No se debe criminalizar el aborto como acción de respeto a los Derechos Humanos, coinciden legisladoras y panelistas
La 75 Legislatura de Michoacán llevó a cabo el Panel “Por la Libertad y el Derecho a Decidir”, en el que legisladoras y expositoras coincidieron en validar que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Al referirse a la resolución emitida el pasado 7 de septiembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se señala dicha premisa, destacaron que, por primera vez, se garantiza en México el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Al inaugurar el foro, la diputada María de la Luz Núñez Ramos lamentó que el tema de la despenalización del aborto divida conciencias y pensamientos: “en México se vive una realidad penosa, donde miles de mujeres y adolescentes enfrentan la disyuntiva de abortar o de permitir que el embarazo siga su curso aún y cuando no es esa su voluntad; la mayoría de ellas sufre de extrema pobreza y los embarazos han sido involuntarios, fruto de violencia sexual en muchos casos”.
“¿Para cuándo nosotros?”, cuestionó la legisladora al señalar que los intentos por despenalizar el aborto en Michoacán han sido, hasta ahora, fallidos, toda vez que en el Congreso “no se ha logrado la mayoría necesaria para ello”.
Recordó que las y los diputados son representantes populares y con ello “somos también el reflejo de la pluralidad de intereses, ideas, anhelos y percepciones que coexisten en la sociedad”, ponderó.
Por su parte, la diputada María Gabriela Cázares Blanco, dijo que, desde el Congreso, el aborto debe verse como un tema de derechos humanos “sin importar que la mayoría de la población o de los mismos legisladores, esté o no de acuerdo, porque es un tema de derechos que no se consultan o consensan y que va más allá de creencias o ideologías”.
Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Iñiguez, afirmó estar de acuerdo con cumplir con los mandatos a los que se les obliga, como es el caso de la resolución de la Suprema Corte y adelantó que ya hay una iniciativa al respecto que actualmente se está analizando en comisiones de Justicia y Salud, por lo que ella espera que dicha propuesta -como las iniciativas de feminicidio y feminicidio infantil-, puedan estar dictaminadas antes de que termine el primer año legislativo.
Agregó que aun cuando hay diputadas y diputados que de manera sistemática votan todo en contra, “tenemos que aprender a escucharnos, a tolerarnos y a ver la diversidad de pensamiento”; y confió en que a través del diálogo se llegue a un punto de coincidencia para la toma de las mejores decisiones en favor no solo de las mujeres, sino de toda la población, “todos merecemos tener una vida mejor”, enfatizó.
Asistieron al foro las legisladoras Seyra Anahí Alemán Sierra y María Fernanda Álvarez Mendoza; el Panel fue moderado por Elvia Higuera Pérez y estuvo integrado por Rosario Herrera, la magistrada Indalecia Pacheco y las doctoras Lucía Núñez, Maricruz Barajas y Miriam Aidé Núñez.
Agricultura familiar, actor estratégico en seguridad y soberanía alimentaria: Julieta Gallardo
La agricultura familiar en un actor estratégico para lograr la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, así como para impulsar el desarrollo rural sostenible en nuestro país, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Frente a ello, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara anunció que presentará ante el Pleno del Legislativo, la iniciativa para crear la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar Rural y la Seguridad Alimentaria del Estado.
“Se debe tomar con seriedad la situación que priva en el campo, es indispensable y urgente que se precise un viraje en la política pública instrumentada, de manera que exista un blindaje real para los productores”.
La diputada por el Distrito de Puruándiro refirió que la paradoja que enfrentan nuestros productores y productoras rurales es que siendo ellos quienes cultivan los alimentos y por ese hecho quienes ayudan a combatir el hambre y la pobreza, son también quienes enfrentan mayor pobreza e inseguridad alimentaria.
“Los principales agentes para combatir el hambre son quienes la sufren en más alto grado de intensidad y de múltiples maneras”, subrayó.
Por ello, la integrante de la Representación Parlamentaria recalcó que el apoyo al campo es también un asunto de justicia social, establecer que la agricultura familiar es un tema principal es contribuir en ese sentido porque el tema del campo contiene en sí mismo una problemática que debe ser revisado desde muchos ángulos y yo diría que se enmarca en un debate más amplio.
“Es el gobierno el responsable de dirigir y coordinar la acción colectiva para combatir los rezagos, la exclusión y la desigualdad; más aún en un Michoacán donde la mayoría de la población rural depende económicamente de la agricultura para su subsistencia, y una alta proporción trabaja en pequeñas unidades familiares, basándose en mano de obra familiar, tanto de hombres como mujeres”.
En ese sentido subrayó que la agricultura familiar puede considerarse como piedra angular en la erradicación del hambre, ya que constituye un mecanismo de mejoramiento de las condiciones nutricionales, socioculturales y económicas de los pueblos, principalmente los pertenecientes a las zonas rurales, además de que también es un proceso de dignificación de nuestros pueblos, principalmente los indígenas y rurales.
Poder Legislativo debe dar ejemplo de un ordenado y transparente manejo de sus finanzas: Mónica Valdez
Como fiscalizador y controlador de la acción del gobierno por mandato constitucional, el Poder Legislativo debe dar ejemplo de un ordenado y transparente manejo de sus finanzas, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, presidenta del Comité de Administración y Control de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zacapu consideró un deber fundamental que el Poder Legislativo se envista con la calidad moral necesaria, como vigilante del manejo de los recursos públicos empezando por casa.
“En el Comité de Administración y Control hemos asumido como uno de nuestros objetivos generar condiciones de orden y transparencia en el ejercicio de los recursos con que dispone el Poder Legislativo».
Apuntó que las inercias anquilosadas por años en el manejo financiero del Congreso, evidencian resistencias a una postura que busca privilegiar el orden y el correcto ejercicio público.
“Es fundamental que las responsabilidades mandatadas por nuestra Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso al Comité de Administración, sean cumplidas y respetadas a cabalidad”.
Mónica Valdez subrayó que bajo la responsabilidad del Comité está el supervisar y vigilar la administración de los recursos del Congreso, conforme lo mandata la norma.
En ese sentido apuntó que se continuará empujando por un manejo administrativo en la Cámara, asumiendo a plena responsabilidad lo mandatado por el artículo 100 de la Ley Orgánica, que faculta al Comité vigilar las acciones desarrolladas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso.
