De cinco integrantes que por ley debe haber, quedan solo dos, lo que les impide siquiera sesionar y mucho menos tomar acuerdos
Hace seis años, el Sistema Estatal Anticorrupción obtenía su acta de nacimiento; hoy está próximo a recibir la de defunción. La irresponsabilidad compartida a partes iguales entre la actual Comisión de Selección y el Congreso del Estado, ha derivado en que la parte medular del Sistema, el Comité de Participación Ciudadana, entre en estado vegetativo: de cinco integrantes que por ley debe haber, quedan solo dos, lo que les impide siquiera sesionar y mucho menos tomar acuerdos.
Este miércoles se despidió Víctor Vieyra del comité y del propio sistema. Hace un año lo había hecho Elizabeth Vázquez y hace dos Rosmi Bonilla. De acuerdo con la ley, la Comisión de Selección, a su vez designada por el Congreso del Estado, debió lanzar la convocatoria para que ciudadanos interesados en participar en el CPC se inscribieran, y los comisionados determinaran a los sustitutos de quienes iban abandonado el cargo. Pero nada de eso ha pasado. La Comisión irresponsablemente ha dejado pasar el tiempo y cada año va quedando una silla vacía en el Comité de Participación Ciudadana, al punto de que ahora ya ni siquiera puede sesionar.
José Luis Cortés González, José Rodrigo Reyes Pérez, Aurelia Suárez Torres, Mario Vigil Martínez, José Cuitláhuac Guzmán Hernández, Erika María Díaz Arias, Juan Carlos Miranda Rosales, Miguel Ángel Medina Romero y Blanca Liliana Ramón Mena, fueron electos por la Cámara de Diputados para conformar la segunda Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. A la vuelta de los años, es un grupo que ha incumplido con la ley, que ha sido omiso en el nombramiento de los ciudadanos que deben cubrir los espacios que van quedando vacíos en el comité y a cuya irresponsabilidad deberá atribuirse la inminente muerte por inanición de tal órgano.
El bajo perfil de la mayor parte de los comisionados fue resultado de que su propia designación por el Congreso estuvo manchada por el amiguismo. Uno de ellos tuvo como único mérito ser asesor de la entonces diputada Cristina Portillo.
Pero los actuales diputados cargan también con buena parte de la responsabilidad, porque han permitido que la Comisión de Selección sea omisa en sus deberes. En última instancia, los legisladores estarían obligados a anular la Comisión y nombrar una nueva que sí cumpla con sus obligaciones, más allá de que se trate de una labor honorífica.
Si los diputados no intervienen, abonarán entonces a la hipótesis de que, en realidad, el incumplimiento de los comisionados es intencional, como parte de una estrategia tanto del Congreso como del mismo gobierno, para dejar morir al CPC y con él al propio Sistema Estatal Anticorrupción, en el contexto de la embestida presidencial contra los órganos autónomos.
