La diputada local propuso reformar el artículo 301 Bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo
Mediante reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán, de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, por el delito de robo de identidad, propuso la diputada local Mayela Salas ante el pleno del Congreso del Estado.
Informó que con las nuevas tecnologías, actualmente es fácil obtener información fidedigna de una persona y que esos datos sensibles sean usados para suplantar su identidad y tramitar en su nombre diversos tipos de crédito, defraudar a otras personas, lavado de dinero y en la comisión de diversos delitos.
“El robo de identidad causa problemas económicos, afecta moral y psicológicamente a la víctima, la cual, debe posteriormente restablecer su reputación y credibilidad o afecta también a quien ha sido engañado o defraudado”, señaló Salas Sáenz.
Según cifras de la CONDUSEF, cada año, son víctimas de robo de identidad en nuestro país, aproximadamente 400 mil personas, mientras que en nuestro estado, esta cifra se ubica en 4 mil casos.
Dentro de la propuesta de la diputada por Uruapan norte, se incluye el supuesto de una persona que esté de acuerdo, coadyuve o brinde su consentimiento para que su persona sea suplantada con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, por lo cual, la sanción debe imponerse a ambos sujetos.
Finalmente, la legisladora señaló la importancia de actualizar el catálogo de delitos debido al avance de las tecnologías, que es usada para cometer delitos con gran facilidad en perjuicio grave de los michoacanos y se comprometió a seguir realizando un trabajo legislativo de vanguardia y apegado a la realidad de la población.
Congreso de Michoacán refrenda vocación incluyente con educación para todos: Ivonne Pantoja
Para fortalecer el desarrollo de nuestra niñez, garantizar el derecho a la educación e inclusión, el Congreso del Estado tomó la decisión asertiva de aprobar la creación de programas para atender a alumnos con discapacidad, indicó Ivonne Pantoja Abascal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Michoacán.
Al aprobar el dictamen durante sesión ordinaria, Pantoja Abascal enfatizó la importancia de generar las condiciones adecuadas para que niñas y niños con discapacidad puedan tener acceso a una educación de calidad y abatir el rezago educativo.
«Con esta propuesta estamos impulsando el potenciar el desarrollo y aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Educación deberá otorgar las herramientas y equipos necesarios para garantizar que las personas con discapacidad se integren a las actividades educativas en Michoacán».
Señaló que para la implementación adecuada de los programas se requiere del apoyo de instituciones y personas involucradas en materia educativa.
«Los maestros que atienden a los alumnos que viven con alguna discapacidad, requieren que los apoyemos para garantizar una educación de calidad. Celebro el que hoy se apruebe reforzar el material educativo que se brindará en sistema braille, además de traducción en lengua de señas mexicana y con equipo tecnológico para quienes tienen debilidad visual. Con estas acciones avanzamos para superar el rezago educativo».
La 75 Legislatura aprobó reformar el artículo 33 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el que se plasmó proporcionar a los estudiantes con discapacidad mobiliario, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, de manera obligatoria, tiene que gestionar y facilitar equipos a los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes certificados de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas con discapacidad visual y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad, incluyendo el material necesario en la lengua indígena de la región.
Propone Reyes Galindo actualización de Ley de Arancel de Abogados en Michoacán
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza, presentó ante el Congreso del estado, una propuesta para reformarlos artículos 3, 6, 8, 9, 19, 20, 22, 23 y 29, de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de poner orden en los cobros de los abogados.
El diputado local, refirió que la ley actual data del año de 1953 y por lo tanto la moneda nacional tenía un valor que actualmente ya no coincide con la realidad social y económica que vivimos; por ello consideró que es necesario una reforma a la ley para adecuarla a los nuevos tiempos, en donde se busca establecer la UMA como medida de cobro para los servicios de quienes ejercen la abogacía.
Esta iniciativa, mencionó contempla que solamente tienen derecho a percibir honorarios de acuerdo con la presente Ley, los abogados con título y cédula profesional registrados por las autoridades educativas competentes en el Departamento de Profesiones del Estado o ante la Dirección General de Profesiones.
El diputado por el Distrito 22 de Múgica, explicó se plantea fijar costos en cada proceso jurisdiccional, por ejemplo: en una cantidad determinada o determinable, incluyendo cuánto trabajo se relacione con el asunto, se cobrará el 20% del valor del negocio; si su interés no excede de 300 trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS) diarias, el 17% diecisiete por ciento del excedente de 300 trescientas UMAS diarias hasta 500 quinientas UMAS diarias; el 15% quince por ciento, del excedente de 500 quinientas UMAS diarias hasta 1,000 mil UMAS diarias y el 8% ocho por ciento de lo que exceda a 1,000 mil UMAS diarias, cualquiera que sea la cantidad.
