La diputada por el distrito XIII Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa donde propone medidas para los trámites medios alternativos de solución “en Michoacán existe una contradicción legislativa que violenta el principio de confidencialidad” agregó la legisladora.
“En la administración de la justicia es evidente la saturación de asuntos que impiden a los ciudadanos tener respuesta rápida a asuntos legales” expuso la diputada Zenaida. Además aseguró, que la legislación estatal debe reglamentar y regular correctamente la aplicación de estos mecanismos para solucionar de manera eficaz los procesos.
Dentro de los elementos a contener en un acuerdo reparatorio en los medios alternativos de solución, se requiere la firma de dos testigos. La diputada morenista mencionó que aunque no son parte del mecanismos de solución los testigos ni del proceso de mediación, deben ser parte del convenio o acuerdos reparatorios, “los testigos deben firmar sin conocer el acuerdo, puesto que no fueron parte de este proceso” expresó Salvador Brígido “esto produce una contradicción a nuestra normativa, rompiendo de lleno con el principio de confidencialidad y a su vez complicando el trabajo de los facilitadores, encargados de llevar a buen puerto estos mecanismos alternos.”
La iniciativa de la legisladora se presentó para eliminar el elemento de forma de los testigos “así ser congruentes, con la legislación, sus principios rectores y la voluntad entre los interesados pues de esta manera se atiende al criterio de discreción en los procedimientos de conciliación” concluyó la diputada Salvador Brígido.
Proponen fideicomiso público y privado para jóvenes talento del estado
Con la finalidad de que Michoacán cuente con un registro estatal de jóvenes talentosos para hacerlos visibles y sujetos de derechos, así como promover en sinergia con la sociedad, el desarrollo en las actividades donde son destacados, haciéndolos que participen en actividades y proyectos de vanguardia en cada una de sus áreas, accediendo a becas y a los distintos apoyos y financiamientos públicos y privados, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa de reforma.
En sesión ordinaria virtual, el diputado local presentó una iniciativa que reforma los artículos 6 y 14, y se adiciona una fracción X al artículo 6, así como los artículos 6 bis y 6 ter de la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD propone que las autoridades correspondientes proporcionen estímulos a los jóvenes que cuenten con promedio general sobresaliente, destaquen en actividades deportivas, culturales, artísticas o cívicas y que contribuyan al desarrollo integral del estado.
Con ello, resaltó se busca impulsar y apoyar a los jóvenes en Michoacán, al crearse el registro estatal de quienes sobresalgan y destaquen en diversos rubros, se les otorgue un estímulo, para que sigan cristalizando proyectos.
Octavio Ocampo se pronunció por apoyar a los jóvenes desde la legislación, para que participen en actividades y proyectos de vanguardia en cada una de sus áreas, y con ello puedan acceder a las becas y demás apoyos y financiamientos.
Propone que se cree un sistema de becas, estímulos e intercambios académicos que promuevan, apoyen y fortalezcan el desarrollo educativo de la juventud, en armonía con el registro estatal de jóvenes talento del estado.
“Los jóvenes requieren de mayores apoyos para que puedan sobresalir y cristalizar sus sueños, metas y propuestas, más ante las dificultades que se enfrentan, colocándolos en vulnerabilidad, se requiere de su impulso, para que nuestros talentos formen parte de este registro estatal y se les apoye”.
Por ello, con esta propuesta se busca también el incrementar las capacidades del estado a través del impulso juvenil, será una herramienta clave de progreso de nuestro estado, pues ellos son un pilar fundamental para nuestro crecimiento, por lo que es necesario crear mecanismos para su motivación.
Asimismo, con esta reforma se aporta a que los jóvenes no pierdan el interés de continuar con su formación académica, al tener acceso a becas para que puedan realizar todos sus proyectos, por lo que, consideró se debe impulsar sus capacidades y talentos, con lo que también se contribuye al desarrollo del estado, ya que los beneficiarios con los estímulos tendrán lo necesario para poner en marcha proyectos.
El diputado local por el Distrito de Huetamo dijo que, “una de las principales barreras que limitan la potencialidad de las y los jóvenes de convertirse en agentes de cambio es el nivel de pobreza que enfrentan y los orilla a desertar. Por ello, con estas reformas se busca promover que las instituciones gubernamentales fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud”.
