Cabe señalar que se ha adicionado un a cada uno un nuevo rubro denominado monto para el liderazgo político de las mujeres que hacen un total de 178 millones 080 mil 495 pesos
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral ha conocido y aprobado por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo que deberá ser avalado por el Consejo General, por el que, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, por un importe de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos conforme a lo siguiente.
Ello a distribuir en 4 rubros: 5 mil 936 millones 016 mil 484 pesos para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 178 millones 080 mil 495 pesos para actividades específicas, 118 millones 720 mil 329 pesos para franquicia postal, y 693 mil 490 pesos para franquicia telegráfica.
En sesión extraordinaria de este Lunes, los consejeros de dicha comisión del INE determinaron con base en la fórmula que establece la Constitución mexicana y la Ley General de Partidos Políticos tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, el financiamiento que corresponde a cada partido político.
Es así como ha quedado aprobada la distribución de prerrogativas a cada uno de los 7 institutos políticos con registro federal, y que será discutida esta semana en el Consejo General en que se garantiza la equidad y que haya partidos competitivos. Cabe señalar que se ha adicionado un monto a cada uno en un nuevo rubro denominado monto para el liderazgo político de las mujeres que hacen un total de 178 millones 080 mil 495 pesos.
Quedó claro que por mandato legal, el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.
En suma, garantiza una mínima distancia entre los grandes capitales y sus intereses y las posiciones que se eligen a través de las urnas y el consecuente ejercicio de gobierno.
De cara a la reforma político-electoral constitucional que se discute en el Congreso, el Consejero Espadas Ancona consideró que se debe entender y valorar el efecto del gasto público en la democracia mexicana, para garantizar el derecho de la ciudadanía a darse sus gobernantes desde hace casi tres décadas y tener en cuenta las otras experiencias que han llevado.