“Esta reforma será un apoyo para que haya claridad y transparencia en el cobro de servicios de los abogados, vamos a evitar discrecionalidades en los servicios que prestan; además, al estar establecido a través de UMAS, como pago de referencia, se actualiza la ley y se pone orden al fijar cuotas en esta actividad”, señaló Reyes Galindo.
Exhorta diputada Liz Hernández a SEIMUJER a rendir informe sobre refugios para mujeres violentadas
Con la finalidad de contribuir a la recuperación y autonomía de las mujeres violentadas y abonar en su proceso de empoderamiento, es necesario verificar que se realicen las medidas necesarias por parte de las instituciones públicas, afirmó Liz Alejandra Hernández Morales, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN).
Al presentar un exhorto a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para que rinda un informe que contenga las acciones implementadas para lograr el avance en la construcción de refugios que se requieren para atender a las mujeres que atraviesan por una situación de violencia, la legisladora panista consideró urgente esta medida.
«Al no existir datos del funcionamiento de los refugios, se genera una incertidumbre respecto a que si dichos lugares están cumpliendo con la misión por la que fueron creados, que es la de brindar protección, atención integral y especializada desde las perspectivas de género y derechos humanos, a las mujeres junto con sus hijos e hijas víctimas de violencia; además de la contribución a superar la situación de violencia y facilitarles su proceso de empoderamiento y ciudadanía».
Liz Hernández explicó que es necesario conocer la aplicación de recursos públicos que impacten de manera directa y se demuestre con los resultados logrados y cambios favorables en la vida de las mujeres vulneradas.
«Los refugios, casas de acogida y albergues constituyen la alternativa más articulada para garantizar la seguridad, interrupción del ciclo de violencia y promover la restitución de derechos y el empoderamiento de las mujeres que han sido víctimas. Por ello, la importancia de dar seguimiento a la aplicación de los recursos públicos y el funcionamiento de dichos lugares».
Bullying, un peligro para la vida de las y los niños michoacanos: Dip. Luz María García
En México, siete de cada diez niños y jóvenes son víctimas de bullying en cualquiera de sus formas, de acuerdo a información de la ONG internacional ¨Bullying sin fronteras”.
Por ello, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PES Michoacán, diputada Luz María García, presentó un exhorto en busca de garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes michoacanos.
De manera respetuosa, se le pidió a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán que informe sobre las acciones que se realizan para evitar este fenómeno; que se genere una campaña de prevención y concientización de las consecuencias psicológicas y los delitos a los que se pueden incurrir con estos hechos violentos; y solicitar que se investigue y sancione a los servidores públicos, autoridades escolares y profesores que teniendo conocimiento de estos actos hagan caso omiso.
¨Seguiremos con nuestra visión y responsabilidad de brindarles herramientas jurídicas que salvaguarden la integridad de las niñas, niños y adolescentes michoacanos. El bullying podría tener consecuencias muy graves como el suicidio; no queremos que las familias michoacanas tengan que pasar por algo así¨, comentó la diputada Luz María García.
Ante la situación que enfrentan las familias, necesitamos ofrecer a nuestras nuevas generaciones espacios donde puedan aprender y vivir los valores sin violencia. Requerimos instituciones que protejan a nuestras niñas, niños y jóvenes, políticas públicas que prevengan y cuiden de sus derechos.
Con guardias comunales sujetas a la Ley habrá mayor seguridad: Margarita López
Con las modificaciones al Artículo 104 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado se podrá incorporar la figura de las “kuarichas” dentro del sistema nacional y estatal de seguridad pública, y se ajustarán a las necesidades particulares de cada comunidad, lo que redundará en mayor tranquilidad de nuestros pueblos originarios, aseguró la diputada Margarita López Pérez.
En el marco de la discusión en el pleno legislativo de la iniciativa de ley presentada por el ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil rechazó que se trate, como en el pasado, de armar a civiles sin control alguno, por el contrario, se trata de sujetar esas agrupaciones a las instituciones y al marco de la ley.
