Diputados aprueban reforma a Ley Orgánica Municipal en el rubro de las atribuciones del Ayuntamiento o el Concejo Municipal
Por decreto de la 75 de Legislatura de Michoacán, ahora el Plan de Desarrollo Municipal deberá incluir en detalle un cronograma de medidas y acciones a implementar para garantizar el buen funcionamiento y la adecuada prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, además de la detección, extracción, conducción, distribución, tratamiento y reúso de aguas residuales en los municipios.
Lo anterior, luego que, por unanimidad, el Pleno del Poder Legislativo aprobara adicionar un segundo párrafo a la fracción I, inciso a) del artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, iniciativa promovida por la diputada Julieta Hortensia Gallardo Mora, y dictaminada por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales.
De igual forma, dicha adecuación también establece que el Plan de Desarrollo Municipal además debe detallar los indicadores para asegurar la aplicación de la normatividad en la materia de agua potable y los límites máximos permisibles de contaminantes de las aguas residuales; y mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, contemplando la posible construcción de plantas de tratamiento y colectores con un enfoque integral.
En las consideraciones, los legisladores destacaron que el Estado es el garante en la observancia del derecho al acceso al agua, pero también, señalaron la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de cuidar de este recurso, y por lo tanto se vuelve necesaria la creación de mecanismos de vinculación entre las autoridades del agua y los ciudadanos.
Finalmente, los diputados de la 75 Legislatura se manifestaron a favor del desarrollo de los municipios mediante iniciativas que fomenten el control y regulación de los servicios que se prestan dentro de la esfera municipal y del cuidado del medio ambiente y del agua en particular.
Congreso aprueba reformas en materia de regularización de servicios de agua potable
Con la finalidad que colonias enteras, fraccionamientos y asentamientos humanos cuenten con el reconocimiento territorial municipal y por ende la presencia y regularización de servicios legalmente constituidos, específicamente el derecho al agua, la Septuagésima Quinta Legislatura aprobó reformar el Código de Desarrollo Urbano, y la Ley del Agua y Gestión de Cuencas, ambos del Estado de Michoacán.
El dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda que contiene la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, modifica los artículos 147, 199, 281, 346,348 y 351 del Código de Desarrollo Urbano del Estado; así como, los artículos 4, 41,42 y 45 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas local.
En este sentido, queda establecido en dicho Código, en el tema del control del uso y destino del suelo, que los ayuntamientos por sí o a través de la instancia municipal correspondiente, emitirán las licencias de uso de suelo, las autorizaciones y los permisos tomando siempre en consideración la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, accesos y vialidades.
Asimismo, para garantizar la prestación de servicios públicos, en los reglamentos municipales de zonificación y uso de suelo se deberá establecer las obligaciones de cada una de las dependencias y organismos municipales.
En el apartado de Requisitos y Procedimientos para la Autorización, se estableció que los ayuntamientos, en coadyuvancia con el Gobierno del Estado, cada uno en su ámbito de competencia, establecerán las acciones correspondientes a cada uno para favorecer la prestación de los servicios públicos.
Además, el organismo operador municipal tendrá a su cargo gestionar frente a la Comisión Nacional del Agua y cualquier otra autoridad federal competente la obtención de los Títulos de Asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que hayan de ser destinados al servicio público urbano y doméstico; también, celebrar convenios mediante los cuales se ejecuten las obras de infraestructura necesarias para la dotación y la prestación de los servicios públicos.
Finalmente, las y los legisladores puntualizaron que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.
Va Adriana Hernández por la prevención y erradicación de la trata de personas en Michoacán
Con la finalidad de prevenir y buscar la erradicación de la trata de personas, y proteger a las víctimas de este delito, la Diputada Adriana Hernández Íñiguez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Michoacán, así como de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La Legisladora compartió que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2018 y abril del presente año se registró una incidencia delictiva de 2 mil 319 casos de trata de personas en materia del fuero común, 39 de los cuales tuvieron verificativo en Michoacán, lo que representa el 1.68% respecto del total nacional.
Y señaló que “aunque aparentemente la cifra sea pequeña, no debe traducirse en nuestra indiferencia, porque dista de estar completa, dado que tal delito, por su especial naturaleza, no se incluye en las encuestas nacionales sobre seguridad pública que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.
La mencionada Iniciativa propone adicionar a los principios rectores que rigen la ley estatal de trata de personas las siguientes acciones tratándose de investigaciones penales por violencia sexual:
* La declaración de la víctima deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro.
* La declaración de la víctima se registrará de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición.
