Fortalecimiento de Participación Ciudadana, siguiente paso en Congreso: Fermín Bernabé; propone Humberto González vincular Ley de Asistencia Privada con Código Penal
La violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres y las niñas, por ello, el diputado Octavio Ocampo Córdova propone reformar los artículos 102 y 105 del Código Penal para el Estado para que el delito de violación en Michoacán no prescriba.
Este miércoles, el diputado vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, presentará dicha propuesta para que los delitos sexuales no prescriban y se puedan perseguir cuando las víctimas lo denuncien, sin importar cuando se registró el hecho.
Según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en México, se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año; nueve de cada 10 víctimas son mujeres; la mitad de los delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 60 por ciento de las veces por familiares o personas conocidas. Asimismo, cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad.
“Con esta reforma al Código Penal damos un paso en el camino y mandamos el mensaje fuerte y claro que en Michoacán tenemos la obligación de perseguir este delito y que lo haremos sin límite de tiempo”.
Hizo mención que muchas víctimas no denuncian por temor cuando son agredidas, y cuando lo quieren hacer se enfrentan a que dicho delito prescribe, por lo que es necesario eliminar todo obstáculo, ya que una violación deja marcas para toda la vida y se debe hacer justicia, por ende, adecuar la legislación actual.
Las estadísticas sobre delitos sexuales señalan que se estima que, por cada mil víctimas, solo 100 denuncian, mientras que solo 10 van a juicio, de los cuales solamente uno se resuelve, por lo que es necesario fortalecer la legislación para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer el combate a la impunidad.
Octavio Ocampo hizo mención que, de acuerdo a los reportes oficiales, en México 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual.
El diputado por el Distrito de Huetamo explicó que, actualmente en Michoacán, el artículo 164 del Código Penal establece que a quien cometa el delito de violación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y cuando la víctima sea un menor, de 10 a 30 años. Esto significa, de acuerdo a la regla que aplica, que la violación prescribe en 10 años y 20 años respectivamente.
“Las organizaciones de la sociedad que trabajan con víctimas de violación llevan tiempo solicitando la ampliación de los plazos de prescripción, porque las víctimas suelen tardar en procesar los abusos y en ser capaces de hablar de ello, por lo que en muchas ocasiones los culpables quedan sin castigo”.
Por lo anterior, explicó que presentará dicha iniciativa que pretende que las víctimas pueden presentar acciones penales para perseguir estos delitos sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo.
“El objetivo es que los responsables puedan ser perseguidos y condenados sin que puedan escapar a la acción de la justicia por razones de tiempo, de prescripción del delito. Las huellas de una violación son de por vida y es inaceptable que el delito prescriba, esa es la razón de esta iniciativa que pone al centro la protección de los derechos de la víctima”.
Fortalecimiento de Participación Ciudadana, siguiente paso en Congreso: Fermín Bernabé
Con la definición de las bases normativas que acompañarán a las siguientes elecciones, el trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana se enfocará en el fortalecimiento y perfeccionamiento de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado, adelantó el diputado Fermín Bernabé Bahena.
Al exponer cuál será el trabajo de la Comisión a su cargo en el Congreso de Michoacán, el legislador emanado de Morena apuntó que, entre los principales temas a tratar, destacan: revocación de mandato, presupuestos participativos y la regulación de los observatorios ciudadanos.
“En la Comisión de Asuntos Electorales tenemos clara la importancia de trabajar en el fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en las determinaciones públicas de la entidad y, bajo esa premisa, actualizamos el marco normativo electoral de Michoacán rumbo a las elecciones de 2021. Ahora toca trabajar en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana”, precisó.
Con base en dicha ruta legislativa, reiteró que junto a sus compañeros de Comisión, velará por incentivar la participación de las y los michoacanos en el andamiaje político local, para lo cual resaltó la importancia de que se esté considerando como prioridad la revocación de mandato, mecanismo que permitirá remover a cualquier funcionaria o funcionario que incumpla en su deber de servirle a la ciudadanía.
A esto, dijo, se suman los presupuestos participativos, a través de los cuales se pretende que la ciudadanía tenga acceso a determinado porcentaje del presupuesto estatal para la atención de sus principales necesidades y demandas.
“Como lo he dicho ya, quienes integramos la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, seguiremos trabajando de manera permanente, bajo las consideraciones sanitarias que demande el estatus de la presente contingencia”, finalizó.