“Les toca –dijo- enfrentar al crimen organizado y las armas que utilizan para esto es la palabra, es decir sólo les queda pedirles que por favor se retiren del lugar esto es lamentable, aplaudo la valentía y el coraje de nuestros hermanos que a pesar de exponer su vida no claudican en esta lucha”.
Aseguró que tendrán que cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley como cualquier otra corporación policiaca, se tendrá que observar en todo momento el marco legal de la ley general y de la ley estatal de la materia.
En otro orden de ideas y en referencia a los cambios referentes a la Policía Auxiliar, aseguró que se logra que la institución sea responsable y solidaria, para que “nuestros elementos realicen su trabajo, bajo el amparo de un marco normativo en el que se les dote de prestaciones sociales mínimas óptimas, y se les reconozca como lo que son, elementos de seguridad pública”.
Finalmente afirmó que tendrán los mismos derechos que cualquier elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y serán legalmente una institución que podrá complementar la actividad para prevenir los actos delictivos, y esto se resume en que la ciudadanía o instituciones que contraten los servicios de esta corporación tendrán elementos que serán mejor preparados y mejor pagados.
Cancelar de forma definitiva la licencia de conducir por daños graves en accidentes automovilísticos: Mayela Salas
Debido a los innumerables accidentes automovilísticos ocurridos en la entidad, muchos de ellos trágicos y que quedan impunes, la diputada local Mayela Salas se pronunció ante el pleno de la 75 Legislatura para castigar con la cancelación definitiva de la licencia de conducir a quienes causen daños irreparables por manejar de manera imprudente.
Señaló que cada estado tiene la responsabilidad de regular la conducción en su respectiva jurisdicción, por lo que emite su propia licencia de conducir. La licencia es un requisito donde se constata que tenemos la capacidad o aptitudes de poder conducir, sin embargo, son múltiples los accidentes ocasionados por conductores que están bajo el influjo del alcohol o estupefacientes; y que no miden las consecuencias de sus actos, a pesar de ello, siguen manejando bajo el influjo de drogas legales e ilegales.
“Michoacán es uno de los estados con más accidentes automovilísticos. Habiendo un total de 14,276 al año, con 242 personas fallecidas por esta causa y 3,953 personas lesionadas. Todo por ir a exceso de velocidad, no respetar los señalamientos, invadir carriles y la irresponsabilidad de no pensar en terceros”, sentenció la legisladora.
Mayela Salas, propuso reformar el artículo 40 Bis de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, por lo que dijo, es necesario que quienes infringen las leyes en materia vial, tengan sanciones más duras, sobre todo quienes beben y manejan de manera imprudente y es a quienes se les debe cancelar de manera definitiva su permiso o licencia de conducir, antes que causen daños irreparables.
Por último, dijo que no se pueden tolerar actos que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos y mediante estas reformas se pretende salvaguardar la vida de las y los michoacanos.
Reconocimiento de las rondas comunales, es un acto de justicia para nuestros pueblos originarios: Eréndira Isauro
El reconocimiento jurídico de las kuarichas y rondas comunales, es un acto de justicia para quienes por muchos años clamaron por la seguridad de nuestros pueblos originarios, destacó la diputada Eréndira Isauro.
Lo anterior, al razonar su voto a favor de la reforma que da reconocimiento de los cuerpos de seguridad comunal, aprobada hoy en el Congreso del Estado.
Ante el Pleno de la 75 legislatura, Eréndira Isauro representante del distrito V Paracho, celebró la aprobación de la reforma encaminada a favor de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, en la que se reconoce a las kuarichas, rondas y rondines comunales que han sido consideradas o se han elegido mediante sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales avaladas por su propia comunidad, asambleas, barrios o por autoridades tradicionales como sus propios cuerpos de seguridad comunal.
“En nuestros pueblos y comunidades originarios, nuestra gente se conoce, saben quién es quién; así organizados por sus usos y costumbres logran mejores resultados que administraciones fuera de este núcleo. Y es precisamente que al tomar en sus manos la administración de sus recursos, dan mejores resultados a los suyo”, indicó.
Así, en el Congreso del Estado damos un paso adelante en el reconocimiento jurídico de quiénes desde hace tiempo se encargan de la seguridad y el cuidado de sus pueblos y comunidades; “hombres y mujeres de su comunidad que prestan un servicio admirable, porque más allá de brindar un servicio remunerado económicamente, su labor es servir a la gente, no defraudando su confianza y cumpliendo con el mandato que le confirió su comunidad”, agregó.