* Se brindará atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere.
* Se realizará inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea.
* Se documentarán y coordinarán los actos investigativos y se manejarán diligentemente las pruebas, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia.
* Se brindará acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.
Igualmente, Hernández Íñiguez propone una reforma al artículo 6º de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas en Michoacán, a efecto de que las autoridades estatales fomenten la denuncia ciudadana y para que, en materia educativa, diseñen módulos de prevención de los delitos en materia de trata de personas que se establecerán a lo largo de los ciclos escolares; creen protocolos internos claros y precisos en los centros educativos para inhibir y prevenir la trata de personas con menores de edad; registren las estadísticas sobre posibles casos de trata de personas, y capaciten en el marco de su competencia en materia de trata de personas al personal adscrito a los centros educativos.
En materia de participación social planteó que las autoridades estatales y municipales otorguen estímulos a las asociaciones civiles que se dediquen a la prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias; promuevan la participación de la sociedad en la prevención de este delito y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias.
Por otra parte, la Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso que las dependencias y entidades que constituyan el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberán incluir en sus presupuestos de egresos los rubros destinados a las acciones contra la trata de personas contempladas en el Programa Estatal.
Congreso busca más recursos federales para el campo michoacano
El Pleno de la 75 Legislatura de Michoacán, aprobó exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal a fin de que realice gestiones extraordinarias ante el Ejecutivo Federal para destinar más recursos al campo michoacano.
A propuesta del diputado Felipe de Jesús Contreras Correa, se hace un llamado al Gobernador del Estado para que, además, publique de inmediato y difunda las Reglas de Operación de los programas y presupuesto de operación del ejercicio 2022 al Sector Productivo Agroalimentario, en beneficio de los productores rurales.
En este sentido, al hacer uso de la máxima tribuna del estado, Contreras Correa, señaló que los convenios con la Banca para acceder al crédito que se han mencionado por la Dependencia del campo, “pasarán más como una buena intención, ya que sabemos que la Banca Privada, es un negocio y aunque esté apalancado por el Gobierno Estatal, el Fira o la Financiera Rural que es Banca de Desarrollo, finalmente los requisitos y tasas de interés hacen difícil su acceso”.
Puntualizó que los pequeños productores que son la gran mayoría, ya que representan el 93 por ciento del total de los cerca de 630 mil productores en el Estado que sostienen la producción, son los más vulnerables y los más afectados por la falta de programas, recursos y acciones institucionales oportunas y suficientes.
El congresista apuntó que cerca de 800 mil hectáreas se sembrarán en cuanto se establezca el periodo de lluvias próximo, con gran posibilidad de disminución de superficies sembradas, teniendo como consecuencias: incremento de desempleo, disminución de ingresos, incremento en el precio de granos básicos, frutas y hortalizas.
Busca Balta Gaona sancionar a aviadores y funcionarios que fomenten su práctica
Con la intención de combatir prácticas corruptas protegidas por servidores públicos, como los llamados “aviadores”, el Diputado Local del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García presentó una propuesta para penalizar, estas acciones de 2 a 5 años de prisión a quien se le compruebe, que recibe un sueldo de la nómina estatal y municipal, sin realizar ninguna actividad, además de castigar de igual forma al funcionario que promovió su contratación.
“La presente iniciativa tiene como finalidad que aquellas personas que consiguen contratarse en la administración pública, trabajen, desempeñando las tareas para las cuales fueron contratados, lamentablemente muchas de las personas que se contratan no cumplen con sus tareas, lo que nos interesa en este momento es sancionarlos en la esfera estatal y municipal y que los salarios o remuneraciones que han recibido indebidamente, los reintegren a las arcas estatales o municipales, ya que no han sido devengados por un trabajo, lo cual, es en sí, un ingreso ilícito”.
Gaona García fue claro en externar que durante años las administraciones abusaron de este método, donde los mismos funcionarios cobraban en diferentes nóminas, duplicaban funciones y hacían gala de costumbres como el nepotismo y el influyentismo, avalados por la opacidad y discrecionalidad a la hora de conocer al personal de las dependencias, lo cual a todas luces es corrupción.
“Es de dominio público que durante anteriores administraciones se dieron abusos constantes, donde funcionarios públicos se extralimitaban, cobraban varias veces sin laborar, se duplicaban funciones, y la gente que ingresaban, valiéndose de favoritismos, influyentísimo, amiguismo, nepotismo, y a la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, también se ha hecho patente en la opacidad y discrecionalidad en la contratación de personal en la administración pública”.
