Así lo pidieron líder y secretario del PRD estatal, consultados sobre la deficiente construcción y costo duplicado de la obra
Los ex gobernadores perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel deben rendir cuentas claras ante la Auditoría Superior de la Federación, la ASM y la Contraloría del Estado para desvanecer las dudas y sospechas derivadas tras de que la empresa constructora brasileña Odebrecht fuera descubierta de doblar el costo de la obra de la Presa Francisco J. Múgica habiendola entregado dos años después.
En ello coincidieron sus homólogos tanto el lider estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, quien se mostró en favor de que se investiguen a fondo las anomalías detectadas en la citada obra que alcanzó a ambos periodos gubernamentlales, como el secretario Antonio García Conejo, quien refirió que “si así lo amerita el tema y hay elementos suficientes” que rindan cuentas los ex gobernantes.
El zitacuarense abundó que de encontrarse y comprobarse complicidad y anomalías se aplique todo el rigor de la ley sin miramientos “tratese de quien se trate”.
Es de recordar la reciente información revelada por el periodista Raúl Olmos y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, en el sentido de que la empresa Odebrecht construyó en Michoacán la citada presa pero la cuenta exhibe que fue al doble de su costo original y la entregó incompleta, con deficiencias y con más de 4 años de retraso. Ello cuando originalmente la Presa Francisco j. Múgica ubicada en Tierra Caliente debió haber quedado concluida en Octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fué hasta 2013 que la entregó la citada constructora brasileña habiendo inflado el monto en 2 mil 915 millones de pesos, según la investigación.
El 86 por ciento de dicha obra se ejecutó con recursos estatales y el 14 por ciento con inversión federal. El contrato con Odebrecht fue signado el 29 de Noviembre de 2006 durante la administración de Cárdenas Batel en la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que daba garantía de que no se inflaría su costo. Pero al final del sexenio y ante la llegada de Godoy Rangel, éste otorgó a dicha empresa en forma ilegal, según la información, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, autorizando obras adicionales por 813 millones de pesos más.
Además de que Godoy también autorizó a Odebrecht entre 2009 y 2010 contratos extra por mil 414 millones de pesos para concluir la presa.
El reportaje informó que dos auditorías aplicadas arrojaron que la empresa entregó una obra mal hecha e incompleta, además de que la mala planeación provocó que la Presa fuese edificada sobre tierras en litigio, y ahora el gobierno deberá restituir a los campesinos sus tierras invadidas por la obra, para lo cual deberá pagar 9 millones 315 mil pesos. Ello de acuerdo a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 17 en 2013 en favor del ejido Naranjo de Tziritzicuaro, ratificada en 2016.