“A partir de hoy las kuarichas, rondas y rondines comunitarias, gozarán de reconocimiento jurídico, para poder llevar a cabo su labor, dónde se les podrá dotar de equipamiento sin perjuicios jurídicos que les puedan afectar y sin tener que disfrazarlos de policías, directamente estarán reconocidas y eso es de celebrarse, porque ellos saben por lo que han pasado, hoy tenemos un gobierno que si atiende, y si escucha, que es inclusivo al dar su lugar a quienes por mucho tiempo fuimos tratados de forma desigual”, apuntó la legisladora morenista.
Asimismo, agregó que para las y los diputados de la 75 Legislatura este momento representa una valiosa una oportunidad para hacer mejor las cosas y contribuir a enmendar lo que estaba mal, “así como para mejorar la calidad de vida de quiénes son dueños de estas tierras, por qué sin duda, Michoacán no se podría concebir sin la grandeza de sus pueblos originarios, son ellos, quienes ancestralmente construyeron la grandeza de esta nuestra querida tierra”, indicó.
Plantea Gloria Tapia dar claridad legal a procedimientos que diriman conflictos entre municipios y Estado
En Michoacán se hace necesario establecer un procedimiento que de manera clara, lógica y sistematizada estructure las etapas procesales que den certeza jurídica a las sentencias para dirimir conflictos entre los municipios y el gobierno del estado, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el distrito de Zitácuaro presentó este jueves, ante el Pleno Legislativo la iniciativa de Ley para la Solución de Conflictos entre los Municipios y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo o entre aquellos por la Prestación de Servicios Públicos.
“Esta Ley busca abonar a generar un marco legal que garantice el principio de legalidad al darle facultades al Poder Judicial del Estado, para que resuelva los conflictos conforme a derecho, y con ello se garantice la calidad en la prestación de los servicios públicos en beneficio de la sociedad”.
En la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora recalcó que el régimen constitucional democrático que establece las bases del sistema federal, demanda normas claras que garanticen la gobernanza, la estabilidad política, el desarrollo, el crecimiento y la justicia social.
“En este sentido los diputados estamos llamados a generar resultados particulares y adecuados a cada circunstancia, tomando en cuenta las condiciones, necesidades y demandas del entorno”.
Gloria Tapia señaló que los gobiernos municipales para ser más eficientes en la prestación de los servicios públicos, muchas veces tienen que apoyarse con otros municipios o con el propio gobierno del estado para lograr ese fin, “pero también somos conscientes de que todas las relaciones contractuales, pueden llegar a generar diferencias que derivan en demandas que tienen que ser resueltas por autoridades competentes”.
«Esta iniciativa con proyecto de decreto es fundamental, para que se expida la Ley para la solución de conflictos entre los municipios y el gobierno del estado, con lo que también se garantiza la prestación de servicios públicos».
Un hecho histórico, el reconocimiento de las rondas comunitarias: Barragán
Como un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en el reconocimiento a la autonomía de los pueblos originarios, calificó el diputado Juan Carlos Barragán, el reconocimiento de los cuerpos de seguridad comunal, que este día fue aprobado en el Congreso del Estado.
El legislador local de Morena, consideró que la reforma a la Ley de Seguridad, da legalidad a las rondas comunitarias, permitiendo que tengan un control de los elementos que integran estos cuerpos de seguridad en las comunidades indígenas.
Subrayó, que no se trata de legalizar la portación de armas a los comunitarios, sino de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, por lo que apuntó, “solo podrán acceder a este derecho las localidades con autogobiernos reconocidos”.
De acuerdo con el legislador no es un cheque en blanco a las comunidades indígenas, ya que tendrán que adecuarse a la normatividad vigente y en apego a los derechos humanos.
El dictamen se votó por mayoría de todas las expresiones políticas representadas en el Congreso del Estado y con la presencia de representantes de los pueblos originarios.
Urgen acciones inmediatas para conservación del medio ambiente: 75 Legislatura
Frente a la urgencia de desplegar acciones inmediatas que coadyuven a la conservación del medio ambiente, la 75 Legislatura aprobó hoy modificaciones sustanciales a la ley en la materia.
Se trata de garantizar que se dote con las herramientas necesarias, suficientes y actuales a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, para que pueda realizar acciones inmediatas en los casos específicos marcados.
A propuesta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente que preside el diputado Baltazar Gaona, y que integran los diputados Oscar Escobar y Guillermina Ríos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó adicionar y reformar diversos artículos de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán.