Por tal motivo, el legislador petista presentó esta iniciativa al Código Penal para que se tipifique como delito, reciban castigos que inhiban estos procedimientos y disminuya su implementación, que lacera el servicio público y las arcas del Estado y sus Ayuntamientos.
Propone Ernesto Núñez reconocimiento Manuel Buendía para periodistas de Michoacán
El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, planteó ante el Pleno del Congreso entregar el reconocimiento Manuel Buendía a la labor periodística para personas físicas o morales que concursen por dicha distinción.
Al hacer uso de la tribuna expuso que con el fin de visibilizar los riesgos de la labor periodística y crear un instrumento de reconocimiento al mérito de las y los periodistas del estado, se busca otorgar esta distinción.
“Buscamos crear conciencia sobre la importancia de la actividad periodística a través de los diversos medios de comunicación, así como su innovación y objetividad en el manejo de la información, como factores indispensables e ineludibles del ejercicio de su profesión y en la generación y consolidación de competitividad frente a otros periodistas”, afirmó.
Podrán concursar para esta distinción personas que realicen análisis, reportajes profesionales y de dedicación exclusiva, así como autores de blogs ó que publiquen por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios de comunicación.
El reconocimiento se entregará anualmente el día 30 de mayo, en conmemoración y reconocimiento a Manuel Buendía, quien fue asesinado en dicha fecha, lo cual es una muestra de la violación a la libertad de prensa y libertad de expresión desde las esferas del poder.
Damos pasos concretos en la búsqueda de personas desaparecidas: Margarita López
El Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria, una propuesta de acuerdo para modificar el anterior Acuerdo Legislativo número 12/2021, a fin de fortalecer el marco de actuación de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de Michoacán, para convertirla en una instancia que responda de fondo a la necesidad de justicia para las familias de las víctimas.
Ante el pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura y en representación de las legisladoras Julieta Hortencia Gallardo Mora; María de la Luz Núñez Ramos y Mayela del Carmen Salas Sáenz, integrantes de dicha comisión, la legisladora Margarita López Pérez presentó Propuesta de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mismo que fue aprobado por la asamblea legislativa.
La también integrante de dicha comisión, aseguró que la misma ha logrado trascender como una instancia operativa en el campo, sin embargo, carece de los elementos y el recurso necesario para continuar en forma segura y constante.
Al solicitar empatía y apoyo de sus compañeros de legislatura, la diputada Margarita López expuso las carencias y peligros a los que se enfrentan cuando trabajan en el campo, en búsqueda de fosas y sepulturas clandestinas, haciendo mención del último incidente suscitado el día domingo 3 de abril del año en curso, cuando una de las brigadas de búsqueda organizada por esta comisión fue presa de un atentado con armas de fuego y que, por fortuna, no sufrieron lesionados ni bajas, toda vez que los cuerpos de seguridad que participan lograron evacuar a los civiles poniéndolos a salvo.
Por ello -especificó- “hacemos un llamado enérgico a las diversas instituciones de seguridad, para que entiendan los riesgos que esto implica y refuercen el número de efectivos con los que participan”.
En cuanto a las necesidades explicó las limitantes materiales en las que realizan su labor, las cuales incluyen insuficiencia de insumos consistentes en máquinas retro excavadoras, agua y sueros trajes tybet, varillas, bolsas para cadáveres entre otros más de 25 suministros, además -por supuesto- el recurso humano de familiares de víctimas que de forma voluntaria participan, así como el personal de seguridad que brinde protección para salvaguardar la integridad de quienes participan.
Diputada Lariza Pérez presenta iniciativa para evitar la deserción escolar
La resignación ante el abandono escolar implica simplemente ceder ante la marginación de una niña o un joven, para el resto de su vida; eso es injusto, es ilegal e inadmisible, expresó Lariza Pérez Campos, diputada local por Jiquilpan.
Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada panista recalcó que es necesario prevenir y atender los casos de abandono y deserción escolar, por lo que las autoridades educativas deberán notificar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la ausencia del menor en las aulas.
«Es urgente que podamos atender el tema de la deserción escolar, es un derecho humano. Debemos contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolar y establecer mecanismos para que las autoridades educativas notifiquen a la Procuraduría de Protección, los casos de ausentismo, abandono o deserción escolar».
Pérez Campos señaló que este tema requiere la atención inmediata debido a los datos alarmantes de deserción escolar derivados del Covid-19.