Humberto González propone vincular Ley de Asistencia Privada con Código Penal
Con el objetivo de que los servicios que se brindan a la población estén regulados, el diputado Humberto González Villagómez propone vincular la Ley de Asistencia Privada con el Código Penal, al establecer que las actividades que realicen las instituciones, como patronatos y centros de rehabilitación, deben cumplir con la norma, de lo contrario serán sujetos a sanciones más severas.
Los establecimientos de asistencia privada y social en Michoacán que incumplan con la Ley, serán clausurados y se incrementará la sanción cuando, en estos espacios, se cometan abusos que atenten o afecten a la integridad de las personas.
Por lo anterior, el diputado local presentará la iniciativa encaminada a fortalecer la legislación penal, para que las autoridades puedan proceder ante cualquier irregularidad y sancionar con penas más severas a quienes cometan delitos.
En ese contexto, en la próxima sesión, presentará la iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y el Código Penal del Estado, en la que planeta sancionar a quienes abusen a través de alguna institución de beneficencia, patronatos, escuelas, orfanatos, hospitales y demás establecimientos o instituciones destinados a la ejecución de actos de asistencia.
En la propuesta, Humberto González especifica los requisitos que dichas instituciones deberán de cumplir para su conformación y operación, como es contar su RFC, y el cumplir con su responsabilidad fiscal.
Es decir, cuando una institución es clausurada, si la misma continúa operando, se tendrá que dar vista al Ministerio Público para que se proceda de manera inmediata y con ello, evitar irregularidades, además de que cuando en estos espacios se cometan, por ejemplo, delitos de corrupción, actos que atenten contra los menores o adultos mayores, homicidio, abandono, adiciones y cualquier irregularidad que se fomente en y por parte de la institución, las penas y sanciones se incrementan en el Código Penal del Estado.
El diputado local explicó que con la reforma plantea la integración de un sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones, que se hagan pasar por las de asistencia social y con ello, evitar que se cometan fraudes tan comunes, como es que personas se enriquezcan o lucren con el internamiento de personas en centro de rehabilitación, patronatos, orfanatos y demás establecimientos que prestan servicios apócrifos ante la necesidad de una mejor vida.
De acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se estima que en la entidad hay 320 centros de rehabilitación que operan sin un control o autorización de la Junta de Asistencia Privada y aunque existe un padrón de instituciones, dicha información no recibe la difusión necesaria, para que sean verificables para los usuarios o las personas que necesitan de este tipo de servicios.
Por lo anterior, la propuesta de Humberto González establece que la Junta de Asistencia Privada fortalezca sus actuaciones, coadyuvando con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la denuncia y de acceso a la información, con la intención de generar procedimientos sólidos que permitan arribar a las correspondientes sanciones a aquellas personas que, aprovechándose de su calidad de administradores, directores, fundadores o trabajadores, abusen de las personas puestas a su disposición y cuidado.
“La beneficencia es una actividad que se caracteriza por ser humanitaria, altruista y desinteresada, pero la falta de rigor en la normatividad ha generado que existan instituciones que actúen con fines lucrativos y fraudulentas o establecimientos que sirven más como lugares donde se abusa contra la dignidad de las personas, como espacios donde llegan a ocurrir abusos sexuales, violencia sexual, lesiones, explotación y trata de personas”, señaló.
Humberto González dijo que la gran dificultad se encuentra en la creación desmedida de dichos establecimientos, sin contar con la autorización correspondientes, así como la falta de tipos penales que cumpliendo el principio de taxatividad hagan viable la denuncia de dichas conductas delictivas.
“Por lo anterior, y considerando de vital importancia mejorar las condiciones preventivas en materia de seguridad, y fortaleciendo la estructura institucional en la prestación de servicios asistenciales, presentaré esta iniciativa para regular estas instituciones y establecer sanciones”, manifestó.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la regulación que plantea contempla la obligación de que estas instituciones transparenten el uso de recursos únicamente en el ámbito local, con la premisa de que dichas instituciones no tienen un fin lucrativo.
Sin embargo, desde la legislación fiscal federal, dichas instituciones muchas veces encuadran bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos, en la cual, obtienen – en primer lugar- beneficios fiscales, pero, en segundo momento, existe la posibilidad de otorgar beneficios económicos para sus integrantes mediante la división de un remanente distribuible.
