La diputada integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Zenaida Salvador Brígido asistió a la reunión virtual que se ofreció para mantener al tanto de las actividades que se han llevado a cabo por parte de todo el equipo. Durante la conferencia se discutió para análisis y aprobación el dictamen para crear el “Parlamento de Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo” para la participación activa de las mujeres.
La legisladora junto con sus compañeras diputadas Lucila Martínez y Araceli Saucedo aprobaron además el dictamen sobre el Cuarto informe del Estado que guarda la administración pública estatal, presentando por el titular del poder Ejecutivo del Estado.
Se acordó además, una nueva fecha para entregar la Condecoración a «la Mujer Michoacana» que debido a la emergencia sanitaria no se pudo otorgar el día 11 de marzo del presente año por lo que la nueva fecha será el 25 de noviembre de 2020. Continuando con el compromiso de las mujeres michoacanas que le dan fuerza a este Estado.
La legisladora morenista agradeció a sus compañeras de Comisión, que aunque no se encuentran en un mismo partido les es sencillo acordar y comunicarse efectivamente, tomando fuerza entre las mujeres integrantes de la misma para unirse en el trabajo que llevan a cabo. En los próximos días continuarán trabajando en las próximas iniciativas que están por llegar a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Por lo que concluyó agradeciendo a las mismas por continuar teniendo reuniones de forma presencial o virtual.
Acuerdan diputadas creación del Parlamento de Mujeres de Michoacán
Con la finalidad de analizar y dar respuesta a diversos temas prioritarios para la sociedad michoacana, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género se reunió a fin de analizar diversos asuntos pendientes de dictaminar, así como algunas iniciativas que les han sido turnadas durante las sesiones de Pleno.
En este sentido, las diputadas Lucila Martínez Manríquez, Araceli Saucedo Reyes y Zenaida Salvador Brígido, analizaron la propuesta de dictamen que por el que se crea el Parlamento de Mujeres del Estado de Michoacán, que a iniciativa de la diputada Araceli Saucedo, busca la realización de este Primer Parlamento, integrado por mujeres a partir de 30 años de edad y radicadas en Michoacán, con el objeto de debatir, revisar, promover e integrar una agenda legislativa relativa a la equidad de género, así como prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres.
Con este Parlamento de Mujeres, se busca llevar a cabo dentro del primer año de cada legislatura y en el marco el Día Internacional de la Mujer, este foro busca establecerse como un diálogo entre mujeres de diversos sectores, con la intención de generar propuestas que ayuden a poner fin a todas las formas de discriminación; a eliminar todas las manifestaciones de violencia en los ámbitos público y privado; asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, así como emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos.
En un segundo punto del orden del día, revisaron la propuesta de dictamen en torno a la Glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el titular del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y de género, derivado del cuál, consideraron que las acciones emprendidas en la materia, fueron encaminadas a lograr el respeto y la igualdad de grupos vulnerables, ello desde el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos.
Por ello, se busca exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Gobierno, redoble esfuerzos e implemente políticas públicas en beneficio de la mujer, con la finalidad de contribuir a eliminar la violencia de género en sus diferentes modalidades.
Finalmente, las integrantes de la Comisión acordaron modificar la fecha de entrega de la Condecoración La Mujer Michoacana para los días 25 de noviembre, ello en el marco de la conmemoración del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Celebra Congreso del Estado segunda sesión virtual
Con la mayoría de las y los diputados integrantes de la LXXIV legislatura, se llevó a cabo la segunda sesión virtual en el Congreso del Estado de Michoacán, en donde se abordaron diversos temas en beneficio y el desarrollo de Michoacán y de su gente.
Como una medida de prevención ante la pandemia por el virus SARS Co-V, el pleno del Congreso del Estado tomó la decisión de sesionar de manera virtual a fin de que el trabajo Legislativo en el Congreso del Estado de Michoacán no se detenga, por lo que en esta ocasión se desahogaron 29 puntos que se encontraban enlistados en la orden del día.
La sesión virtual fue transmitida por todas las plataformas digitales y las redes sociales de este Poder Legislativo, por lo que una vez más las y los diputados integrantes de la LXXIV legislatura del Congreso del Estado, reiteraron que la transparencia y claridad en los temas legislativos que se abordan es uno de los principales valores de este Poder Legislativo.
De esta forma, las sesiones virtuales se convierten en una herramienta de suma importancia para la vida pública de Michoacán y en ese sentido evitar el rezago Legislativo, así como para darle continuidad a los trabajos que se llevan a cabo en el Congreso del Estado.
Presentan reforma para garantizar intervención oportuna de autoridades ante pandemia
Para evitar improvisación y garantizar que las autoridades estatales, municipales, así como los diversos sectores sociales, cuenten con los instrumentos jurídicos para actuar de manera oportuna e inmediata ante cualquier contingencia, y con ello, salvaguardar la vida de la población, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado.