«De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el COVID19, impactó en la deserción escolar en donde un 2.2 por ciento, correspondiente a 738 mil 400 menores, de la población inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron; más de la mitad de ellos, el 58.9 por ciento señaló que fue por un motivo relacionado a la COVID-19, el 8.9 por ciento por falta de dinero o recursos, el 6.7 por ciento porque tenía que trabajar».
La legisladora afirmó que es imperante poder frenar este rezago educativo y blindar a las niñas, niños y adolescentes con oportunidades de desarrollo para un mejor futuro.
Diputadas y diputados avalan conmemoración del “Día Estatal Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”
En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se designa el día 17 de mayo de cada anualidad como el “Día Estatal Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”.
Asimismo, se exhortó al Poder Ejecutivo Estatal, así como a los ayuntamientos constitucionales de Michoacán a sumarse a esta celebración, para que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para su promoción.
El acuerdo promovido por la diputada Fanny Lissette Arreola Pichardo, propone la modificación del Acuerdo 147 publicado aprobado por el Congreso local, y publicado el martes 21 de mayo del 2013, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, donde se instituye el 17 de mayo de cada año, como “El Día Estatal de Respuesta Contra la Homofobia”.
En tribuna, la legisladora explicó que modificar el acuerdo previamente establecido permitirá incluir en esta fecha conmemorativa a las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTTI), y visibilizar su condición de víctimas constantes en términos de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad.
La legisladora afirmó que esta propuesta permitirá continuar realizando acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos, así como los enfoques que éstos involucran, de manera particular, la no discriminación a la diversidad sexual e igualdad en las oportunidades, donde se procurare garantizar la equidad y la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual.
De igual forma, agregó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Con dicha conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fomenta una cultura de igualdad y justicia, antes que una de odio y represión. Por este motivo, se busca concientizar a los líderes políticos, movimientos sociales, medios de comunicación y al público en general sobre la violencia y la discriminación que sufre la comunidad LGBTTI desde el ámbito internacional hasta el municipal”, indicó la legisladora.
Congreso de Michoacán aprueba reestructuración de comités
En sesión ordinaria, el Congreso de Michoacán aprobó dos dictámenes con proyecto de acuerdo para reestructurar los comités de Administración y Control y de Atención Ciudadana y Gestoría, así como para fortalecer la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas, con recursos para su funcionamiento.
El dictamen, presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tiene como propósito fortalecer a los órganos colegiados encargados de la supervisión y vigilancia de las unidades administrativas del Poder Legislativo.
Asimismo, destaca que todos los comités deberán integrarse procurando reflejar la pluralidad del Congreso, así mismo, en el caso del Comité de Administración y Control, podrá ser constituida hasta por 6 integrantes.
En ese sentido, el Comité de Administración y Control que preside la diputada Mónica Estela Valdés Pulido, será integrado por las y los legisladores Juan Carlos Barragán Vélez, Samanta Flores Adame, Ana Belinda Hurtado Marín, Margarita López Pérez y Andrea Villanueva Cano.
Por su parte, el Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, será conformado por las diputadas Julieta Hortensia Gallardo Mora, y Rocío Beamonte Romero, presidenta e integrante, respectivamente.
De igual forma, las y los diputados de la 75 Legislatura aprobaron la propuesta de acuerdo presentada por la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado, para otorgarle recursos económicos, materiales y humanos suficientes y necesarios, para cumplir correctamente el desempeño de sus atribuciones.
Además, se plantea otorgar a sus integrantes, un seguro especial frente a los riesgos en el desempeño de sus actividades.
Ejecutivo deberá informar a Congreso sobre política de seguridad a propuesta de Julieta Gallardo
El titular del Ejecutivo Estatal deberá informar al Poder Legislativo acerca de la política pública que se está instrumentando contra la inseguridad en Michoacán, esto por acuerdo propuesto por la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Con el voto a favor del Pleno Legislativo, se solicita al Ejecutivo que informe por escrito, en un plazo de 10 días naturales, todos los elementos que conforman la política pública de combate a la inseguridad que su Gobierno ha emprendido y tiene planeado implementar, así como su política económica sectorizada que incluya cronograma de acciones e implementación.
En la Máxima Tribuna del Estado, al exponer las razones de su propuesta, la diputada por el Distrito de Puruándiro señaló que los meses han pasado desde que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo, pese a ello sólo se ha observado un continuismo en las políticas públicas emprendidas.