De acuerdo a las adecuaciones legales, las Normas Ambientales Estatales también tendrán por objeto los requisitos o límites permisibles en la disposición final de residuos sólidos; así como de aguas residuales que, por el uso dado, registren contaminantes; además, de establecer las condiciones y límites permisibles para el manejo de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.
Para someter a consulta y formular Normas Ambientales Estatales, la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Estatal de Ecología coordinarán el proceso de emisión de normas ambientales y convocarán con oportunidad a la conformación de grupos de trabajo con los interesados en el tema.
Posteriormente, se publicará el proyecto de norma o modificación a efecto de que los interesados presenten sus comentarios dentro de los 30 días naturales siguientes.
En casos de emergencias que pongan en riesgo la integridad de las personas, el ambiente, la fauna o cualquier ser vivo, la Secretaría, de acuerdo al Reglamento, podrá publicar en el Periódico Oficial las normas ambientales del Estado, las cuales, tendrán una vigencia máxima de seis meses.
La Secretaría de Medio Ambiente del Ejecutivo estatal, deberá expedir el reglamento para el proceso de emisión de normas ambientales dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación de la reforma en el Periódico Oficial; y el Consejo Estatal de Ecología deberá adecuar su reglamento para el mismo efecto, dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación.
Apoya 75 Legislativa medidas de prevención de cáncer en personal del estado y municipios
Las y los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios, podrán acceder a los permisos necesarios, con goce de sueldo, para practicarse estudios de diagnóstico oportuno de cáncer de mama, cervicouterino o de próstata o bien, cuando requieran atender a sus hijos enfermos.
Así lo determinó el Pleno de la 75 Legislativa, al votar a favor del proyecto de Decreto por el que se reforma al artículo 22 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de sus Municipios, para que los empleados mayores de 40 años asistan a realizarse los estudios que permitan descartar y/o atender las enfermedades citadas.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Lariza Pérez Campos y suscrita por los legisladores Hugo Anaya Ávila, Ana Belinda Hurtado Marín, Víctor Manuel Manríquez González, María Guadalupe Díaz Chagolla, Samanta Flores Adame, Mónica Estela Valdez Pulido, Adriana Hernández Iñiguez y Marco Polo Aguirre Chávez, quedó establecido que el derecho a la salud se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe otorgarse, sin distingos de ningún tipo.
Bajo esa premisa, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, junto con la de Salud, dictaminaron un marco jurídico encaminado a garantizar y proteger en este sentido a los trabajadores, estableciendo medidas que permitan la flexibilidad en sus trabajos para acudir a las citas médicas que tengan como finalidad la detección y tratamiento oportuno de cáncer en cualquiera de los tipos citados.
También se ordena que las Instituciones otorguen a sus trabajadores un día para realizarlos, sin necesidad de disponer de otros días que por derecho les corresponde o que interfieran su actividad y, a su vez, las y los empleados deberán exhibir los certificados médicos que acrediten que efectivamente se han realizado los estudios referidos.
Reforma 75 Legislatura Código Penal para combatir lavado de dinero en Michoacán
Para coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformas al Código Penal que permitirán combatir distintos delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y la falsificación de uniformes e insignias de corporaciones policiacas.
El dictamen, presentado por la Comisión de Justicia, atiende la propuesta de reforma planteada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal sobre la necesidad de ajustar el marco normativo penal para fortalecer la estrategia de seguridad pública y de combate al crimen organizado.
Una vez concluido el análisis de la iniciativa, la Comisión dictaminadora determinó necesario reformar los artículos 236, 237 y 290; adicionar el capítulo V al título Vigésimo Segundo del Libro Segundo y los artículos 301 Ter y 301 Quáter, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán.
Este marco normativo facilitará el combate frontal a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y con ello, debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en el Estado, así como determinar sus agravantes y atenuantes.
Además, para contemplar como delito, la fabricación, comercialización y uso indebido de insignias y uniformes de los cuerpos de seguridad pública.
Las sanciones
Así, la reforma contempla sanciones desde 5 hasta 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil UMA, a quien por sí o a través de otra persona adquiera, enajene, administre, custodie, posea, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio estatal, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Además, se establecen agravantes, aumentando las penas previstas desde un tercio hasta en una mitad cuando el sujeto activo tenga el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado o apoderado de servicios de cualquier persona jurídica; así mismo, cuando la conducta sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, imponiendo, además la destitución e inhabilitación para desempeñar el empleo, cargo o comisión.
