La emisión de la convocatoria requiere acreditar la aprobación del Consejo Universitario «y no puede sustentarse únicamente en la voluntad individual de la rectora»
El área de analistas del Poder Legislativo encontró algunas inconsistencias en el procedimiento de elección de nuevo rector de la Universidad Michoacana aprobado por Consejo Universitario ayer, mismas que divulgó en un análisis jurídico esta media mañana de sábado identificando aspectos a revisar sobre la convocatoria para el proceso.
En esta revisión a 6 puntos observan, de entrada, que la pretensión de excluir de manera general la revisión jurisdiccional de los actos universitarios constituye una disposición jurídicamente insostenible, «pues la autonomía universitaria no implica inmunidad frente al control constitucional ni limita el derecho de acceso a la justicia», reconocido en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal.
También puntualizan que la concentración exclusiva en el Consejo Universitario de la calificación de elegibilidad desconoce la atribución de validación que el artículo 13, fracción XXII, de la Ley Orgánica confiere a la Comisión Especial, respecto del cuarteto que le sea remitido para la designación de la persona titular de la Rectoría.
Otro punto cuestionado por los analistas refiere a que «la exigencia de ser profesor o profesora «de base»» puede constituir una restricción adicional no prevista en la Ley Orgánica de la UMSNH ni en el estatuto, si se interpreta como una condición distinta al nombramiento docente definitivo exigido por la normativa universitaria.
También ponen en duda la metodología para integrar el cuarteto de aspirantes a rector qué quede seleccionado Y a partir del cual elegirán al nuevo rector, por que afirman que requiere mayor precisión para garantizar el cumplimiento del artículo 56 del Estatuto Universitario, particularmente en cuanto a la obtención de las mayorías por dependencia y el respeto a la equidad de género.
Puntualiza también que la declaración de sesión permanente del Consejo Universitario debe sujetarse a las condiciones establecidas en el artículo 43 del Estatuto, entre ellas, que se constituya a solicitud de la rectora y mediante el voto de las dos terceras partes de las personas integrantes presentes, para atender exclusivamente el asunto que la motive.
La observación final va sobre que la emisión de la convocatoria requiere acreditar la aprobación del Consejo Universitario «y no puede sustentarse únicamente en la voluntad individual de la rectora». Aunque el proemio atribuye el acto al Consejo, el documento aparece suscrito solamente por la rectora y el secretario general de la institución nicolaita. Sustentan que el artículo 56 del Estatuto reserva al CU la determinación del calendario y la conducción de las etapas del procedimiento; por su parte, el artículo 57, fracción VII, únicamente faculta a la rectora para convocar a sesiones de dicho órgano. Por tanto, advierten que debe verificarse la existencia del acuerdo colegiado que aprobó la convocatoria, sus bases y calendario. De no existir, podría actualizarse un vicio de incompetencia.
