Fue presentada por diversos ciudadanos cuando se decretó confinamiento obligatorio en el hogar a causa de la pandemia sanitaria
En la próxima sesión de la 74 Legislatura, se prevé que el parlamento michoacano, declaré “improcedente” la demanda de juicio político presentada por diversos ciudadanos en contra del titular del poder Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo.
Lo anterior, luego de que el pasado 24 de abril del año en curso, el jurista David Daniel Romero Robles, en representación de varios ciudadanos, presentaron la denuncia de juicio político, por considerar que Aureoles Conejo violentó los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana, al decretar el confinamiento obligatorio en el hogar a causa de la pandemia sanitaria.
La querella presentada por Salvador Juárez, Sergio Ramírez, Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan y otros, fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, para determinar la procedencia o improcedencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán.
El denunciante hace referencia a hechos que presumiblemente constituyen una causal para incoar juicio político al imponer medidas que impactan directamente en la economía de la sociedad, sin acciones que amortigüen el golpe financiero, tales como la condonación de impuestos directos.
La queja afirma que las medidas tomadas por el Ejecutivo, son contrarias a derecho y vulneran las garantías individuales de las personas, al establecer que los michoacanos únicamente podrían transitar en la vía pública de manera individual y para adquirir alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad o buscar asistencia en hospitales.
Establece que en Michoacán “no existen condiciones sociales y económicas para dicha medida”, por lo que no se puede restringir la realización de las actividades laborales que no se encuentran en las declaradas como actividades esenciales por la federación, sin las cuales sería imposible la subsistencia de la familia.
Acusa al gobernador del Estado, de dejar al descubierto “que es ignorante de la situación que se vive en la Entidad, de las Leyes y de su propia realidad, tomando medidas descabelladas” que perjudican a la clase trabajadora.
De igual forma, señala que permite que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al tratar de imponer dicha medida, se dote de permiso para la obtención de “moches”.
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras determinaron que fue una “conducta positiva” del gobernador del Estado, la cual tenía la intención de proteger a las personas y ser garante de la efectiva protección del derecho fundamental.
Por lo anterior, el dictamen declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por el jurista, además afirma, que esta no fue ratificada por los ciudadanos denunciantes.
Será hasta la próxima sesión del parlamento local, que los legisladores voten a favor o en contra de la improcedencia del juicio político en detrimento del Ejecutivo michoacano.
