El dirigente del tricolor, refirió que fingen la supuesta compra de un automotor, a través de redes sociales, para apropiarse de la factura y vender inmediatamente la unidad en otra entidad
En Michoacán operan al menos 10 bandas de rateros de vehículos provenientes del Estado de México, que fingen la supuesta compra de un automotor, a través de redes sociales, para apropiarse de la factura y vender inmediatamente la unidad en otra entidad.
Alertó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, quien informó que, en breve presentará una iniciativa de ley con proyecto de decreto ante el Congreso del Estado, para reformar el artículo 209 e incrementar la pena de este delito y no sea calificado como fraude sino como robo.
“No se emite el reporte de robo correspondiente porque en estos casos, la víctima entrega de buena fe los documentos del automóvil como factura, refrendo, tenencias y por lo tanto no tiene forma de comprobar la propiedad del vehículo”, señaló.
Indicó que anualmente en México se roban más de 62 mil vehículos, sin embargo, expuso que la nueva modalidad de hurto de automotores, en muchas ocasiones no se denuncia, debido a que no existe ley alguna enfocada a este tipo de delito.
Los ladrones buscan la venta de vehículos a través de redes sociales, acuerdan con la víctima la compra venta el fin de semana y aprovechándose de la tecnología, fingen la trasferencia del dinero, mientras se apoderan tanto de la factura como de la unidad para aprovechar y ofrecerla en la ciudad de México o en el Estado de Querétaro.
Valencia Reyes, dijo que cada fin de semana este delito afecta a cientos de michoacanos que pierden su vehículo y que no representa ningún perjuicio para el delincuente, ya que, sin papeles la víctima no puede denunciar y la unidad puede transitar sin problemas en todo el territorio nacional.
El líder del tricolor informó que la propuesta de iniciativa de ley, pretende que este delito en lugar de fraude sea calificado como robo equiparado y pueda alcanzar hasta los 10 años de prisión, además que se permita que sea boletinado en toda la república, con la esperanza de que la víctima pueda recuperar su unidad.