Precisa que las modalidades de becas, estímulos educativos y apoyos financieros serán para quienes no reciban ningún apoyo y para ello, se tendrá que elaborar un registro estatal de los jóvenes talentos del Estado, el cual tendrá la intención de tener el reconocimiento público por ser becarios y abrirá la posibilidad de que el fideicomiso participe de donaciones del sector social y privado.
De prosperar la propuesta, será la Comisión Interinstitucional la que se generará un fideicomiso para el manejo de los fondos presupuestados para becas, estímulos económicos y apoyos financieros de manera independiente, que asegure la optimización de los recursos financieros, permitiendo el ingreso de participaciones o donaciones económicas, facilitando la atención permanente y continua de las solicitudes de becas, estímulos educativos y apoyos financieros independientemente del inicio o finalización del ciclo escolar.
Tras la presentación de la iniciativa, varios diputados de las distintas fuerzas políticas suscribieron la propuesta, ante lo que Octavio Ocampo agradeció el respaldo y compromiso de la LXXIV Legislatura para impulsar a los jóvenes.
Proponen que despido injustificado de mujeres sea clasificado como violencia laboral
Esta contingencia sanitaria por el Covid-19, visibiliza que en Michoacán y en el país se debe ampliar la protección a las mujeres jefas de familia, para garantizarles por Ley, su protección al trabajo, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso Local, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado.
Durante la sesión virtual, la legisladora presentó la iniciativa en la que plantea que se considere como violencia laboral, el despido injustificado por razón de género, y se otorgue un seguro de desempleo a las mujeres, quienes se encuentren en dicha situación.
La diputada por el Distrito de Pátzcuaro resaltó que, es urgente que se implementen acciones emergentes y políticas públicas que ayuden a las mujeres, durante y después de esta contingencia por el COVID-19, ya que el impacto económico que esta situación va a dejar será devastador, por ello la importancia de esta iniciativa.
“Es complicada la situación que están viviendo desde sus hogares y la falta de trabajo o sustento económico, es también una forma de violencia contra la mujer, por lo que debemos fortalecer nuestra legislación”.
Con esta reforma, Araceli Saucedo propone que se implementen y fortalezcan las políticas públicas en materia laboral, en beneficio de las mujeres jefas de familia en situación vulnerable en Michoacán.
Además, se instruye a elaborar el proyecto de Programa Estatal con sus Ejes de Acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal.
Se establece que se debe considerar dentro del Programa Estatal, un plan de apoyo emergente de desempleo en beneficio de mujeres jefas de familia en situación vulnerable, otorgando un seguro de desempleo, cuando por causas de fuerza mayor o ajenas a su persona, no puedan desempeñar sus actividades laborables.
Lo anterior se realizará de acuerdo a las condiciones presupuestarias del Ejecutivo del Estado, quien determinará los lineamientos bajo los cuales deberá regirse el programa de apoyo, subrayó Araceli Saucedo.
En la iniciativa se establece que la titular de SEIMUJER deberá fungir como secretaría ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres por razones de género, y quien impulse las propuestas de la política de sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres.
Además, se deberá registrar e integrar los programas y los modelos estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración Pública Estatal y Municipal.
De la misma forma, se tendrá que impulsar la armonización jurídica en materia de violencia de género contra las mujeres, en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales, así como establecer los indicadores de desempeño para la evaluación de la Administración Pública Estatal y sus servidores públicos en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.
En la iniciativa se establece que se tiene que capacitar y sensibilizar al personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para proporcionar una atención con perspectiva de género, en especial la atención urgente a las mujeres víctimas de la violencia.
Aunado a impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia; refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, así como centros de atención psicológica y reeducación a los agresores evaluando las formas y modalidades del abordaje psicoterapéutico, entre otras acciones.
Proponen dotar de facultades a Ejecutivo Estatal para declarar emergencias sanitarias
Es primordial dotar constitucionalmente de facultades al Ejecutivo del Estado para declarar emergencias sanitarias dentro del territorio michoacano, dictando de inmediato medidas indispensables, para prevenir y combatir los daños a la salud, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello, el legislador presentó este jueves ante el Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Constitución del Estado, de manera que ésta contemple dicha facultad con la que el Ejecutivo garantizará la protección a la salud, incluyendo vacunación, aislamiento, cuarentena, distanciamiento social y las demás que se consideren necesarias, ante epidemia de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades transmisibles.
