LA FALLA EN EL FALLO DE LA SCJN
El Congreso de Chihuahua pasó a la historia, al aprobar una ley que permite que una elección sea anulada, si en ella interviene el crimen organizado, y que no pueda competir quien tenga vínculos con la delincuencia. Todas las fuerzas políticas votaron a favor, menos una, Morena.
A través de sus redes sociales, la gobernadora Maru Campos aseguro que la iniciativa no fue una ocurrencia, sino respuesta a un problema que, dijo, “hemos visto pasar en México”, en donde hay entidades donde el narcotráfico decide quién se registra, quién compite y quién gana.
De acuerdo con lo que acusó Campos Galván, en estados así la gente vota “pero la elección ya está decidida por quien tiene las armas”, como ha ocurrido en municipios de Sinaloa y Michoacán y muchos otros en casi todo el país.
El oficialismo no sólo se opuso a esta ley, sino que, al no alcanzar los votos para frenarla en el Congreso local, acudió a la SCJN para inconformarse, donde finalmente este día fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las disposiciones anuladas se encuentran aquellas relacionadas con la posibilidad de cancelar el registro de partidos, candidaturas o incluso invalidar votaciones y elecciones cuando existieran actos vinculados con violencia, amenazas, intimidación, financiamiento o influencia indebida atribuida a grupos delictivos.
La Corte consideró que el Congreso de Chihuahua no desarrolló correctamente en la legislación estatal el supuesto incorporado al artículo 41 de la Constitución federal sobre la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
La resolución precisó que ambos escenarios pueden llegar a coincidir en determinados casos, pero no son equivalentes. Por ello, la Corte concluyó que limitar la intervención extranjera a los supuestos de delincuencia contemplados en la legislación estatal habría reducido el alcance de la disposición constitucional.
El fallo de la Corte, en realidad es la falla que evidencia la protección del oficialismo hacia los grupos criminales, ahora, la Corte es cómplice.
Bienvenidos a los tiempos estelares de la 4T.
