DENUNCIAR CUESTA LA VIDA
El asesinato de Bernardo Bravo, empresario limonero de Apatzingán, puso en evidencia que, en México, denunciar una extorsión es igual a firmar tu sentencia de muerte, como ha sucedido ya con otros activistas y personas que luchan por defender los derechos ciudadanos.
En los últimos 18 meses, al menos 13 personas fueron asesinadas por denunciar extorsiones y por negarse a pagar derecho de piso a los grupos del crimen organizado, entre ellos empresarios. Comerciantes y hasta taxistas en diferentes regiones del país.
Los casos se registran a lo largo y ancho del país, desde Baja California hasta Chiapas, donde los ciudadanos se vuelven blanco para la delincuencia si denuncian o alzan la voz, ya sea para defender la ecología, la salud o la libre expresión.
Las autoridades aceptan que desde 2019 este delito se ha incrementado un 21.3 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta concluir agosto pasado.
Aunque el asesinato de estos personajes se había incrementado desde el sexenio del expresidente López Obrador, este último año y medio ha sido especialmente dramático para quienes tienen el valor de denunciar extorsiones o actividades ilícitas.
Entre las víctimas hay empresarios de diversos giros, maestros jubilados, mecánicos, taxistas, farmacéuticos, dirigentes agraristas, restauranteros, líderes de pescadores y muchos más. Desde luego la mayoría de los casos han quedado impunes.
Pero en realidad nadie que alce la voz y denuncie está a salvo, existe un vacío legal que permite a las autoridades, muchas veces corruptas e ineptas, no investigar el delito, bajo el pretexto “si no hay denuncia, no hay delito que perseguir”.
Que poca…
