Considera Congreso imprescindible exhortar a autoridades a tomar medidas de protección a la cadena de custodia para evitar difusión ilegal de imágenes de víctimas
Con 30 votos a favor, el parlamento michoacano, aprobó modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, para llevar ante la justicia, aquellos servidores públicos que filtren cualquier tipo de documento, fotografías, videos o audios de homicidios, los cuales podrían hacerse acreedores de 3 a 10 años de prisión y la pena incrementaría una tercera parte, en caso de que sea feminicidio o un menor de edad.
La propuesta presentada por el ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, cita como ejemplo el caso ocurrido en febrero del presente año en la Ciudad de México, de la joven asesinada Ingrid Escamilla, quien fue exhibida en redes sociales, descarnada y mutilada.
Señala que la filtración de fotografías de la víctima dañó su honra, dignidad e imagen y afectó a su familia, además que con la divulgación de la información se desvirtúan los elementos probatorios, violentando el debido proceso, permitiendo beneficios jurídicos al infractor.
Núñez Aguilar, manifestó que la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la ciudad de México, señaló que al menos 4 de cada 10 feminicidios existe filtración de información.
Por lo anterior, el parlamento aprobó las modificaciones, para que aquellos servidores públicos que filtren documentos, constancias, información, fotografías, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, sean sujetos a un proceso penal que puede alcanzar hasta los 10 años de prisión.
Además, sí las imágenes, audios o videos son de cuerpos humanos deformados o mutilados correspondientes a una mujer o a menores de edad, se incrementará la sanción en una tercera parte.
El dictamen señala que la repercusión de la exhibición de imágenes en medios de comunicación masivos, fomenta la naturalización de la violencia y aumenta el miedo en la sociedad.
Por lo anterior, considera imprescindible exhortar a las autoridades a tomar las medidas de protección a la cadena de custodia para evitar la difusión ilegal de imágenes de las víctimas y que se apliquen las debidas sanciones a quienes resulten responsables de ello, pues este hecho revictimiza y privilegia el sensacionalismo y el morbo, en consecuencia, atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las víctimas y de sus familias.
Por lo anterior, quedó establecido como delito la filtración de información o imágenes de una víctima por difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer o distribuir; videos, audios, fotografías, por servidores públicos respecto de datos que obren en una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier de sus etapas.
