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lunes, mayo 20, 2024

TRABALENGUAS

EL COSTO DE LA VIOLENCIA PEGA AL PIB

Mientras que el Gobierno Federal está más preocupado en lo que hará Marcelo Ebrad por no aceptar los resultados del proceso de Morena, la violencia sigue imparable, y su costo no sólo es en la pérdida de vidas humanas, sino también económico.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, se dio a conocer que el costo total en México de la inseguridad y el delito contra las personas ascendió a 319.1 mil millones de pesos en 2022.

Lo anterior equivale el 1.08 % de la riqueza generada en el país, es decir el Producto Interno Bruto (PIB). La cifra se traduce en 8 mil 192 pesos en promedio por personas afectadas, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI.

Sin embargo, aunque el costo de la inseguridad y la delincuencia aumento, el número de víctimas disminuyó en 2022.

 La cantidad de personas mayores de 18 años y más afectadas fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de prevalencia de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Por su parte la tasa de incidencia, es decir, el número de delitos por cada 100 mil habitantes, llegó a 28 mil 701 casos.

Aunque son números muy altos respecto a cómo se encuentran en otros países, contrastan con el hecho de que son los resultados más bajos en al menos una década.

La encuesta también revela además que los delitos a escala nacional tuvieron una reconfiguración; en años previos, el robo en el transporte público y en la calle era el principal delito, sin embargo, en 2023 fue desplazad por el fraude, que ahora ocupa el primer lugar, mientras que la extorsión se mantiene en el tercer sitio.

Uno de los puntos centrales del ejercicio estadístico, confirma que seis de cada 10 personas en el país consideran inseguro vivir en su municipio o demarcación, tres de cada cuatro en su estado y cuatro de cada 10 en su localidad o colonia.

Desde luego, Michoacán se encuentra entre las entidades donde la violencia no solo cuesta víctimas, sino millones de pesos anualmente a la ciudadanía, recursos que generalmente demandan los grupos criminales mediante a la extorsión, el fraude y pago de piso, aunque las autoridades digan lo contrario.

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