Presentan proyecto de decreto para abrogar la Ley de Arancel de Abogados en Michoacán, publicada en el año 1953 y la cual consideran obsoleta
El legislador panista, Oscar Escobar Ledesma presentó una iniciativa para fijar precios en las tarifas de abogados, las cuales podrían alcanzar de los 860 pesos hasta superar los 2 mil 500 pesos, tan solo por una consulta jurídica vía telefónica o incluso a través de redes sociales.
Fue durante la sesión ordinaria de este martes, que el diputado albiazul, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para abrogar la Ley de Arancel de Abogados en Michoacán, publicada en el año 1953 y la cual consideró obsoleta y por consiguiente necesario que se modifique para dar certeza en el costo de dicha actividad.
Escobar Ledesma estableció que las cantidades o cuotas de honorarios debe establecerse en Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el objetivo de que la nueva legislación no vaya quedando anacrónica con el paso del tiempo, como el arancel vigente que establece que los abogados cobran centavos.
Durante la exposición de motivos, el panista argumenta que la intención es dignificar la labor de los abogados, imponiendo cuotas que van desde los 860 hasta los 2 mil 500 pesos, tan solo por una asesoría telefónica con un abogado, indistintamente de que el cliente se sienta satisfecho y contraté los servicios del jurista.
La propuesta del blanquiazul, se encuentra enfocada a proteger el bolsillo de los juristas con cuotas que tienen como un mínimo las 10 UMAS por una llamada telefónica, sin embargo, no toca los derechos de los clientes, para que los abogados se vean impedidos a alargar los juicios para incrementar el monto a cobrar, al igual que tampoco les exige la entrega de resultados.
Escobar Ledesma propuso que las cuotas y condiciones de pago sean convenidas con el cliente, pero omite responsabilizar a los juristas de presentar resultados y pruebas de su labor, para impedir que cobren sin realizar el trabajo convenido.
En un país con difícil acceso a la justicia y donde los juicios pueden llevarse años, la propuesta panista no establece, que de perderse el caso, habrá un descuento para el cliente y a la par tampoco impone fechas para que los abogados presenten resultados en el juicio interpuesto.
De las cuotas generales, el legislador panista, propone que un abogado pueda cobrar por asesoría previa sea en su despacho o fuera de él, por conferencia telefónica, redes sociales, verbales o escritas desde los 860 hasta los 4 mil 344 pesos, cifra correspondiente a la UMA del presente año.
Sí la consulta es fuera del despacho, el abogado podrá cobrar por hora hasta 2 mil 500 pesos y sí está se da en fin de semana o día inhábil, la cuota puede alcanzar los 6 mil pesos, únicamente por una asesoría.
Tan sólo por la redacción de un convenio privado que evite la tramitación de un juicio, el jurista puede alcanzar un cobro superior a los 8 mil 600 pesos, por la redacción de un contrato laboral desde los 2 mil 580 pesos, hasta los 4 mil 300.
La iniciativa propone cuotas para cada uno de los trámites que se realizan dentro de un juicio, desde la formulación de demandas, denuncias, quejas, cualquier documento, procedimiento, amparo, contestaciones por escrito, sí los actos procesales mencionados en las fracciones anteriores, conlleva obligaciones de ofrecer prueba, diligencia de emplazamiento al demandado, promoción o contestación a incidentes, desahogo de pruebas, entre muchos otros más, sin embargo, no toca o protege los derechos de los clientes.
El legislador panista, propuso que los amparos en materia penal, fiscal y administrativa puedan alcanzar una cuota de mil UMAS, es decir, un costo superior a los 86 mil pesos.
Además, protege a los abogados del costo que les implique el traslado, viáticos, asistencia a juntas, audiencias, diligencias, entre muchos otros.