De igual forma, se contemplan sanciones de 1 a 6 años de prisión y multa de 100 a 100 mil UMAs, a quien utilice insignias, uniformes, placas, gafetes, escudos o siglas de instituciones de seguridad pública a las que no tengan derecho o cualquier identificación que se asemeje a las anteriores con el propósito de cometer un acto ilícito.
Exhorto de la 75 Legislatura a la SEE: pide informe de acciones contra bullying y plan preventivo
Integrantes de la 75 Legislatura aprobaron un exhorto a la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, para que informe sobre las acciones realizadas para combatir el bullying en las escuelas de Michoacán.
La titular de la SEE cuenta con un periodo de treinta días hábiles para referir dicha información y para que despliegue una campaña permanente de prevención y concientización de las consecuencias psicológicas, así como de los posibles delitos en que se puede incurrir, como violencia psicológica y física.
Las y los integrantes del Poder Legislativo, desde el Pleno, emitieron un segundo exhorto para que, a través de la autoridad competente dentro de la dependencia, la SEE investigue y, en su caso, sancione a los servidores públicos, autoridades escolares y profesores que, teniendo conocimiento de dicho acto, sean omisos en su atención y/o denuncia ante las autoridades ministeriales correspondientes.
En la exposición de motivos presentada por la diputada Luz María García García, se resalta que el acoso escolar o bullying es definido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como cualquier acto de violencia, ya sea verbal, físico o psicológico, ejercido uno o varios estudiantes sobre otro u otros, en escuelas de educación básica, con el propósito de intimidar y controlar mediante contacto físico o manipulación psicológica.
La legisladora aseveró que la infancia y la adolescencia requieren instituciones que las protejan, así como políticas públicas transversales que prevengan y cuiden de sus derechos, pero, sobre todo, “nuestra sociedad exige de todos sus servidores públicos y de esta Soberanía la visión y responsabilidad de brindarles herramientas jurídicas operativas que salvaguarden sus garantías constitucionales”.
Es importante señalar que en el Estado aplica la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, la cual establece el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar, que tiene por objeto construir, analizar, dar seguimiento y evaluar propuestas de formación, intervención y prevención de la violencia escolar, así como las políticas públicas diseñadas en esta materia, siendo la herramienta idónea para combatir el acoso en sus diferentes formas en nuestras instituciones educativas.
Aprueba 75 Legislatura Punto de Acuerdo a favor de la restauración y manejo del Lago de Cuitzeo
La 75 Legislatura de Michoacán votó este día a favor de un Punto de Acuerdo que detone a favor de la restauración y el óptimo manejo del lago de Cuitzeo, considerado uno de los cuerpos acuíferos más importantes de la región.
Las y los diputados determinaron exhortar a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a que publique en el Diario Oficial de la Federación la delimitación de la zona federal del lago de Cuitzeo que es patrimonio de la nación y superficie fundamental para la existencia del vaso lacustre, incluyendo las coordenadas de este polígono.
Además, deberá publicar el balance hidrológico de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del lago de Cuitzeo, incluyendo el caudal ecológico con una superficie de 420.0 km2, establecidos a la cota de altitud de los 1,820 msnm.
Tendrá asimismo que desarrollar un modelo de manejo hidrológico integrado a la cuenca, garantizando la permanencia de agua en los tres vasos del lago.
El punto de acuerdo presentado por la diputada Luz María García, aprobado como de urgente y obvia resolución, exhorta también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, para que aporten evidencia documental de la forma en que se están aplicando las políticas de cambio de uso del suelo en inmediaciones y en la cuenca para regular los comportamientos ilícitos.
Además, se convoca a SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA, para que, en coordinación con las instancias del Gobierno del Estado, elaboren, promuevan y realicen las acciones y los proyectos estratégicos prioritarios para la restauración, conservación y manejo del lago de Cuitzeo y su cuenca.
La legisladora propuso exhortar a los gobiernos federal y estatal para que, a través de sus instancias correspondientes, se otorguen los recursos económicos suficientes para realizar y publicar los Ordenamientos Ecológicos Territoriales Locales en los municipios que integran la ribera y la cuenca, en especial el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Lago de Cuitzeo.