“La falta de políticas públicas coherentes configura un escenario complejo de pobreza, desempleo, informalidad, precariedad laboral y vulnerabilidad social, incluso el crecimiento económico es un elemento necesario, pero insuficiente en el abatimiento de los enormes rezagos que tenemos es casi todos los ámbitos, con tristeza observamos que Michoacán es de los estados más atrasados y con uno de los niveles más graves de inseguridad, falta de crecimiento y desolación en los michoacanos”.
La diputada integrante de la Representación Parlamentaria puntualizó que, si se revisa el comportamiento del Presupuesto de Egresos del gobierno de Michoacán en los últimos 5 años, no se observan cambios sustanciales.
“Siguen siendo las mismas dependencias –una secretaría más-, los mismos montos en términos reales –con la diferencia inflacionaria-, los mismos impuestos, las mismas estrategias para obtener ingresos extraordinarios –placas, licencias, deuda y desincorporaciones-, hasta los funcionarios se han reciclado”.
Es así, como Julieta Gallardo destacó la importancia de conocer la política pública de este Gobierno para el combate a la inseguridad ya que el Congreso es corresponsable, y en caso de no existir, orientar y dirigir el camino para que éstas se generen.
Congreso del Estado aprueba iniciativa en favor del desarrollo forestal sustentable en Michoacán
Las diputadas y los diputados locales, aprobaron modificaciones a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, con lo cual se busca tomar acciones para evitar incendios forestales provocados y el posterior cambio de uso de suelo de forma ilegal o irregular.
En el dictamen, aprobado por el pleno y elaborado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, se adiciona un apartado que establece que la Comisión, en conjunto con las autoridades de seguridad, en el ámbito de sus atribuciones, deberá mantener acciones de inspección, y vigilancia permanente, en aquellas zonas forestales que hayan sido afectadas por incendios accidentales o provocados. Quedando impedida cualquier actividad que no sea la reforestación o remediación del daño ambiental.
En la reforma también se establece que será obligatorio, tanto para el Ejecutivo como para los ayuntamientos, incluir en sus Planes de Desarrollo respectivos, programas tendientes a la reforestación, forestación y al cambio de uso de suelo en terrenos forestales; en este último, se deberán incluir y difundir, las acciones específicas para disminuir su impacto ambiental, zonas a reforestar con metas y objetivos.
La reforma aprobada establece que la Comisión, en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado, elaborará, promoverá e implementará cursos, así como programas de manera permanente en los centros de educación, en todos sus niveles y modalidades, en los cuales se incluyan, las implicaciones del cambio de uso de suelo de manera indebida, así como la importancia de la reforestación.
Dentro de la modificación a la Ley destaca la adición que establece que el segundo jueves del mes de julio de cada año, se celebrará en el Estado “El Día del Árbol”, para lo cual, la Comisión organizará diversas actividades en el ámbito de sus atribuciones, que permitan concientizar sobre la importancia de reforestar, preservar y cuidar a los árboles endémicos en el Estado.
Presenta Mayela Salas iniciativa para que nombramientos de vacantes en el servicio público se realicen bajo el principio de la paridad de género
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio público en las diferentes dependencias estatales y municipales, la Diputada del Partido del Trabajo, Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para que los nombramientos vacantes en el servicio público, sean con base en los principios de paridad de género e igualdad, ya que no se toman en cuenta a personas con discapacidad.
“La presente iniciativa propone que en los nombramientos de vacantes en el servicio público se realicen bajo el principio de la paridad de género, ya que este principio no está contemplado en esta Ley, así como no se contempla la asignación de nombramientos a las personas que presentan alguna discapacidad, vulnerando con ello los derechos que les son reconocidos”.
Salas Saénz también se refirió en su propuesta al personal de base, a quienes reconoció sus derechos adquiridos; sin embargo, explicó que es de dominio popular, este benefició provoca desdén en sus labores, que desencadenan conflictos con sus superiores, al confundirse con un permiso que los asegura de permanecer a perpetuidad en un puesto, sin importar su actitud.
“Muchos servidores públicos se sienten intocables por el hecho de contar con un nombramiento con carácter permanente, cambiando su actitud hacia el público en general, al actuar con el mayor desdén, al ausentarse a trabajar o confrontarse con sus superiores jerárquicos, es por ello que la presente iniciativa se formula, en el sentido de que a los trabajadores basificados que incurran en alguna o algunas de las causales de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón, contempladas en la ley federal del trabajo, puedan ser separados de su cargo”.
La congresista uruapense explicó que no está en contra de sus derechos como personal de base, sino para mejorar su desempeño, para que el servicio público sea de calidad y con eficiencia, además de que los nombramientos se otorgan sin ningún estándar de piso parejo de competitividad, igualdad y equidad de género.