El líder de la bancada perredista puntualizó que la declaratoria se daría previo acuerdo con el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal y, en su caso, con el Ayuntamiento respectivo.
“Si una enfermedad transmisible, amenaza con convertirse en un peligro grave en el ámbito territorial de una entidad federativa, las autoridades de ésta, en ejercicio de las facultades reservadas de que gozan conforme a la lógica del artículo 124 de la Constitución General de la República, pueden perfectamente dictar medidas de seguridad sanitaria que les correspondan conforme al orden jurídico local”.
Antonio Soto Sánchez apuntó que las impugnaciones jurídicas, se han convertido en un deporte nacional, y refirió que Michoacán no es la excepción, ya que muchos abogados han intentado, sin éxito, combatir con amparos judiciales las decisiones del Ejecutivo Michoacano.
“Por fortuna los decretos administrativos emitidos por el Gobernador del Estado, en cuanto al aislamiento obligatorio han logrado su objetivo al contener, atender y aliviar, en el mayor número de casos, el dolor de aquellos niños, jóvenes, adultos y ciudadanos de la tercera edad”.
Subrayó la obligación del Poder Legislativo para coadyuvar con la aprobación de mejores herramientas jurídicas consignadas la Constitución Local, para que el Primer Mandatario del Estado de Michoacán, pueda garantizar con mayor efectividad la protección a la salud.
“Esta iniciativa tiene como fin dotar al Poder Ejecutivo del Estado de la facultad Constitucional de actuar, ante una epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles que afecten al estado en parte o en su totalidad, para declarar el estado de emergencia sanitaria y dictar inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, incluyendo vacunación, aislamiento, cuarentena, distanciamiento social y las demás que sean necesarias”.
Hizo hincapié que tales medidas deberán fundamentar mediante decreto la contingencia sanitaria; su ámbito territorial que podrá ser todo el estado o parte de él; vigencia, temporalidad y en su caso, prórroga sucesiva; establecer el por qué las medidas son proporcionales a la amenaza a que se hace frente.
Finalmente, dijo “debemos reconocer el trabajo, conocimiento jurídico y consciencia ciudadana de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que han atendido con prontitud y en forma expedita, la resolución de conflictos bajo los principios de la lógica, sana crítica y experiencia, en el contenido de sus sentencias, que han otorgado certeza jurídica a las decisiones del Gobernador, y al interés general de la población, siendo este la protección a la vida y a la salud de los michoacanos”.
Proponen hasta siete años y medio de prisión para quienes usurpen funciones como médicos
Hasta siete años y medio de prisión para quienes usurpen funciones como médicos, es la propuesta de la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, quien propuso este jueves una reforma al Código Penal del Estado.
De manera particular la legisladora se refirió a la medicina estética, sobre la que refiere que hoy día es bastante común que personas no certificadas para ejercer esta especialidad, apliquen tratamientos invasivos o incluso lleguen a realizar cirugías plásticas, provocando resultados desfavorables y algunas veces irreversibles en la salud de los pacientes.
Es así que consideró sumamente necesario que tanto el gobierno como la sociedad, trabajen en coordinación para que este tipo de prácticas tan graves como deshonestas sean erradicadas, pues su ejercicio además de ocasionar graves daños a la salud física, psicológica y económica de los pacientes y su familia, crea un ambiente de incertidumbre social y competencia desleal que afecta además a los profesionistas preparados, aptos en la materia y acreditados en la materia.
Además explicó que la propuesta de reforma tiene también la finalidad de evitar; que todas aquellas personas que desempeñen o aspiren a desempeñar cargos públicos, se ostenten o ejerzan como profesionistas o signen documentos públicos con el carácter de una profesión o nivel académico sin haber cursado los estudios y haber obtenido los documentos que legalmente lo acrediten.
“En nuestro país, y por supuesto en nuestro Estado, no es ético ni jurídicamente permitido atribuirse el carácter de profesionista u ostentarse con algún grado académico sin tenerlo formal y legalmente; en lo que se refiere a la ética, atribuirse tal carácter, implica ser una persona incongruente o deshonesta”.
