Invitan a población y autoridades a conocer este documento histórico, pues en él radica el pacto más plural de nuestra sociedad
Ante la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, celebró sesión solemne para la recepción del documento original de la Constitución Política del Estado de 1918, que luego de permanecer en el Museo Casa Natal de Morelos, residirá ahora en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo.
De esta manera, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Jesús Madriz Estrada; los diputados integrantes de la 74 Legislatura, así como del Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, Héctor Octavio Morales Juárez, además de alcaldes, funcionarios públicos y académicos, realizaron el protocolo de honor para recibir el documento histórico de manos del licenciado José Fabián Ruiz, Director del Museo Casa Natal de Morelos.
Así y como oradora oficial, la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, presidenta del Comité de Editorial, Biblioteca y Archivo, reconoció que con esta sesión se culminan las actividades realizadas para la reflexión y el conocimiento jurídico de la ley suprema que rige al Estado Libre y Soberano de Michoacán, ello con miras a la divulgación y socialización de un texto fundamental en la historia y patrimonio del estado michoacano.
Además, consideró propicia la ocasión para invitar ampliamente a la población y a todas las autoridades a revalorar, estudiar y conocer la importancia y evolución de nuestra arquitectura constitucional michoacana, pues en ella radica y se reviste el pacto más plural y siempre perfectible, que como sociedad hemos logrado erigir.
En su turno y en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Carlos Herrera Tello hizo una remembranza en torno a los acontecimientos que llevaron a la construcción de este documento histórico, mismo que entró en vigor el 5 de febrero del año 1918.
De lo anterior, expuso, “al igual que otros corpus legislativos, el documento original que hoy presentamos nos lleva a transitar no sólo por la historia jurídica de Michoacán, sino también al compromiso que como michoacanos mantenemos, autoridades y ciudadanía, con los derechos y obligaciones que nos conciernen, así como la historia de cruentas batallas que nos han legado un país independiente”.
Finalmente, coincidieron, es responsabilidad de todos los poderes del Estado atender y obedecer los mandatos de la sociedad, pues sólo juntos se logrará reducir la desigualdad y cohesionar el tejido social, conformando un esquema de gobernanza real, que involucre a la ciudadanía en la búsqueda corresponsable de las mejores soluciones en beneficio de la entidad.
Fundamental impulsar una Ley de Ingresos acorde con las necesidades de la ciudadanía
Con la finalidad de que la Ley de Ingresos del municipio de Uruapan sea acorde a las necesidades de sus habitantes, la diputada local Mayela Salas Sáenz, afirmó que desde el Congreso del Estado a través de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, se trabaja para que el municipio cuente con los recursos económicos necesarios para poder brindar así un mejor servicio a la ciudadanía.
En este sentido la congresista local sostuvo que en un tema tan importante como este, es fundamental dejar de lado las ideologías partidistas pues el destino social de un municipio así lo demanda.
Dijo que aunque no forma parte de dichas comisiones antes mencionadas, como representante de los uruapenses estará al pendiente de cómo se desarrolla el tema de los dineros para esta ciudad.
Por último, Salas Sáenz expresó que una de sus principales preocupaciones es el bienestar social, por ello dijo que se ha dado a la tarea de promover e impulsar leyes que garanticen el desarrollo de Uruapan, no solo en el tema ambiental, sino que ahora también será participe en el tema del presupuesto para esta ciudad, finalizó.
Proponen ciudadanizar presupuesto de Michoacán
La generación de una bolsa presupuestal a la que tenga acceso la ciudadanía, promover asambleas anuales para definir el uso que se le dará a la misma y considerar la voz de las y los michoacanos en la ejecución de obras o acciones de mantenimiento a servicios públicos, son algunas de las bondades que acompañan a una iniciativa que impulsó el diputado Fermín Bernabé Bahena, a través de la cual se pretende reformar la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de darle entrada al modelo de Presupuestos Participativos en la entidad.
Como diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Bernabé Bahena llamó a que la LXXIV Legislatura se pronuncie a favor de un mecanismo pensado para hacer crecer la inclusión de la ciudadanía en las determinaciones presupuestales de Michoacán.
«De cara a la definición del presupuesto de Michoacán en 2020, es importante que las y los diputados impulsemos iniciativas que fomenten la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático de nuestro estado», subrayó el legislador emanado de Morena.
