momento con personal médico y de enfermería no objetor de conciencia que garantice un aborto seguro en los supuestos permitidos por las leyes en la materia;
– Establece que la persona o autoridad a quien le corresponde decidir sobre la procedencia de la interrupción del aborto debe hacerlo dentro de un plazo máximo de tres días, salvo en casos de urgencias médicas en donde se debe proceder de manera inmediata;
– Operaria la afirmativa ficta en caso de no resolverse la solicitud de interrupción del embarazo dentro del plazo de tres días; y
– Se establece la posibilidad de sanciones administrativas y penales a quien impida el ejercicio del derecho de las mujeres a practicarse abortos seguros.
Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género evaluará informe de Fiscalía
El Pleno del Congreso del Estado votó a favor de reformar el artículo 77 de su Ley Orgánica y de Procedimientos para otorgarle atribución a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, a fin de evaluar y dictaminar en la materia de su competencia, y de manera prioritaria, los delitos en materia de violencia de género, en el Informe Anual que rinda el Fiscal General del Estado.
A partir de su publicación, las comisiones de Justicia así como la de Igualdad Sustantiva y de Género, generarán dictámenes con mayor contenido de análisis que, en principio responda a las demandas de las mujeres, y a la sociedad en su conjunto. Lo cual, contribuye a la transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad, así como el empoderamiento de las mujeres.
Con la reforma al artículo 77 propuesta por el Diputado, David Alejandro Cortes Mendoza, se definió que corresponde a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, dictaminar, en unión con las comisiones legislativas respectivas, sobre la Legislación, así como su reforma, modificación o adición, que se relacione con la problemática de género.
También, evaluar y dictaminar, en la materia de su competencia y de manera prioritaria los delitos en materia de violencia de género, el informe anual que rinda el Fiscal General del Estado. Además, participará en la comparecencia del titular de la misma.
Ante el Pleno Legislativo se recordó que la Fiscalía General del Estado comenzó su actividad como órgano autónomo, el 24 de febrero de 2019, pero que aún existen algunos pendientes como su evaluación en diversas materias, y particularmente de la atención y seguimiento de las carpetas de investigación sobre delitos cometidos en perjuicio de las mujeres, así como de las acciones institucionales emprendidas para garantizar el acceso a la procuración de la justicia a las mujeres.
Aprueba Congreso de Michoacán reforma para brindar financiamiento a comunidades con alto índice de emigración
Con el propósito de fortalecer los esquemas de financiamiento para las comunidades con elevados índices de emigración y marginación, las diputadas y diputados de la 75 Legislatura aprobaron reformas a la Ley de Financiamiento Rural y a la Ley de Desarrollo Rural.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social, tiene como finalidad impulsar programas que permitan la promoción de los derechos humanos de los migrantes, ampliando las oportunidades para que los municipios y comunidades con elevados índices de emigración y de alta y muy alta marginación dispongan de recursos financieros accesibles.
En ese sentido, el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó la reforma a los artículos 10 y la fracción I del artículo 14, de la Ley de Financiamiento Rural, para que la Secretaría de Desarrollo Rural por medio del Sistema Estatal de Financiamiento gestione el establecimiento de oficinas, sucursales y ventanillas bancarias, en municipios y comunidades con elevados niveles de emigración y de alta y muy alta marginación que no cuenten con servicios bancarios y financieros.
Asimismo, deberá incluir a las comunidades con elevados niveles de emigración en el Programa Estatal de Financiamiento Rural, que tiene como propósito definir, concertar, impulsar, coordinar y evaluar las acciones a realizar en materia de financiamiento rural.
De igual forma, se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley de Desarrollo Social para considerar como zonas de atención prioritaria las áreas o regiones que sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre índices de pobreza, emigración, marginación y rezago.
De esta manera, las dependencias en la materia, deberán revisar y actualizar anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados y los estudios de medición de la pobreza que emita el CONEVAL, el Consejo Nacional de Población y los datos estadísticos de emigración que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las recomendaciones del Consejo Consultivo, para ajustar asignaciones correspondientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.
Propone Oscar Escobar sanciones a funcionarios públicos que violen el juramento constitucional
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las atribuciones de los funcionarios públicos y evitar la violación al juramento constitucional realizado al momento de su toma de protesta, Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, presentó la iniciativa con la que se propone adicionar el artículo 272 bis del Código Penal del Estado.