En la sesión de la LXXIV Legislatura Local que se celebró este lunes, el diputado refirió que ante los graves estragos que ha generado la pandemia causada por el COVID-19, es urgente reformar diversas disposiciones de la Ley vigente, estableciendo las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, así como de los diversos sectores sociales.
El actualizar la norma estatal, hoy más que nunca resulta urgente, sostuvo el legislador, al referir que nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes, una crisis de salud, económica y social, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de Derechos Humanos reconocidos.
En su exposición refirió que, los artículos 134 y 139 de la Ley General de Salud, señalan que el control de epidemias son facultades concurrentes entre la Federación y los Estados, sin embargo, la determinación de medidas que se requieran para la prevención y el control de dichas enfermedades, son de observancia obligatoria por los particulares, además de que no considera la figura jurídica de pandemia.
Atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre adoptar medidas urgentes y acertadas para combatir esta pandemia, estableciendo una gestión integral de riesgos sanitarios y civiles, que atiendan cualquier contingencia de salubridad y sociales de manera adecuada, ordenada y oportuna, es que este lunes se presentó la iniciativa.
Para ello, es necesario que nuestra legislación contemple la figura jurídica pandemia, a fin de que ahora, y cuando ocurra cualquier acontecimiento de tal naturaleza, se pueda intervenir.
En la iniciativa que presentó Tony Martínez este día, se establece que los ayuntamientos, albergues, centros penitenciarios, de readaptación, centros de reunión, de espectáculos, patronatos de salud rurales, sector privado y social, vendedores, y locatarios –entre otros, estarán obligados a acatar las medidas emitidas por las autoridades de salud.
Así también, los cementerios o panteones, en caso de muertes que deriven de epidemias, pandemias o enfermedades transmisibles, cuyo riesgo de propagación sea alto, la Secretaría emitirá medidas sanitarias excepcionales de control sanitario.
En caso de desastres naturales, urgencias epidemiológicas o pandemias, los planteles educativos contarán con protocolos específicos para la prevención, contención o atención. Para ello, contarán con la asesoría de la Secretaría.
Asimismo se establecen sanciones para las autoridades sanitarias, quienes serán suspendidas de forma inmediata, en caso de que se compruebe el incumplimiento en su labor y también se define que en el caso de declaratoria de Pandemia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, implementará como medida de seguridad sanitaria, un sistema de fases de observancia general y obligatoria, con la finalidad de darle seguimiento al promedio global de casos, la evaluación continua y gestión del riesgo, la velocidad de propagación y severidad de la pandemia, por medio de distintas fases que se especifican en la iniciativa.
Plantean facilitar tipo penal del feminicidio para garantizar justicia a las mujeres
Con la finalidad de facilitar la integración de una carpeta de investigación y garantizar la aplicación de justicia cuando se trate de un feminicidio, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, planteó una propuesta de modificación al Código Penal del Estado.
Para Ernesto Núñez resulta de gran trascendencia fortalecer el tipo penal del feminicidio ante la otra pandemia que está viviendo México, la de los asesinatos de mujeres, ya que es una realidad lacerante en la que ocultar su estadística, prevalencia, e incidencia es tanto como negarla, calificando este acto de violencia como el más grande en contra de la mujer.
La enmienda de reforma a los artículos 120, 122, 124 y 135 busca un cambio del tipo penal para que el Ministerio Público tenga mayor facilidad en la introducción de elementos de prueba en la carpeta de investigación y por consecuente se obtenga un resultado punitivo en una sentencia acusatoria por el delito de feminicidio.
Hasta el mes de abril, en México el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un total de 632 crímenes contra mujeres, de los cuales 466 casos fueron de homicidios dolosos y 166 fueron tipificados como feminicidios.
“Facilitar la acusación supone un doble propósito: lograr la integración de la carpeta de investigación con pruebas suficientes; y segundo, no permitir que una construcción deficiente del tipo penal permita que los sujetos activos resulten sin castigo, cuando en los hechos han provocado la muerte de una mujer”, subrayó el diputado local en sesión virtual.
En su propuesta, Núñez Aguilar expone que ahora el tipo penal básico de feminicidio podrá ser considerado calificado, lo cual redundará en un aumento general de la pena; por necesidad será considerado como doloso (en cualquiera de sus formas); propone el concepto “quién”, lo cual, permite que cualquier persona pueda ser responsable del delito.
Mientras que el verbo rector será “privar de la vida”, advirtiendo que el asesinato puede perpetrarse en cualquiera de sus formas; y también que el sujeto pasivo siempre será una mujer, materializando así el bien jurídico tutelado: la vida de cualquier michoacana.
