Administración federal priísta, ha sido calificada como una de las que registra mayores irregularidades en materia de corrupción
En medio de la ola de corrupción que ha enmarcado a la actual administración tricolor, el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, anunció la presentación de una iniciativa de Ley de Extinción de Dominio para el combate al narcotráfico y la falta de transparencia.
Así lo dejó de manifiesto, durante su visita a la capital del Estado, para llamar a los priístas a cerrar filas rumbo a la presidencia de la República.
“Una ley de Extinción de Dominio que nos permita con agilidad, eficacia y transparencia, quitarles a los corruptos y criminales sus recursos, esa iniciativa hace algo que es complementario, porque el delincuente y el corrupto usa el dinero para defenderse, usa el dinero mal habido para encontrar una ventaja en sus procesos judiciales, lo primero que tenemos que hacer con el delincuente y el corrupto es que si no puede explicar de dónde sacó el dinero, sino puede explicar su origen lo tiene que regresar”, enfatizó.
Meade Kuribreña se presentó en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, que incluso limitó el acceso a cuadros destacados del priísmo en Michoacán y a los propios medios de comunicación.
Al más puro estilo presidencial, acompañado de un sequito de guardaespaldas y personal de seguridad encubierto, Meade aseguró ser el candidato más cercano al pueblo.
El presidente del tricolor en el Estado, Víctor Silva Tejeda, aseguró que durante la pasada elección presidencial, Michoacán otorgó 750 mil votos a Enrique Peña Nieto y garantizó que en esta ocasión alcanzarán la misma cifra para Meade.
Mientras el precandidato presidencial priísta, presume que de arribar a Los Pinos, combatirá la corrupción, recientemente a nivel nacional se han publicado investigaciones que señalaran a la administración tricolor, con el mayor número de irregularidades.
Una de las investigación reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares, de estas 128 compañías son fantasma y el fraude llegaría a los 192 millones de dólares.