Dijo que en su iniciativa se propone que el Gobierno del Estado destine por lo menos el 10 por ciento de los egresos anuales de libre asignación, a acciones que defina la ciudadanía mediante asambleas.
Dichas asambleas, precisó el diputado emanado de Morena, se realizarán por lo menos una vez al año, con la finalidad de que se amplíe el nivel de participación de las y los michoacanos cuando su bienestar y desarrollo se sometan al ejercicio democrático propuesto.
“El voto en elecciones democráticas no es el fin de la participación ciudadana, ni puede ser el único medio que tengan los ciudadanos para intervenir en la toma de decisiones”, remató el diputado local por el Distrito 10.
Resguardo de nuestro patrimonio natural
La diputada Tere López Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó ante el pleno una Iniciativa con proyecto de decreto para el manejo y conservación del banco de germoplasma nativo, que impactara en la conservación del patrimonio natural de la ley ambiental para el desarrollo sustentable de la entidad. “La conservación y el uso sostenible del germoplasma son necesarios para garantizar la producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos ambientales y el cambio climático. A largo plazo, la pérdida de este recurso plantea una grave amenaza para seguridad alimentaria, y los ecosistemas de Michoacán”.
Ante las necesidades alimenticias de la población se requieren el mejoramiento genético dijo la diputada Tere López. “Es necesario encontrar nuevas y apropiadas tecnologías que eleven el rendimiento de los cultivos” Cabe señalar que el germoplasma es material genético que constituye la base física de la herencia y que se transmite de una generación a la sucesiva mediante las células germinales.
Desde el punto de vista de la legisladora la iniciativa que presentó ante el pleno es de carácter urgente y socialmente necesaria para el Estado. “Se trata de regular las acciones humanas que ponen en riesgo la existencia de esa riqueza natural, sobre la que se soporta la existencia presente y futura de la humanidad. Recoge la preocupación de la sociedad rural, la comunidad científica y el interés de la nación ante la erosión genética, directa e indirecta, provocada por la irracional actividad económica del mercado que propicia la apropiación con fines de lucro de la riqueza propiedad de la nación”.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado menciono las implicaciones económicas, sociales y jurídicas que conlleva su protección legal que pone en el centro la previsión sobre la comercialización de estos recursos, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, aprovechamiento, transformación y comercialización. “Los bancos de germoplasma son sitios de conservación de material biológico por excelencia, cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad. Son recintos clave para evitar que se pierda la diversidad genética por la presión de factores ambientales, físicos y biológicos; y las actividades humanas. Pueden ayudar a la conservación de germoplasma de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción o presten servicios de almacenamiento de semillas para proyectos de reforestación”.
Recibe Congreso iniciativa ciudadana para sancionar la violencia política por razones de género
El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada recibió la Iniciativa ciudadana para sancionar la violencia política por razones de género, elaborada por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán.
El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, señaló que la LXXIV Legislatura está comprometida con erradicar de fondo la violencia de género en todos sus sentidos, particularmente en construir un marco jurídico adecuado para eliminar la violencia de tipo político contra las mujeres.
En ese sentido, el legislador recordó que el Congreso local recientemente aprobó reformas a diversos ordenamientos en materia de paridad de género, creando las directrices normativas para que las mujeres puedan acceder, participar en los espacios públicos y en la vida política del país.
En el evento de entrega de la iniciativa estuvieron presentes los diputados Javier Estrada, Brenda Fraga y Araceli Saucedo, presidente e integrantes de la Junta de Coordinación Política, Lucila Martínez y Zenaida Salvador, presidenta e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, así como las legisladoras Adriana Hernández, Tere Mora, Wilma Zavala, María del Refugio Cabrera, Mayela Salas y Yarabí Ávila.
Al respecto la diputada Lucila Martínez, destacó que la violencia política contra las mujeres tiene características distintivas que deben ser abordadas desde la legislación. No basta con visibilizarla hace falta acercar soluciones y atenderla de manera puntual desde la norma, refirió.
Asimismo, reiteró que la Comisión que preside, así como las diputadas y diputados del Congreso local, continuarán trabajando de manera coordinada con las instancias del Poder Ejecutivo, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar los cambios legislativos que permitan sancionar de manera más severa este fenómeno.
