Sedición, nueva causa por los hechos registrados el 11 de julio en Tepalcatepec
Con la acusación de “sedición” que realizó la Procuraduría de General de la República (PGR) en contra del doctor Juan Manuel Mireles Valverde, queda claro que las instituciones de gobierno son utilizadas como instrumentos políticos para violar los derechos humanos de los mexicanos.
Lo anterior, lo comunicaron en rueda de prensa el diputado, Daniel Moncada y el abogado del doctor Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez, quienes hicieron un llamado a la PGR para replantear la acusación, la cual tiene fecha para formalizarse el 30 de octubre, con la audiencia de conocimiento mediante un juez de control.
Explicó el abogado que la PGR establece con esta acusación que los hechos que se dieron el 11 de julio del presente año, en el municipio de Tepalcatepec, cuando el pueblo protestó por la invasión del Ejercito Mexicano; son responsabilidad de Mireles, en virtud de que él subió en su cuenta oficial de twitter un video, donde supuestamente hace un llamamientos a las “autodefensas” para que asistan al municipio por una supuesta invasión militar.
Comentó el licenciado que la carpeta de investigación inició por la causa de “Apología del Delito”, cuya penalidad en México es de 180 salarios mínimos, es decir que no tiene pena corporal y por ello no puede ser judicializada.
“Cuando la PGR se da cuenta de esto, cambia la acusación y la hace por sedición; y la carpeta que abrió por los hechos del 11 de julio, la jala y la anexa con la del doctor; y ahora resulta que es una persona sediciosa”.
Lo que pretende demostrar la PGR es que por medio del llamamiento que realizó el doctor Mireles en un video, intenta derrocar las instituciones, en este caso los del Ejercito Mexicano y del Gobierno del Estado.
“Los hechos no pueden ser considerados como actos de sedición porque la manifestación se genera a través de la intromisión del Ejercito Mexicano a una propiedad privada, sin una orden de cateo y sin causa probada”, explicó Ignacio Mendoza.
En ese sentido, detalló que la defensa demuestra que en dicha movilización no existieron personas armadas, tal como declaran los militares, quienes sí ingresaron a la propiedad privada y en respuesta la propia población, mediante comunicación que tienen de radiofrecuencia empezó la movilización de apoyo.
“La defensa afirma con documentos que la PGR presiona al juez quinto, Rubén Olmeda Arreola, quien es el juez que lleva el caso por portación de armas, para que resuelva en contra de los intereses del doctor Mireles con la finalidad de revocar las medidas cautelares”, señaló el abogado.
Lo grabe, dijo el abogado, es que la PGR debe estar atenta en combatir delitos como la autorización de armas que realizó Alfredo Castillo a la población, sin embargo, queda expuesta su intención de utilizar la ley para persecuciones políticas; de lograr su objetivo, opinó que todos los mexicanos deberíamos considerar seguir en este país.
