Cinco diputados priístas respaldaron también a Alejandro Carrillo Ochoa, funcionario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
La alianza electoral de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), volvió a la carga en decisiones vitales del Congreso del Estado: este miércoles, la suma de votos de diputados de ambos partidos, con el apoyo de cinco priístas, perfiló la designación de Alejandro Carrillo Ochoa como Fiscal Anticorrupción, pese a sus ligas con el poder público, al ser jefe del Departamento de Expropiaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Se canceló de última hora la opción que trataron de impulsar algunos legisladores, de emitir una segunda convocatoria que permitiera ampliar el abanico de prospectos para el cargo, que garantizara más autonomía e independencia.
Entre estiras y aflojes, un receso legislativo de cerca de cuatro horas y tras cinco meses de que se lanzara la convocatoria, finalmente este miércoles el Congreso del Estado designó a Alejandro Carrillo Ochoa, como titular de la Fiscalía Anticorrupción, así como a Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) especializados en materia anticorrupción.
Durante la sesión ordinaria del Congreso local, y tras varios estiras y aflojes, los legisladores decretaron un receso legislativo que duró cerca de cuatro horas, para finalmente llegar a un acuerdo entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Fue con treinta votos a favor que se designó a Carrillo Ochoa, pese a que durante la primera parte de la sesión los legisladores afirmaron ante los medios de comunicación, que no había acuerdos y aseguraron que la votación por cédula se emitiría en blanco para dar paso a una segunda convocatoria.
Ante ello, el presidente de la Comisión de Gobernación del congreso local, Mario Armando Mendoza Guzmán, lamentó la dualidad de posturas entre sus homólogos y no descartó “que una mano negra, estuviera moviendo los hilos”.
“Ese era el acuerdo hasta el día de ayer, pero el día de hoy misteriosamente alguna mano mágica movió nuevamente los hilos y las conciencias y lo vamos a ver en la votación de algunos compañeros, el pleno tiene derecho a votar, cada uno de mis compañeros tiene ese derecho, la pregunta fue si había un acuerdo, ¿por qué cambió el día de hoy?, ¿de qué se trata, de entregar el Sistema Estatal Anticorrupción?, lo pudimos haber hecho una Subsecretaria del gobierno del Estado”, criticó con ironía.
Y es que a pesar de que los legisladores habían comprometido que no había mano de los partidos políticos, se conoce que en el caso de los magistrados del TJA, Sergio Mecino Morales se encuentra respaldado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él se desempeñó como enlace jurídico en la Secretaría de Desarrollo Rural de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de 2008-2012.
Mientras que Rafael Rosales Coria estuvo en la Junta de Trabajo y fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, los perfiles del Sistema Estatal Anticorrupción, que se había prometido no tendrían afinidad política, finalmente no se cumplió.
De igual forma, se nombró a Jesús Sierra Arias en la Consejería del Poder Judicial de Michoacán.