Lucila Martínez Manríquez recordó que la Ley de profesiones del Estado establece que toda persona que haya concluido los estudios correspondientes en una institución educativa con reconocimiento de validez oficial o demostrado tener los conocimientos necesarios para obtener un título profesional expedido por instituciones legalmente reconocidas, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, que lo faculte para el ejercicio de su profesión.
“Esta propuesta tiene como finalidad incrementar las penas para quien o quienes mediante el engaño desempeñen u ofrezcan pública o particularmente, sus servicios profesionales sin contar con un título o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada; plantea que estas mismas penas se endurezcan para aquellos que ejerzan una rama de la medicina que requiera especialidad para su ejercicio, o cuando se trate de funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones o con la finalidad de asumir algún cargo, se ostenten como profesionistas, sin contar con los documentos que legalmente lo acreditan”.
Por ello, en la iniciativa de reforma de Lucila Martínez se establece que quien sin tener título profesional expedido por una institución educativa con reconocimiento de validez oficial de estudios o autorización para ejercer por la autoridad competente, desempeñe u ofrezca pública o particularmente sus servicios profesionales, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
Estas mismas penas se aplicarán a quien sin ser funcionario público se atribuya ese carácter o ejerza funciones como tal. Las penas señaladas se aumentarán hasta en una mitad cuando: se ejerza una rama de la medicina que requiera especialidad para su ejercicio; al Servidor Público que en uso de sus funciones, o con la finalidad de ocupar cargo público se ostente como profesionista, sin contar con el título legalmente expedido.
Y en lo que se refiere a la práctica indebida del servicio médico, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, a quien teniendo la calidad de médico, sin autorización del paciente o de quien legítimamente pueda otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital.
Sesiona Congreso del Estado de manera virtual por tercera ocasión
La LXXIV legislatura del Congreso del Estado, sesionó de manera virtual por tercera ocasión, con la presencia de la mayoría de las y los legisladores, en donde desahogaron 18 puntos enlistados en la orden del día, la transmisión de la misma se dio por los medios digitales oficiales de este Poder Legislativo.
Con participación, prácticamente de todos los grupos parlamentarios, la LXXIV legislatura refrendó el compromiso de continuar en constante trabajo con la finalidad de darle continuidad a los trabajos legislativos y que no haya una parálisis en este Poder.
En acato a todas las medidas sanitarias que han estipulado las autoridades locales, federales e internacionales ante la presencia de la pandemia del Covid-19, las y los diputados integrantes de esta LXXIV legislatura coincidieron en que seguirán con las diversas actividades legislativas en beneficio de las y los michoacanos.
Así pues, quienes integran esta LXXIV legislatura señalaron que el uso de la tecnología es una herramienta para que no se paralicen los trabajos, aunque reconocieron que falta perfeccionar las diferentes estrategias para generar una comunicación más eficaz y clara.
“Ley machote” hará oídos sordos ante la diversidad de las realidades de Michoacán
En Michoacán tendremos una Ley de Educación que hará oídos sordos ante la diversidad de realidades de nuestro estado, una Ley que no fue exhaustivamente dialogada ni construida con los sectores a los que pasará a afectar; pero que tampoco está considerando en su diseño los distintos contextos y necesidades de la población que se supondría debía beneficiar, aseguró la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez.
La legisladora petista, presentó un posicionamiento en la sesión virtual que se llevó a cabo este jueves, en torno a las diversas inconsistencias que se han encontrado en la Ley General de Educación de Michoacán o mejor conocida como la “Ley Machote”, que es una copia de la Ley Marco que se elaboró en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.
“Tenemos la oportunidad de contextualizar, territorializar y regionalizar la educación a las necesidades de nuestros representados a partir del diálogo y la construcción conjunta con las comunidades, con los sectores magisteriales, con los académicos y activistas avocados al tema educativo, con los padres y madres de familia organizados, sin embargo, no se ha hecho así”, añadió.
En ese sentido, la legisladora por el distrito 20 de Uruapan, puntualizó que en el GPPT se niegan a profundizar el centralismo educativo implementado en las últimas décadas a costa del derecho de millones de niñas, niños, adolescentes y de la ciudadanía en general, que desplaza a los sujetos de derecho para estandarizar y monetizar el Sistema Educativo, que no distingue realidades y necesidades diferenciadas.