Esto derivado de diferentes conductas en las que ciudadanos se han visto afectados por el uso de recursos o espacios públicos para ser vulnerada en sus derechos, el legislador panista expresó la necesidad de reforzar las sanciones para quienes falten al juramento constitucional ante la sociedad.
«Esta iniciativa propone que quien habiendo tomado el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política Mexicana, la de Michoacán y las leyes que de ellas emanen, falten dolosamente a las mismas y, si el responsable de este delito es el gobernador, el secretario de gobierno, el fiscal general de justicia del estado, los diputados, los magistrados, los consejeros electorales y del Poder Judicial, el auditor superior o cualquiera de los titulares de los Órganos Autónomos, será acreedor a una multa de cinco a veinte mil días e inhabilitación del cargo hasta por 4 años para desempeñar un cargo público».
Afirmó que en caso de que su conducta de violar la constitución mexicana, estatal o alguna ley, sea reincidente, la pena será de 1 a 2 años de prisión y la de inhabilitación especial para empleo o cargos públicos, profesión u oficio, por tiempo de 4 a 6 años.
Escobar Ledesma explicó que con esta propuesta se podrá dar mayor certeza al actuar apegado a la norma y en total transparencia por parte de los funcionarios públicos.
Piden diputadas y diputados reforzar programas de atención a salud mental en Michoacán
Con un llamado a reforzar los programas para la atención de la salud mental de las y los michoacanos, el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Estatal, así como a los 112 presidentes municipales y al Concejo Mayor de Cherán, para que en uso de sus atribuciones, se emprendan políticas públicas y acciones encaminadas al diagnóstico oportuno y detección temprana de trastornos mentales.
Asimismo, para que, a través de las Secretarías de Política Social, de Salud y de Seguridad Pública, se generen estrategias para garantizar la atención médica, y en su caso, el tratamiento adecuado, para frenar la desafortunada ola de intentos de suicidio y suicidios en la entidad.
Al fundamentar la propuesta, el diputado Víctor Manuel Manríquez, expresó que el alto índice de casos registrados en los últimos años, representan una alerta para que las autoridades emprendan y mantengan de manera permanentemente, acciones interinstitucionales que garanticen a la sociedad el acceso a los servicios de salud, en temas específicos como la salud mental.
Lo anterior, permitirá ofrecer diagnósticos oportunos para identificar rasgos de riesgo en personas que, por factores ambientales, genéticos o psicopatológicos, se consideran más vulnerables y propensas a cometer un acto suicida, para que, en su caso, se les garantice un tratamiento adecuado.
En ese sentido, el legislador agregó que la protección de la salud y de la salud mental, es un derecho humano reconocido por la Constitución Federal y Estatal, así como por las leyes generales y Tratados Internacionales firmados por México en la materia; por lo tanto, la protección de la salud mental debe ser un tema prioritario en los programas institucionales porque de su inclusión depende el cuidado, protección y mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos.
Necesaria estrategia para mejorar atención de salud de migrantes repatriados: Congreso
Las y los diputados de la 75 Legislatura aprobaron exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal para que colaboren activamente a fin de diseñar una estrategia que resulte en la aprobación de un excedente presupuestal en el monto destinado a la atención de la salud de los migrantes repatriados, particularmente los paisanos michoacanos que regresan a Michoacán sin seguridad social en los Estados Unidos de Norteamérica.
La propuesta, presentada por la diputada Julieta Hortensia Gallardo Mora, señala que la migración es uno de los flagelos de nuestros tiempos; Michoacán es una estado altamente migrante, debido a que hay más de cuatro millones de michoacanos radicando en Estados Unidos, posicionando a la entidad dentro de los tres primeros lugares en intensidad migratoria a nivel nacional y el primer lugar como receptor de remesas.
En la exposición de motivos, la parlamentaria señaló que en muchas ocasiones el titular del Poder Ejecutivo Federal ha referido como un logro el monto récord de las remesas, reconociendo a los paisanos como pieza fundamental de un Michoacán binacional.
“El reconocimiento público debe expresarse también a través de medidas específicas y acciones que confirmen la importancia que tienen. Al no contar con seguridad social ni aquí ni allá, se encuentran en el abandono absoluto”, destacó Gallardo Mora.
