Congreso del Estado nombra al nuevo titular por un periodo de cinco años
El Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a Francisco Arroyo Mondragón como Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), luego de que fuera considerado por las y los legisladores integrantes de la 75 Legislatura como el mejor perfil para ocupar el cargo.
El dictamen incluyó dentro de la quinteta de opciones a Verónica Vega Cuevas, Ramiro Rodríguez Alvarado, Rafael Mejía Pacheco y Alan Bladimir Cruz Orozco, quienes atendieron la convocatoria emitida por el Poder Legislativo y fueron los mejor evaluados para ocupar la titularidad del órgano de control interno del TEEM.
Francisco Arroyo ejercerá el cargo por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección para el mismo cargo, como lo establece el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Conforme a lo que mandata el mencionado código, el Órgano Interno de Control tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos, así como la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo por responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal.
El nuevo titular, en el desempeño de su función se sujetará a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, profesionalismo, exhaustividad y transparencia.
Cabe destacar que el titular del Órgano Interno de Control será nombrado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Moni Valdez propone reforzar la vigilancia y control sanitario en establecimientos que presten servicios de salud en el estado
Con el objetivo de reforzar jurídicamente la garantía de que se realicen las visitas de verificación en la vigilancia sanitaria de las clínicas, hospitales y servicios de salud públicos y privados y se otorguen de manera eficiente con calidad y seguridad los servicios en todos los establecimientos de salud en el estado, la diputada Mónica Estela Valdez Pulido presentó una iniciativa para modificar la Ley de Salud del Estado de Michoacán, así como la Ley de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán.
Durante su discurso ante el Pleno en la sesión realizada en este día, la diputada del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 7 de Zacapu explicó que las modificaciones propuestas buscan detectar irregularidades de los establecimientos verificados, generar diagnósticos situacionales y sensibilizar a los prestadores de servicios sobre la normativa sanitaria vigente.
Añadió que con lo anterior se cumple con el precepto de que quien acuda a cualquier establecimiento médico reciba una atención que cumpla con todos los requisitos de las normas oficiales mexicanas y las leyes del estado, de manera que quien no cumpla con ello se hará acreedor de medidas de seguridad y/o sanciones que procedan.
“Estas condiciones tienen entre sus fines disminuir los índices de morbi-mortalidad en la población, disminuir factores de riesgo de infecciones intrahospitalarias, mejorar la calidad de los servicios médicos públicos y privados que reciben los usuarios y detectar irregularidades para determinar los factores de riesgo”, afirmó la diputada.
Mónica Valdez estableció que las modificaciones propuestas adjudica a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, la facultad de realizar la vigilancia sanitaria en los domicilios de los establecimientos comerciales, instituciones públicas, clínicas, hospitales y establecimientos de salud públicos o privados, a efecto de garantizar su establecimiento y funcionamiento de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, a las normas sanitarias y demás legislación en la materia.
Asimismo en la Ley de Salud, en su título quinto enuncia que la Coepris, la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias tendrán la competencia de vigilar el cumplimiento de ley, así como la instauración de la vigilancia mediante visitas y monitoreo de la publicidad, esto a cargo del personal de verificación.
Plantea Adriana Hernández endurecer penas en delitos contra periodistas
La Diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, presentó una iniciativa para endurecer las penas de quienes cometan delitos en contra de periodistas, reformando el artículo 63 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo; además de armonizar el artículo 51 del Código Penal Federal y el artículo 63 del Código Penal michoacano, esto a fin de procurar una redacción homogénea que reconozca la necesidad de sancionar con toda energía los delitos cometidos en contra de comunicadores.
La propuesta de reforma señala que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. Y se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
La legisladora destacó datos de la organización no gubernamental “Artículo 19”, la cual refiere que desde el año 2000 y hasta enero de este año, se han documentado 151 asesinatos de periodistas en México, mientras que en Michoacán se registraron siete de estas víctimas: Jaime Olvera Bravo, Gerardo García Pimentel, Miguel Villa Gómez Valle, Hugo Olivera Cartas, Salvador Adame, Roberto Toledo, y hace apenas unos días, el 16 de marzo, Armando Linares López.
“Es inaudito que tan solo en lo que va de este 2022 son ocho los periodistas asesinados en nuestro país; además en la actualidad, México acumula el 58% de periodistas asesinados en América Latina, según cifras de la organización Reporteros Sin Fronteras”, señaló Hernández Íñiguez.
Puntualizó que es necesario revisar el funcionamiento de los mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas previstos en las leyes federal y estatal, así como también la forma en que se han venido procesando y ejecutando las solicitudes y medidas de protección.
“Es evidente que algo ha fallado y ello ha derivado en crímenes que a todas y todos nos indignan. Actualmente, hay en México alrededor de 700 periodistas bajo la figura de protección, la cual se ha visto rebasada por la escalada ola de violencia contra el gremio”, apuntó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
