TRABALENGUAS

ACTIVISMO SANGRIENTO

Los luchadores sociales en México siguen siendo víctimas de acoso, amenazas y hasta asesinatos; entre 2012 y 2024, al menos 225 activistas y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en México, muchos por defender la tierra, el medio ambiente y los derechos civiles.

De esos 225, 42 fueron ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado, además, se registraron 27 desapariciones, de las cuales solo cuatro personas aparecieron con vida.

La mayoría de las víctimas defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente o derechos civiles y políticos representando este último el 80% de los asesinatos.

Los defensores indígenas constituyeron el 62% de las víctimas, enfrentando riesgos agravados por racismo y discriminación, y el 57% eran campesinos.

Y en Michoacán se enfrenta la peor crisis para activistas, defensores y periodistas; de 2016 a 2025, nueve personas defensoras han sido asesinadas y entre 2025 y 2026, ocho periodistas fueron ultimados en posible relación con su labor informativa.

Solo en el presente año, han sido asesinados dos defensores ambientales en menos de siete días, Lázaro Mendoza, un comunicador comunitario, fue hallado calcinado en su vehículo, mientras que Roberto Chávez, un líder contra la tala ilegal, fue asesinado en la comunidad de El Sangarro.

Este contexto de violencia se enmarca en la disputa por los recursos naturales en la región, donde la expansión de las huertas de aguacate y tala ilegal enfrenta la resistencia de comunidades que defienden sus bosques y mantos acuíferos.

Como la mayoría de los casos han quedado impunes ante la inacción gubernamental, los crímenes e intimidaciones van en aumento. Solo hay que ver de qué manera son intimidados los activistas en Michoacán.

El activista social y presidente de la Fundación Soto Sanabria A. C., Luis Manuel Soto Sanabria, fue amenazado de muerte al recibir en su vehículo particular un arreglo floral fúnebre acompañado de un mensaje en Uruapan.

A través de sus redes sociales, Soto Sanabria realizó una transmisión en vivo donde expresó su impotencia ante esta situación y exigió a las autoridades dar con los responsables.

Todo parece indicar que el activismo se paga con sangre en Michoacán.

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