Por su parte, Nuria Gabriela Hernández, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres comentó que la iniciativa que se presenta, es producto de un ejercicio incluyente, que surgió como resultado de consultas que se realizaron en diversas regiones del estado, para escuchar las demandas de síndicas, regidoras, presidentas municipales y de funcionarias públicas, que relataron la violencia que enfrentan diariamente.
De igual forma, refirió que la iniciativa propone de 3 a 7 años de prisión para sancionar la violencia política contra las mujeres, así como un listado acciones que podrán considerarse como tal; así como suplir la deficiencia de la queja para las mujeres que denuncien este delito, entre otros aspectos.
Proponen fortalecer desde la Constitución a los jueces administrativos
Para darles asidero constitucional a los jueces administrativos y fortalecer sus facultades, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Michoacán.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna, la diputada local propuso reformar el primer párrafo del artículo 95 de Constitución Política del Estado, el cual establece que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales uno será su presidente electo por sus pares, en los términos que disponga la ley, y se agrega, así como por los Jueces Administrativos que designe el Pleno.
Recordó que en el año 2007 se creó el Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena competencia y jurisdicción para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades administrativas y fiscales y los particulares.
Lucila Martínez expuso que “inicialmente el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, disponía que el Tribunal de Justicia Administrativa se integraba por tres magistrados, pero tras la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en el año 2017, fue necesaria la inclusión de dos Magistrados especializados en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas”.
Aunado a lo anterior y con el propósito de fortalecer el órgano judicial, la pasada legislatura reformó diversas disposiciones del Código de Justicia Administrativa del Estado, con el propósito de crear la figura de los Jueces Administrativos del Tribunal, quienes tienen la atribución de dirimir controversias administrativas en primera instancia, y la creación de la segunda instancia, a través del recurso de apelación, con la finalidad de que los particulares puedan recurrir las sentencias, en los casos en que convenga a sus interés.
“Sin embargo, no se realizó la reforma al citado artículo 95 de la Constitución Local, para dotar de asidero constitucional a los jueces administrativos, y es ésta la razón de mi iniciativa, ya que como legisladores tenemos la honrosa responsabilidad de revisar y actualizar el marco normativo para que no existan vacíos legales que puedan generar problemas a posteriori”.
Cuando se reformó el Código de Justicia Administrativa del Estado, se dotó a los jueces de una competencia procesal que no está reconocida en la constitución, por lo que Lucila Martínez presentó dicha iniciativa.
El riesgo de que no se le dote de competencia constitucional a los jueces administrativos, es que alguna de las partes a las que no les favorezca alguna resolución, pudieran promover incidentes de nulidad de actuaciones o juicios de amparo”.
Reiteró que en un primer momento la legislatura anterior, dotó a los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa de una potestad pública genérica que debe tener todo tribunal, al incorporar la figura en el Código de Justicia Administrativa del Estado, sin embargo, insistió en que es necesario incorporarlos al texto constitucional para generar mayor certeza jurídica.
En este sentido, algunos procesalistas han señalado que un juez con competencia es, al mismo tiempo un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia.
“Es por ello, que resulta importante que un órgano jurisdiccional que ha de conocer de un determinado asunto, además de tener jurisdicción ha de contar con la competencia específica para conocer del mismo”.
Proponen entregar el Premio Estatal anual al Mérito Forestal
Con el objetivo de reconocer a las personas, instituciones u organismos que han realizado aportaciones relevantes a favor de la conservación, protección y uso sustentable de los recursos forestales en Michoacán, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y a la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso Local, con la que propone que se entregue un reconocimiento al Mérito Forestal en la entidad.
Con esta iniciativa también se busca reconocer el trabajo que realizan en los ejidos y comunidades, investigadores, expertos forestales, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, a favor de la conservación, protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales que representen beneficios a la sociedad.
Al hacer uso de la máxima tribuna, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, resaltó que esta iniciativa también propone crear estímulos para quienes se distingan en labores tales como la plantación y la conservación de árboles, el combate de plagas forestales, la prevención y extinción de incendios de montes, y la protección del bosque.
“En Michoacán hay ejidos y comunidades que por su buen manejo forestal pueden ser premiados, investigadores de nuestras universidades que han contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías como el mejoramiento de métodos de producción e industrialización de materia primas o nuevos usos de productos de origen silvícola; industrias y pequeñas empresas, entre otros, así como a docentes, medios de comunicación, universidades, artistas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos nacionales”.
