El Congreso del Estado se apresta a avalar propuesta del Ejecutivo, que adolecería de sustento legal
Toda una polémica se cierne con el inminente nombramiento de Eduardo Orihuela Estefan como presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán.
Y es que el Congreso del Estado ha recibido una iniciativa del Ejecutivo, para que avale la designación del ex legislador priísta al frente de dicho organismo; la semana anterior fue aprobada en comisiones y la próxima se turnará al pleno.
Empero, de aprobarse, algunos integrantes del Consejo preparan un amparo para tratar de que la justicia federal invalide el nombramiento, al considerar que con él se darían varias irregularidades.
La primera, explicaron a RESPUESTA fuentes del Consejo, es que la ley que le dio origen establece que para ser consejero se requiere no haber sido servidor público o detentar cargo de elección popular en ningún orden de gobierno, cuando menos tres años antes de la postulación. Así lo cita el artículo 9, fracción quinta. En ese sentido, Orihuela estaría impedido, dado que fue diputado de la anterior legislatura local, que concluyó funciones hace menos de un año.
Luego, el artículo 18, fracción una, deja en claro que solo los consejeros pueden formar parte del Comité Directivo, y el artículo 22 puntualiza que la Asamblea General, que es el órgano supremo de decisión, será quien elija al presidente, con el voto de dos terceras partes de los miembros. La designación se someterá al Congreso del Estado para su ratificación.
En ese sentido, queda claro que el Ejecutivo no está facultado para formular tal propuesta al Congreso, explicaron las fuentes consultadas. La iniciativa enviada a los diputados por el gobernador, está basada en el artículo 36 de dicha ley, que marca que por única ocasión, y para integrar el Consejo, será el Ejecutivo el que proponga al presidente para que el Congreso lo ratifique. Empero, ese apartado solo operó cuando por primera ocasión se integró el Consejo, hace alrededor de diez años. Para las siguientes designaciones ya el Ejecutivo debe abstenerse de intervenir, porque la ley define con claridad que la propuesta de presidente la debe hacer la Asamblea del Consejo.
Y dado que parece inminente que los diputados voten a favor de la propuesta del Ejecutivo en favor de Orihuela, un bloque nutrido de integrantes del Consejo prepara ya un amparo para presentarlo en cuanto se dé dicho nombramiento, por las razones descritas.