“Esto no quiere decir que esté en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores, sino que, por el contrario, es una manera de que los trabajadores que prestan sus servicios a los diferentes poderes públicos y municipios del estado, se esfuercen día a día en la realización de sus labores, otorgando un servicio de calidad al público en general. Además, deben de dar atendiendo al principio de paridad de género y de inclusión de las personas discapacitadas”. Concluyó.
Plantea Gloria Tapia el ejercicio debido del derecho humano a una tutela judicial efectiva
“Es necesario propiciar que los gobernados estén en condiciones de ejercer en debida forma su derecho humano a una tutela judicial efectiva, así como su derecho de acceso a una impartición de justicia imparcial, pronta y expedita”, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el distrito de Zitácuaro presentó este jueves una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado, con la intención de hacer los ajustes legislativos necesarios para atajar irregularidades procesales, a fin de que no constituyan obstáculo para la obtención de una sentencia de fondo.
“La reposición del procedimiento ordenada en una etapa tardía del juicio, como resultado de la irregularidad en la vía, llega a propiciar de forma indirecta una inequidad procesal que repercute en la espontaneidad que cierto tipo de pruebas requieren en su desahogo para realmente tener la eficacia demostrativa que busca su oferente”.
Gloria Tapia añadió que una vez suscitada la reposición, las partes quedan en posición de perfeccionar pruebas que en un inicio habían sido deficientemente ofrecidas o desahogadas.
“De igual modo, pueden perfeccionar o mejorar los planteamientos que inicialmente hicieron a sus testigos, e incluso, aleccionarlos, tomando como punto de partida los errores que en un primer momento éstos hubieren cometido al declarar”.
Agregó que lo mismo ocurre en lo concerniente a las confesiones, en donde el absolvente podrá anticipar los planteamientos que le hará su contraparte, pudiendo reconsiderar todas las respuestas que frente a ello emita, buscando evitar un perjuicio, y de igual forma, el oferente podrá subsanar los errores que hubiere cometido al formular sus posiciones.
Recalcó que una ponderación de derechos, frente al derecho humano de debido proceso, debe conducir a apuntar a la preferencia de los primeros, fundamentalmente porque si bien la inalterabilidad de la vía provee seguridad jurídica a los contendientes, no debemos soslayar que al omitir formular impugnación alguna a ese respecto, los litigantes quedaron sujetos en un plano de igualdad procesal a los mismos términos, plazos, recursos y oportunidades que provee la vía elegida de forma incorrectamente.
“Razón por la que si estos dan impulso a la contienda para llevarla hasta el punto de resolver, su seguridad jurídica no habría quedado diezmada, dado que ambos conocen las particularidades de la vía que adoptaron como correcta”, puntualizó.
Para conocer necesidades de las personas con discapacidad, este viernes arrancan Foros Regionales: Víctor Zurita
Para conocer de primera mano las necesidades, propuestas e inquietudes de las personas con discapacidad en Michoacán, este viernes arrancarán los foros regionales de la Comisión Especial a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, informó su presidente, el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la primera sede de estos Foros se realizará en el municipio de Zamora.
“El último censo del INEGI reporta que en México existen 20.8 millones de personas con alguna limitante o discapacidad. Si tomamos en consideración que nuestra población actual es de 134.4 millones de habitantes, ello significa que casi el 15% de la población mexicana tiene alguna discapacidad”.
Por ello informó que los integrantes de la Comisión buscan acercarse a quienes viven con discapacidad para conocer sus necesidades, lo que permitirá emprender acciones legislativas que redunden en un marco normativo que brinde y garantice mejores condiciones de vida.
“La inclusión no es solo un cambio de concepto, es un cambio de paradigma y sobre todo un cambio de actitud y de reglas. La inclusión se debe dar en términos que garanticen y respeten el derecho, no solo a estar o permanecer, sino a participar de manera activa política y civilmente en la sociedad, en el aprendizaje, en la comunidad educativa”.
Víctor Zurita puntualizó que la inclusión y la participación son esenciales para la dignidad humana, para el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos, lo cual nos conlleva a ser más empáticos, a crear propuestas innovadoras y creativas que puedan promoverlo.
“No basta con una ayuda económica, debemos ir más allá, ya que las personas con discapacidad lo que buscan no es solo un apoyo económico, sino una verdadera política pública de plena inclusión y participación activa en la vida diaria de nuestro país”, recalcó.