Finalmente, el diputado del Partido Verde llamó a sus compañeras y compañeros legisladores para que el estudio de la iniciativa sea ágil y así Michoacán avance en el camino de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas, a fin de no dejar de dar pasos hacia la justicia y construcción de un sistema garante de sus derechos.
Presentan reformas para eliminar obstáculos para ocupar cargos públicos
Para eliminar los obstáculos que impiden a la población ocupar un cargo público, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó una iniciativa de reformas a varias leyes y a la Constitución Política del Estado, para armonizar de manera integral la legislación estatal y con ello, modificar el requisito de ser mexicano por nacimiento.
En la sesión virtual, resaltó que estas modificaciones son necesarias para garantizar la igualdad, al establecer que los cargos públicos pueden ser ocupados por ciudadanas o ciudadanos mexicanos, dando acceso a todas las personas que quieran ocupar un cargo.
Hizo mención que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el requisito de nacionalidad por nacimiento contraviene los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho convencional al que se hace referencia, ya que el artículo 32 constitucional debe interpretarse a la luz del artículo 1° Constitucional, de acuerdo con el cual debe preferirse la interpretación que evite discriminaciones entre mexicanos.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, subrayó que, es necesario homologar los ordenamientos estatales con la legislación nacional, conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de enero del 2020, referentes a invalidar el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos.
“Por eso estamos proponiendo eliminar dicho requisito, modificando los textos establecidos en la Constitución del Estado y la legislación secundaria estatal”, sostuvo el legislador en la sesión de este lunes.
Para lograr dicho fin de atender tanto el principio de igualdad y no discriminación, así como el de paridad de género, resaltó que se propone la modificación de la redacción para pasar de decir “mexicano por nacimiento” a “mexicana o mexicano”, y para los casos contemplado en los preceptos a modificar “michoacano” por “michoacana o michoacano”.
En la Constitución del Estado y las leyes reglamentarias materia de la iniciativa, en los que se propone se elimine el requisito de nacionalidad por nacimiento son: diputado; Secretario de Gobernación del Estado; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Presidente, síndico y regidor; Contralor del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral; Contralor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Director general del Organismo para el Desarrollo Integral de la Familia; Miembro de la Junta Directiva, de la Dirección de Pensiones Civiles; Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Rector, Consejero representante de los maestros y Consejero representante de alumnos de la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Investigador titular e investigador adjunto del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado; Titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial; Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica; Miembro del Consejo de participación ciudadana, de Seguridad pública y para ingresar a las Instituciones de Seguridad pública.
“La nacionalidad es considerada como uno de los derechos humanos esenciales de las personas, toda vez que implica el acceso a un conjunto importante de las garantías que el Estado debe salvaguardar”.
En Michoacán, el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos o comisiones en la función pública, primeramente en la Constitución Política del Estado se establece en el artículo 23, para el caso de ser diputado, en el 63 para secretario de gobernación, en el 76 para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en el 119 para presidente, síndico y regidor municipales, requisito que para el caso de ser gobernador del Estado no se contempla, y por lo que ve a la legislación reglamentaria en 10 leyes estatales se contempla dicho requisito para ocupar diversos cargos públicos.
Con apoyo de la ciencia y tecnología, Michoacán puede enfrentar contingencias de manera efectiva
Para que Michoacán pueda hacer frente con mayores herramientas y una legislación fortalecida, ante cualquier contingencia sanitaria, al hacer uso de manera plena de la ciencia y la tecnología, para diagnosticar, controlar y prevenir de manera oportuna cualquier enfermedad, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez presentó una iniciativa de reforma.
Este día en la sesión ordinaria virtual, la diputada local presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, y resaltó que es indispensable que en la entidad se fortalezca la legislación, y así poder hacer frente a cualquier emergencia sanitaria o pandemia, como la que hoy se vive por el Covid-19.
Por ello, en su iniciativa plantea que se realice un programa, para poner a disposición de los ciudadanos mecanismos basados en la aplicación de la inteligencia artificial, para diagnosticar enfermedades, con el apoyo de diversas universidades, institutos y áreas de investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías.
En ese contexto, el CECTI deberá coadyuvar con el CONACYT en la estrategia nacional que tiene como finalidad ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional.
Además de coordinar esfuerzos en la elaboración y desarrollo de proyectos que promuevan el buen uso de la inteligencia artificial de alto impacto económico y social, esto por medio de un texto completo, en formatos digitales.
Wilma Zavala se pronunció por el impulso de proyectos de inclusión tecnológica y contemplar a la inteligencia artificial como un instrumento indispensable para el sector salud, con el único fin de salvar vidas.
En ese sentido, hizo referencia que la omisión en las políticas públicas, conlleva profundas consecuencias en el fortalecimiento de la salud pública, ya que éste contribuye indudablemente en la parálisis parcial del desarrollo económico, lo que afecta gravemente a toda la población, principalmente al sector social más vulnerable, como hoy se vive por la contingencia sanitaria por el Covid-19.