“Reprochamos y nos negamos a posponer los derechos de niñas y niños a contar con educación desde sus primeros meses de vida por el argumento tecnócrata de quienes sólo saben hablar de la imposibilidad y los límites del presupuesto. Reprochamos y nos negamos a contar con una Ley de Educación hecha sin la debida consulta a quienes tienen el derecho colectivo, constitucional y convencionalmente establecido, de ser consultados”, finalizó.
Brote de COVID-19 y la “infomedia”, retos a vencer en medio de emergencia sanitaria
A evitar el pánico, la confusión y la difusión de noticias falsas para mantener unida a la población en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus llamó el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, al advertir los riesgos de la otra pandemia, la “infodemia”.
En momentos de incertidumbre por las diversas afectaciones que trajo consigo la enfermedad del COVID-19, Núñez Aguilar resaltó la necesidad de mantener la esperanza y solidaridad en lugar de la desesperación y división, ya que no sólo se lucha contra la propagación de un virus, sino de información errónea que provoca desconfianza entre las y los ciudadanos.
“Como sociedad tenemos la necesidad de estar adecuadamente informados para evitar el pánico y la confusión, mantener unida a la población para que cumpla con las medidas de contención de la pandemia, ya que la ola de noticias falsas se ha disparado en forma considerable durante esta emergencia”, subrayó en sesión legislativa virtual.
Si bien el diputado local por el Partido Verde reconoció la importante labor que medios de comunicación han desempeñado para informar verazmente y combatir las noticias falsas, insistió en el papel que debe cumplir la ciudadanía para prevenir que por redes sociales y cadenas de texto (vía WhatsApp u otras aplicaciones) se difunda información errónea.
“Las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias falsas generen caos, incertidumbre y pánico, derivando en una crisis sanitaria aguda”, advirtió Núñez Aguilar al recordar las compras de pánico, venta de supuestas vacunas o pruebas del Coronavirus que derivaron de información no oficial o errónea.
De ahí que el líder parlamentario del Partido Verde reiterara que como Legislativo estatal no solo tienen el deber de sesionar para cumplir, sino también de fomentar la cooperación y los actos de solidaridad ante la presencia del Coronavirus, pandemia que afecta rubros como la salud, economía, social e incluso el bienestar de las y los michoacanos.
“Razón por la cual me permito invitar a los michoacanos a no proliferar noticias falsas y atender solo información que provenga de las autoridades competentes y fuentes oficiales o de profesionales en el área sanitaria federal, estatal o municipal”, concluyó.
Proponen delimitar facultades de encargados de despacho de la CEDH
La diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Teresa Mora Covarrubias, presentó una iniciativa con la finalidad de reformar la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, a fin de mejorar las convocatorias para la elección del personal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La legisladora petista, manifestó que esta iniciativa va encaminada a mejorar el esquema de publicación de las Convocatorias que se emiten, tanto a la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como al Consejo del mismo Órgano Autónomo y garantizar la máxima publicidad de las mismas.
“No perdemos de vista sin duda, la importancia de la publicidad que merecen ambas convocatorias, como una garantía que permite, que dicho documento permee en la sociedad a la que va dirigida y todos los sectores que nos marca la ley se enteren de dicho documento, no obstante, consideramos que la publicidad buscada, se colma desde el momento que es publicada en el sitio de internet de este Poder Legislativo y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional, espacios que son públicos y que tienen como finalidad, precisamente, difundir temas trascendentales del Estado, como lo son estos procesos”, añadió.
En el mismo documento, Tere Mora presentó una iniciativa para que se modifique la misma ley, pero para limitar las facultades en el ejercicio de su función a quien se desempeñe como Encargado de Despacho del mismo organismo autónomo. Dicha reforma busca que quien ostente el cargo se limite para realizar movimientos de personal y sea el propio Congreso Estatal quien los autorice.
La legisladora por el distrito local de Zamora, dijo que el eje toral de la propuesta, es delimitar con claridad el actuar de quien se encargue provisionalmente del despacho de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos Michoacán, así como garantizar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos de la CEDH.
“Con esta reforma, lo que se pretende es insertar un párrafo que indique, que quien se encargue del despacho de la CEDH, no estará facultado para remover o designar personal, sin autorización previa del Congreso del Estado”, finalizó.
