CÁRCELES Y CELULAR
El problema de la extorsión en México no puede disminuir, mientras existan autoridades vinculadas con los grupos criminales a quienes facilitan su ilegal proceder, inclusive desde los llamados Centros de Readaptación Social o Ceresos.
En México, los delitos de extorsión han alcanzado sus niveles más alto en 11 años, con un total de 6 mil 562 víctimas registradas oficialmente, durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 9.17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, se estima que 9 de cada 10 extorsiones se realizan desde los penales, donde los celulares están prohibidos, lo que indica un aumento significativo en la extorsión telefónica. Este problema lleva años y solo se entiende su existencia, gracias a la corrupción que existe entre las autoridades y custodios de los centros, que permiten que se efectúen llamadas para extorsionar a la gente desde dentro de los penales.
Desde el 2017, las autoridades detectaron cerca de 3.7 millones de llamadas desde celulares en solo siete cárceles analizadas. Años después, la historia no cambió: otros monitoreos confirmaron que las llamadas en varios penales seguían en aumento.
Si los presos extorsionan desde la cárcel, porqué no quitarles los enchufes para que no puedan cargarlos, México lleva más de una década intentando resolver esto con tecnología de punta.
Aunque desde 2012 es obligatorio instalar inhibidores de señal en los penales y la ley sigue exigiendo sistemas avanzados para bloquear la comunicación, seguimos recibiendo llamadas.
Y es que, en la mayoría de los casos, gracias a la corrupción existente, los presos pueden tener enchufes eléctricos al lado de sus camas y la pregunta obligada es, mientras el gobierno se quiebra la cabeza pensando cómo bloquear la señal de un teléfono prohibido, ¿porque se permite su posesión y la existencia de enchufes para que no se queden sin batería?
Otro ejemplo de la corrupción que permite la autoridad y que cómplice de ella.