Asimismo, el documento aprobado por el Pleno de la 75 Legislatura puntualiza que a nivel estatal es vigente la Ley de los Migrantes y sus Familias, que sistemáticamente se ignora, en la cual se establece en el artículo 5, el derecho a la salud de nuestros migrantes, asimismo en el artículo 8, la obligación del Gobernador para que ello se cumpla, incluso se prevé en el artículo 53 que aquellos funcionarios públicos que incurran en incumplimiento serán sancionados.
Demanda Congreso instalación de muros al interior de bancos para impedir robos
A propuesta de la diputada Adriana Hernández Iñiguez, el Pleno del Poder Legislativo aprobó un exhorto al Gobernador del Estado, para que se coordine con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Bancos de México, para promover la instalación de muros al interior de las sucursales bancarias, que impidan ver las operaciones que se realizan y así prevenir robos.
La exposición de motivos señala que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 tuvieron verificativo 212 robos a instituciones bancarias, 124 de los cuales fueron realizados con violencia. Tal cifra representa una disminución de 23.6 por cierto respecto de 2020, cuanto se registraron 288 de estos delitos.
En Michoacán fueron 13 de estos hechos, lo que significó poco más de un seis por ciento respecto del total nacional, misma cifra que en 2020. El mismo sistema señala que en enero del año en curso se han registrado 16 asaltos a instituciones bancarias, sólo uno de los cuales ocurrió en nuestro estado.
En la máxima tribuna del estado, Hernández Iñiguez destacó que durante los últimos meses se han visto ciertas modificaciones a la estructura interna de algunas sucursales, en las cuales se han incluido muros con pantallas electrónicas en las cajas, a efecto de impedir que gente ajena a las operaciones vea la interacción entre ahorradores y cajeros, “tal medida, según se nos ha referido, ha contribuido a mantener la seguridad en las establecimientos, pero también fuera de ellos, pues los delincuentes disponen de menos información para agredir a los cuentahabientes”, puntualizó.
El exhorto aprobado por la 75 Legislatura detalla que de ser cierto lo anterior, cabría entonces replicar dicha medida en todas las sucursales donde sea posible, para así hacer de los bancos sitios seguros donde la gente pueda realizar transacciones sin miedo a ser víctima de un ilícito.
Diputada Adriana Hernández busca mayor seguridad en sucursales bancarias
Con la finalidad de prevenir actos delictivos en instituciones bancarias y robos a cuentahabientes, la Diputada local Adriana Hernández Íñiguez, presentó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se coordine con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Bancos de México, a fin de que se promueva mayor privacidad al interior de las sucursales.
“Se busca promover la instalación de muros al interior de las sucursales bancarias los cuales impidan ver las operaciones que se realizan, y así prevenir la realización de robos en perjuicio de las propias instituciones crediticias y de sus clientes”, puntualizó la legisladora.
Destacó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales indican que durante 2021 se registraron 212 robos a instituciones bancarias, 124 de los cuales fueron realizados con violencia. Y afirmó que si bien tal cifra representa una disminución de 23.6% respecto de 2020, “debemos aspirar a una cifra cero en el robo a bancos, lo que significaría mayor seguridad para clientes y empleados”.
Respecto a Michoacán, comentó que fueron 13 los hechos delictivos registrados en 2021, lo que significó poco más de un 6% respecto del total nacional, misma cifra que en 2020.
Durante su participación en el pleno del Legislativo, afirmó que ya hay algunas sucursales que han incluido muros con pantallas electrónicas en las cajas, a efecto de impedir que gente ajena a las operaciones vea la interacción entre ahorradores y cajeros.
“Según se nos ha referido, esto ha contribuido a mantener la seguridad en los establecimientos, pero también fuera de ellos, pues los delincuentes disponen de menos información para agredir a los cuentahabientes”, aseveró.
La Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que un factor que ha incidido a favor de la seguridad en las instituciones crediticias, es la cada vez más frecuente realización de operaciones a través de dispositivos electrónicos, dado que los clientes ya no tienen necesidad de acudir a las sucursales.
El exhorto fue presentado como punto de acuerdo, mismo que aprobó la 75 Legislatura.