Octavio Ocampo refirió que el Premio Nacional Forestal fue otorgado a la primera comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, de Michoacán, el cual fue galardonado por su ejemplar esfuerzo para organizarse y participar comunitariamente en el aprovechamiento racional de su bosque.
Por ello, el legislador plantea que se entregue dicho reconocimiento al Mérito Forestal en Michoacán y que se priorice a la participación de las mujeres rurales, comunidades, ejidos, organizaciones de la sociedad civil y micro y pequeñas empresas que fomentan los servicios ambientales o promuevan el desarrollo forestal en la entidad.
“Hoy vivimos un tiempo difícil y complicado, las consecuencias del cambio climático, ya están haciendo efecto y empezamos a tener severos problemas. Sin duda hoy el cuidado al medio ambiente debe ser tarea de todos, y quienes tenemos una responsabilidad en la función pública tenemos que impulsar acciones integrales, con el apoyo de la sociedad”.
El objetivo del Premio Estatal al Mérito Forestal, recalcó, es reconocer a las personas, instituciones u organismos que han realizado aportaciones relevantes a favor de la conservación, protección y uso sustentable de los recursos forestales en Michoacán.
Octavio Ocampo, diputado por el Distrito de Huetamo se pronunció por cerrar filas y contribuir al desarrollo social, económico y ambiental, mediante el manejo integral sustentable que se realicen en los ecosistemas.
“Premiar el impulso del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, se concibe como un sistema para garantizar el mejoramiento del nivel de vida de los michoacanos y el desarrollo de los bienes y servicios ambientales, llevando a cabo acciones tendientes a preservar los recursos suelo y agua, con la finalidad de evitar la erosión; propiciar el control de torrentes y evitar daños en la infraestructura hidráulica y de almacenamiento del agua en el Estado”.
Por último, se reforma la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para que la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente tenga la facultad de hacer la entrega del Premio Estatal anual al mérito forestal.
Proponen proteger derechos de los menores a compartir con ambos progenitores
Con el objetivo de proteger los derechos de los menores a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes propuso una reforma al Código Familiar del Estado.
Los artículos 318 y 422 del Código Familiar vigente, expuso la líder de la bancada perredista en la Máxima Tribuna de la LXXIV Legislatura Local, vulnera el derecho del menor de vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores y resulta una medida desproporcionada, que por sí sola la norma impide al Juez, salvaguardar el interés superior de los menores, por lo que es necesario reformarlos.
“En tal circunstancia podría resultar contraproducente el bienestar del menor, privarlo del contacto con el progenitor alienador (con el que él se siente identificado), separándolo de su lado y cambiándolo de entorno, y obligándolo a una convivencia con el padre alienado (al que rechaza). Con lo anterior, no quiero decir que no hay violencia, o desconocer la alienación parental, pero tratándose de los menores debemos de velar siempre por su bienestar, y estar conscientes que estos cambios que en algún momento serán impuestos por la intervención de un juez, el menor los puede tomar de forma negativa, y rechazando aún más a su progenitor”.
No obstante, Araceli Saucedo expuso la necesidad que al momento de que el Congreso del Estado regule la alienación parental, se debe considerar que la afectación de la sanción por la conducta de la madre o el padre sea hacia este y no en perjuicio de los hijos, ya que se han registrado casos, en los que se ha perjudicado el desarrollo y seguridad del menor, al impedir finalmente la convivencia con alguno de los padres, y en algunos casos se ha determinado la separación del menor de ambos, quedando bajo el cuidado de familiares o una institución.
La diputada por el Distrito de Pátzcuaro, hizo mención que en la actualidad el país ha venido experimentado un incremento considerable de divorcios, según datos del INEGI, el año pasado creció 6.5 por ciento, pasando de 147 mil en 2017, a 156 mil 556, por diversas causas que motivaron la separación.
Por consecuencia, los juicios del orden familiar se incrementaron en los últimos años, incluyendo procesos relacionados con la pensión alimenticia, custodia de hijos, pérdida o suspensión de la patria potestad.
“El divorcio implica el derrumbamiento de los planes comunes, donde la familia se ve obligada a reestructurar sus proyectos de vida, pero conservando el vínculo parental que une a los padres, así como el cumplimiento conjuntamente de las funciones de crianza”.
