Se instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán para que analice, revise y fiscalice el uso y destino de los recursos públicos autorizados y ejercidos para el Ejercicio Fiscal 2019
Con la finalidad de que prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, el Congreso del Estado, aprobó que se llame a comparecer ante el Pleno del Poder Legislativo, al Titular de Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), Marco Antonio Lagunas Vázquez.
En el dictamen de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el mandatario Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional de Michoacán, señala que la comparecencia del titular de COCOTRA deberá acudir ante el Pleno del Congreso del Estado para informar sobre el desempeño de sus funciones y ejercicio de los recursos públicos, de la dependencia que tiene a su cargo.
De igual forma se aprobó exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que, en uso de sus atribuciones y facultades, instruya al Coordinador General de la COCOTRA en Michoacán, Marco Antonio Lagunas Vázquez, que informe al Congreso del Estado de Michoacán, en qué fueron aplicados los recursos destinados a la Dependencia a su cargo, en el Ejercicio Fiscal 2019, por la cantidad de 47 millones 658 mil 785 pesos.
En ese tenor, también se instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), para que analice, revise y fiscalice el uso y destino de los recursos públicos autorizados y ejercidos para el Ejercicio Fiscal 2019 de la Unidad Programática Presupuestal UPP73, correspondiente a la COCOTRA, así como, para revisar las posibles faltas administrativas cometidas por Marco Antonio Lagunas Vázquez, y que de comprobarse las mismas, se proceda conforme a la Ley de la materia.
Con esto, el Poder Legislativo de Michoacán refrenda una vez más su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la cero tolerancia a los posibles actos de corrupción que se puedan llegar a dar en la administración pública.
Propone Escobar Ledesma aumentar pena a encubridores en feminicidio
La percepción de impunidad y corrupción, da como resultado que muchas veces la sociedad se convierta en encubridores de un delito, pero en el caso de quienes encubren de manera deliberada un feminicidio, incluso con la alteración o desaparición de huellas del asesinato, deben ser sancionados, afirmó Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro.
Al presentar la iniciativa por la que se adicionan las fracciones VI y VII así como un último párrafo al artículo 280 del Código Penal del Estado de Michoacán, Escobar Ledesma explicó que se plantea el aumento en la pena desde un tercio hasta la mitad a quienes participen en la desaparición de las huellas del delito en caso de feminicidio o para quienes cometan escarnio público.
«Esta iniciativa propone una reforma en nuestro Código Penal también para cuando los encubridores del feminicida provocan escarnio públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento o publican imágenes de la víctima o alusivas a ella, con una burla tenaz, grosera e insultante expresión de desprecio, o mofa, burla o vilipendio con el propósito de afrentar o ridiculizar los hechos, el honor o sentimientos de los familiares o seres queridos de la víctima».
Aseveró que es urgente sancionar estás formas de violencia que afectan a la sociedad, principalmente a los familiares y amigos de las víctimas de feminicidio, cómo ocurrió en casos recientes.
«La comunidad tiene una falta de credibilidad y confianza en las instituciones frente a cualquier acto delictivo. La percepción de impunidad, corrupción, falta de capacidad de operación e investigación da como resultado que la gente no denuncie, provocando que la comunidad se convierta en víctima de los delitos y víctima de la impunidad. Pero también, existe una profunda falta de ética ciudadana, como ejemplo, cuando las personas guardan silencio, ante toda esa violencia realizada a nuestras mujeres, se convierten en encubridores».
Para dar certeza a las finanzas públicas, aprueban diputados 94 Leyes de Ingresos
Con un total de 94 Leyes de Ingresos aprobadas, las comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, analizaron y discutieron las propuestas presentadas por los municipios de Cherán, Copándaro, Marcos Castellanos, Nuevo Urecho, Paracho, Peribán, Puruándiro, Salvador Escalante, Tumbiscatío, Tuzantla, Tzintzuntzan, Venustiano Carranza, Zamora y Ziracuaretiro.
Al respecto, los diputados Antonio Martínez, Arturo Hernández, Cristina Portillo, Adriana Hernández, Wilma Zavala, Hugo Anaya, Octavio Ocampo, revisaron puntualmente las propuestas de dichos municipios, sobre incrementos generales en servicios como el predial, agua potable y alcantarillado, servicios en panteones, así como en costos por ocupación de la vía pública y en infracciones por violaciones al reglamento municipal.
Cabe señalar que en la mayoría de los municipios antes citados, los cabildos únicamente presentaron propuestas de incrementos que oscilan entre el 3 y 5 por ciento en comparación con las tarifas que se asignaron el año pasado, lo que sin duda fue motivo de reconocimiento y aprobación por parte de los legisladores locales.
Asimismo, algunos municipios como Zamora y Cherán no presentaron incrementos a las tarifas del año pasado, determinaciones que fueron respaldadas por los integrantes de dichas Comisiones.
De la misma manera y toda vez que faltan por estudiar las leyes de ingresos de otros 19 municipios, los diputados locales refrendaron el compromiso de no recibir alcances de leyes de ingresos que contemplen incrementos en comparación con las propuestas que habrían presentado en un primer momento.
Con estas acciones, el Congreso del Estado se mantiene como un aliado en la consigna de no realizar incrementos a los costos de servicios públicos que pongan en riesgo la estabilidad financiera de las familias michoacanas.
Fundamental consolidar la autonomía plena de la Auditoría Superior de Michoacán: Miriam Tinoco
Es fundamental consolidar la plena autonomía de la Auditoría Superior de Michoacán, de manera que pueda cumplir a cabalidad y sin presiones las funciones que le han sido encomendadas por Ley, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, destacó la importancia del trabajo del órgano fiscalizador para la supervisión y revisión del correcto ejercicio de los recursos públicos.
“Hoy la exigencia ciudadana es más puntual para la transparencia en el manejo de los presupuestos, y para ello es clave el papel del órgano fiscalizador, el cual, debe contar con todas las herramientas legales para realizar su labor sin ningún tipo de atadura”.
Subrayó que la autonomía plena de la Auditoría Superior de Michoacán adquiere tal relevancia que, no basta con que esté plasmada en el texto constitucional, sino que debe ser efectiva y materializada en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
Recalcó que la autonomía técnica implica la facultad para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior, mientras que la autonomía de gestión implica la facultad para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento.
“A todo ello se suma la autonomía presupuestal y presupuestaria, referente a la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones, que implica también que su propuesta de presupuesto tenga la garantía de que éste no será inferior al presupuesto asignado en el año inmediato anterior más el índice inflacionario”.
Miriam Tinoco apuntó que pese a ello, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado no está exenta de disposiciones que lesionan la referida autonomía, pues la misma puede verse limitada a través de las facultades que tienen la Comisión Inspectora o el Congreso en Pleno, las que tienen incidencia sobre del número y tipo de auditorías a realizar por el órgano fiscalizador.
