CORRUPCIÓN EN EL PODER LEGISLATIVO
La supuesta lucha contra la corrupción por parte del gobierno Federal y su partido Morena, es simplemente un slogan, ya que los índices de corrupción, especialmente en la administración pública se han incrementado. Todos los sectores gubernamentales y el sector legislativo, son claras muestras de la corrupción al estilo 4T.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que más del 80 por ciento de los contratos del Congreso se asignaron por adjudicación directa, sin competencia ni transparencia. En 2018 y 2024, se firmaron contratos por más de 35 mil millones de pesos.
En ese periodo, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día.
La adjudicación directa fue el mecanismo más utilizado para realizar estas compras: se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado.
Estas prácticas reflejan una alta opacidad y falta de controles, agravada por la próxima extinción del INAI, que dejará a las cámaras como juez y parte en su propia transparencia.
Si los propios legisladores realizan actos presuntamente de corrupción, ¿qué podemos esperar de cualquier otro organismo del gobierno y su partido? La respuesta es más que evidente.
El reporte Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024 refleja opacidad y discrecionalidad, define con evidencia concreta las prácticas de contratación de las dos cámaras del Congreso y advertir sobre el retroceso, ahora inevitable, que implica la desaparición del INAI y la transformación del modelo de transparencia.