Niñez michoacana en el olvido: Dip. Luz María García
Adoptar es brindarle a la niñez michoacana su derecho a vivir en familia, por lo que es indispensable agilizar los trámites y fomentar la cultura de la adopción, señaló la diputada del PES Michoacán, Luz María García García.
“Este derecho humano se debe promover para asegurar que todas esas personas menores de edad puedan crecer en un entorno de estabilidad, cuidados, protección, cariño y la calidez de una familia.” enfatizó García García.
La legisladora, refirió que en México durante 2021 se realizaron únicamente 625 adopciones. En este sentido, explicó las principales razones por las que no existe en nuestro país una cultura de adopción.
En primer lugar, la complejidad del cumplimiento de requisitos. Los trámites y procesos de adopción son largos, lo cual genera desinterés y que desistan de hacerlo. Otra de las causas, es la falta de datos y cifras precisas en nuestro país sobre la niñez en situación de adopción.
Las personas que buscan adoptar prefieren hacerlo en menores de cuatro años, lo cual limita la posibilidad de infantes o jóvenes de mayor edad para que encuentren una familia.
Finalmente la diputada Luz María García, invitó a todos los sectores de la sociedad a ser incluyentes y receptivos ante las necesidades de los involucrados en el proceso de adopción, sin poner en riesgo a los infantes.
Busca Ernesto Núñez exención del IEPS para productores artesanales de mezcal, charanda y otros destilados
Con el fin de incrementar la competencia y participación en el mercado de productores artesanales de cervezas, bebidas alcohólicas y destilados, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, planteó un exhorto a la Cámara de Diputados para que se exente el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a este sector productivo.
Ante la discusión sobre las reformas al artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, propuestas por diputados federales y senadores, el legislador local afirmó que se deben generar condiciones de justa competencia entre productores artesanales y quienes recurren a procesos industrializados.
Argumentó que modernizar el esquema de pago de impuestos de productores de bebidas alcohólicas artesanales es una competencia del Legislativo federal, por ello que sus representantes deben tomar en cuenta a este sector en crecimiento y que, a su vez, representa la principal actividad económica de miles de familias.
“Mi objetivo es que el Congreso de Michoacán se una a la lucha de esta reforma de gran calado, en beneficio de todos nuestros productores de mezcal, charanda, ron, cerveza artesanal y demás destilados que se producen en el estado”, destacó.
Actualmente dicha ley establece que las bebidas con una graduación alcohólica de hasta 14° (grados de alcohol por litro) pagan una tasa de 26.5%; de 14° a 20°, una tasa de 30%; y las de más de 20° se les grava con 53% sobre el precio de venta del producto a este esquema tributario se le conoce como sistema ad valorem (sobre el valor de la bebida).
Recordó que este sector artesanal ha buscado por años el impulso de este tipo de reformas, pues su actividad representa el sustento de comunidades enteras, aunado a que, para el caso de Michoacán, sus prácticas de producción ancestrales dan identidad y origen.
Precisó que a través de los foros realizados sobre la reforma, se dio a conocer que por lo menos 954 comunidades dependen de la producción del mezcal en México, tan solo una muestra de la población que se vería favorecida con la exención del impuesto.
Propone Mónica Valdez reformar Constitución General de la República en materia de inclusión
Es necesario actualizar nuestro marco normativo para garantizar desde la Constitución General de la República que las personas transgéneros, transexuales o travesti gocen de los mismos derechos que todo ciudadano tiene, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Al presentar un proyecto de acuerdo por el que se plantea turnar al Congreso Federal una reforma a la Constitución Política de México en materia de inclusión, la diputada por el Distrito de Zacapu dijo que la prohibición contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no se limita a las normas internacionales de derechos humanos.
“Todas las personas, cualquiera sea su sexo, orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a disfrutar de la protección establecida en las normas internacionales de derechos humanos, incluido el respeto al derecho a la vida, seguridad de la persona e intimidad, el derecho a estar libre de tortura, arresto y detención arbitrarios, a estar libre de discriminación y a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”.
No obstante, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recordó que las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, a menudo combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, exponen a muchas personas LGBT de todas las edades y en todas las regiones del mundo a violaciones flagrantes de sus derechos humanos.
“La protección de las personas sobre la base de su orientación sexual e identidad de género no exige la creación de nuevos derechos ni que se concedan derechos especiales a las personas LGBT”.
Mónica Valdez refirió que solo es necesario que se cumpla la garantía aplicable universalmente de no discriminación en el goce de todos los derechos.
“La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas”, recalcó.