Sin embargo, en algunos casos el divorcio por los conflictos entre las parejas se afecta a los hijos y la alienación parental es un fenómeno complejo, que a la fecha la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señaló que no existe un consenso científico sobre este tema.
“La alienación parental, ha sido definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio”.
Lamentablemente, subrayó que la alienación parental, es empleada para generar más desgaste en la relación familiar, en algunos casos pretender evadir el pago de una pensión alimenticia, evitar que el otro progenitor conviva con el menor, llegando a influir de manera negativa en los hijos.
“Por lo que respecta a la legislación en materia familiar en nuestro Estado, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuenta con un capítulo denominado violencia familiar, en el que se enmarca a la alienación parental como un tipo de violencia, así como los efectos de la misma, donde de manera gradual bajo un procedimiento el juez deberá valorar al momento de resolver la situación jurídica del menor respecto a sus progenitores, pudiendo determinar hasta la pérdida definitiva de la guarda y custodia”.
Araceli Saucedo puntualizó que debe tomarse en cuenta el interés superior de la niñez, al momento de pretender actuar contra su progenitor alienante, pues si bien es cierto éste ha actuado de manera incorrecta generando sentimientos negativos hacia su otro ascendiente, al final el daño puede revertirse mediante el apoyo y orientación psicológica que se pueda dar al menor de edad, en cambio la prohibición de convivir con el progenitor alienante, es un daño irreparable para el menor, ya que esto tendrá como consecuencia en la afectación de sus sentimientos y desarrollo integral.
“No olvidemos que los niños, niñas y adolescentes que han sido parte de la alienación parental, mantienen un vínculo muy cercano y emocional con el padre o la madre alienante, consecuentemente la separación generaría, más que una sanción para el alienante, un daño al menor agravando las circunstancias, y con esto hasta se podría correr el riesgo de aumentar el rencor hacia el otro ascendiente”.
Proponen plena transparencia en las actas de cabildo
Con el objetivo de garantizar la transparencia en los ayuntamientos de Michoacán y que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza en los cabildos municipales y lo que se asienta en las actas, el diputado Antonio Soto Sánchez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna en el Poder Legislativo, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que la actuación del Secretario del Ayuntamiento, es fundamental para garantizar la transparencia a la población, en las acciones gubernamentales, por lo que se requiere dotarles de atribuciones, ya que la ley actual es limitativa, por lo que es necesario reformarla.
Explicó que el artículo 29 párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, impide que el Secretario del Ayuntamiento otorgue a los ciudadanos documentos certificados, que el municipio tiene en su poder.
Por ello, Antonio Soto propone que los Secretarios de los Ayuntamientos puedan expedir copias certificadas de los acuerdos asentados en los libros; así como de las actas levantadas por las distintas comisiones, comités o consejos al interior del municipio, a los miembros del ayuntamiento, y a cualquier ciudadano que acredite interés jurídico en la causa que lo soliciten, por escrito ante la autoridad, la cual en las siguientes 48 horas deberá proceder a su entrega, previo pago de los derechos correspondientes.
El diputado local propone transparentar la información y que la población pueda acceder a la misma cuando lo solicite, con lo que se combatirá la corrupción que se oculta, se distorsiona, se omite o se interpreta con un interés doloso mayoritario, o en su defecto se actúa, fuera de la ley, al aprobar acuerdos que en variadas ocasiones, ni siquiera fueron sometidos a consideración de los integrantes del cabildo municipal.
“Todos hemos multicitado, en esta alta tribuna, el derecho de garantizar el principio de la transparencia, por parte de los órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para conocer, en tiempo con una debida publicitación y difusión de las determinaciones de los actos de las autoridades”.
Con esta reforma, la población podrá conocer a fondo las acciones que se realizan al interior de las administraciones municipales, y con ello, el acceso a reclamar ante la justicia, municipal, estatal o federal lo que consideren que está fuera de la norma.
“Hoy en día únicamente el Secretario del Ayuntamiento, solo puede expedir certificaciones a los miembros de este, es decir, al síndico y a los regidores, a nadie más, ello restringe e imposibilita, que todo ciudadano ejerza sus derechos civiles, políticos y administrativos, por lo que es necesario esta reforma”, sostuvo Antonio Soto.
Esta reforma, añadió es clave para que el derecho que tienen los ciudadanos de contar y acceder a los documentos certificados sobre las decisiones gubernamentales municipales, también estén abiertos y disponibles a los ciudadanos.