Esta iniciativa tiene como fin garantizar el buen uso de la tecnología, con lo que se lograría identificar de manera pronta los medicamentos que ya existen y son accesibles, para que puedan ser utilizados como tratamientos en diversas enfermedades o en pandemias como la que hoy se vive por el Covid-19.
Además, que con dicha propuesta se busca fortalecer al sector salud en beneficio de la población, también se apuesta a generar nuevos ingresos, por los resultados que se obtengan.
Proponen que padres aporten pensión económica obligatoria desde el embarazo
El diputado local Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa con la finalidad de que sea obligatoria la pensión a la mujer embarazada, aun cuando no exista ningún vínculo civil entre el progenitor y la misma, de manera que la obligación alimentaria obedezca a la corresponsabilidad en la procreación.
El legislador petista indicó que con esta propuesta y por ende obligatoriedad, se tendría una gestación garantizada para el producto, así el progenitor tendrá a su cargo el pago de esa pensión durante el embarazo, pues el hombre tiene la obligación de ejercer con responsabilidad su sexualidad.
“La propuesta legislativa implica la ampliación de la prestación económica mensual a la mujer embarazada a partir de que ésta tenga conocimiento de su embarazo, durante la gestación del producto y hasta seis semanas después del parto de la mujer, mientras los gastos no estén cubiertos de otra manera”, añadió.
Gaona García, refirió que con esta propuesta se garantizaría los derechos del concebido y se reconozca el respeto absoluto al derecho a la vida y por ende respeto a la dignidad humana, pues dijo que hay un gran indicio que muchas de las conductas de una mujer que está embarazada y enfrenta la maternidad sola es por la gran irresponsabilidad por parte del varón.
“Con esta modificación al Código Familiar del Estado se lograría una mejor protección a las mujeres embarazadas, además de la obligación por parte del progenitor a hacerse cargo de un hijo, desde la concepción y durante todo el embarazo, garantizando a las mujeres una maternidad sin riesgos para su salud, lo que implica contar con la accesibilidad a los servicios de salud y atención al embarazo, además de los recursos económicos para hacer frente a las necesidades que derivan del embarazo y después del parto”, dijo el legislador petista.
Añadió que los especialistas en género, señalan que justamente una razón de la feminización de la pobreza es a causa del abandono que sufren los hijos desde el embarazo, es justamente lo que pretende está iniciativa, generar condiciones de equidad entre hombres y mujeres al momento de la concepción.
Presenta diputada iniciativa de ley en la sesión virtual
En la Sesión ordinaria virtual, que llevó a cabo el Congreso del Estado, la Diputada, Local, Sandra Luz Valencia, del XXIII Distrito Electoral, (Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro y Apatzingán), presentó, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, misma que suprime el lenguaje masculino, que se maneja en ésta Ley, sustituyendolo por un lenguaje inclusivo o neutro que erradica términos sexistas, la reproducción de estereotipos de género y frases discriminatorias misóginas, para que se visibilice a las mujeres y a miembros de la Comunidad LGBTTTIQ+.
Se reforman también artículos para nombrar las diferentes vacantes, responsabilidad del Congreso, reduciendo los términos que actualmente están establecidos en dicha Ley, entre otras modificaciones. La Iniciativa de la Legisladora Apatzinguense, fue turnada a las Comisiones de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad Sustantiva y de Género.
Proponen que la paridad de género esté en Código Electoral
A fin de no permitir lagunas en el marco jurídico electoral que frenen la participación efectiva de la mujer, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado, para que se incluya en las recientes reformas avaladas del Congreso del Estado la paridad de género.
Con pasos firmes y una legislación fortalecida, recalcó que el Congreso del Estado debe refrendar su compromiso con las mujeres, garantizando en el marco normativo sus derechos y dando cumplimiento al mandato federal.
La paridad de género asegura la igualdad entre los géneros, por lo que se debe incluir en el Código Electoral esta igualdad que en principio es normativa, se traduzca en un verdadero acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
En la sesión virtual celebrada este lunes, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, propuso establecer en su en el marco normativo el concepto de paridad de género, entendiéndose ésta como la igualdad política entre hombres y mujeres, y se garantice con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.
Lucila Martínez dijo que, la paridad de género en el ámbito político busca lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder, así también en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, por lo que el Congreso del Estado debe hacer lo que le corresponde.
La legisladora señaló que la paridad debe ser una realidad y estar reflejada plenamente en el Código Electoral, en donde el Congreso Local es el responsable de confeccionar el andamiaje normativo.
“Se debe armonizar nuestro marco normativo con el ordenamiento recién aprobado, el cual estriba en precisar que la violencia política contra las mujeres es toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, o el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Con dicha reforma se fortalece la defensa de todas, al establecer que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
