SIGUE LA EXTORSIÓN EN EL PAÍS
La extorsión y el cobro de piso sigue creciendo en México a un ritmo acelerado y llegando al límite de lo imaginable, al grado de que grupos del narco en el estado de Morelos, cobran “derecho de piso” casa por casa, según denunció el Obispo de Cuernavaca Ramón Castro Castro.
En una entrevista televisiva, el prelado denunció que la violencia en Morelos escaló a tal grado que el crimen organizado ya no solo extorsiona a comercios, sino ahora también a las familias morelenses.
Señaló que, en comunidades del oriente del estado, bandas como La Familia Michoacana y el CJNG exigen cuotas de 200 pesos por cada integrante de la familia para proteger sus viviendas.
El obispo alertó que la delincuencia organizada mantiene cooptados a varios gobiernos municipales en Morelos, estableciendo una especie de narco-gobierno-municipal ante la incapacidad de las autoridades locales para frenar el delito.
Queda claro que los gobiernos morenistas de la 4T han adoptada como estrategia negar que la extorsión se haya generalizado, por el contrario, presumen cifras de su reducción, a raíz de la implementación en 2025 del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión.
El acuerdo, que hoy es un fracaso rotundo, detallaba una estrategia para fortalecer el combate a este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales.
Al menos en Morelos no fue así, como tampoco lo es en Michoacán, donde persiste la extorsión y el cobro de piso en casi toda actividad productiva de la entidad, desde el cobro a empresarios aguacateros y limoneros hasta los dueños de pequeños negocios y modestos comerciantes.
Si no, pregúnteles a locatarios de la Central de Abastos y de algunos mercados de la ciudad y a los jóvenes emprendedores vendedores de hamburguesas en sus carritos de algunas colonias de la capital que son víctimas cotidianas de estos delitos.
