La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia                                                                                        

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024. El objetivo es generar información sobre las características de las unidades económicas que son víctimas de delito, los delitos más representativos del fuero común y los daños causados, así como la percepción sobre la inseguridad y desempeño institucional, entre otros factores. Esta información es valiosa para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

Establecimientos víctimas de delito

El INEGI estimó que, en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Lo anterior equivale a 27.2 % de las unidades económicas del país. Este mismo porcentaje en 2021 fue de 24.6.

Durante 2023 se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a las 1.3 millones de unidades económicas que fueron víctimas de delitos. En otras palabras, la tasa de concentración fue de 2.2 delitos por unidad económica víctima.

Características de los establecimientos víctimas de delitos

Los establecimientos que reportaron la mayor tasa de victimización fueron los del sector Comercio, con 31.5 por ciento. Siguieron los que se dedican al sector Industrias manufactureras, con 21.6 % y al sector Servicios, con 24.2 por ciento.

Durante 2023, 47.3 % de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito. Por su parte, el porcentaje de las medianas fue 49.0; de las pequeñas, 40.7 y de las micro, 26.3.

Las unidades económicas del sector Servicios tuvieron la mayor concentración de delitos (2.4 delitos por unidad económica víctima). Ahora bien, por tamaño, las unidades económicas las grandes registraron mayor frecuencia de victimización (4.1 delitos por unidad económica víctima).

Prevalencia delictiva en las entidades federativas

Al comparar con 2021, en 2023, la tasa de prevalencia disminuyó en 3 entidades federativas, aumentó en 10 y no tuvo cambios en 19. En 2023, las tasas más altas, por cada 10 mil unidades económicas, se registraron en Sonora, con 3 mil 728; Aguascalientes, con 3 mil 638, y Querétaro, con 3 mil 462. Las tasas más bajas se presentaron en Tamaulipas, con mil 756; Oaxaca, con mil 810, y Guerrero, con mil 825.

Delitos más frecuentes

El delito más frecuente fue extorsión, con una tasa de prevalencia delictiva de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas. Siguieron robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, con mil 030, y robo hormiga, con mil 002. Dichos delitos concentraron 58.8 % de los ocurridos contra las unidades económicas.

Denuncia del delito y procuración de justicia

En 2023 se denunció 12.2 % de los delitos ocurridos. De estos, en 79.4 % de los casos las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos (MP) abrieron carpetas de investigación -la unidad económica pudo confundir una carpeta de investigación con un acta de hechos-. Del total de delitos, se abrió carpeta de investigación en 9.7 % de los casos.

En 90.3 % de delitos ocurridos (2.6 millones) no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación, a lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra. Al compararla con la de 2021, el cambio no resultó significativo. Este comportamiento fue similar por gran sector y por tamaño de las unidades económicas, a excepción de las pequeñas: estas indicaron una disminución de cifra negra de 89.2 a 86.8 por ciento.

Del total de delitos denunciados ante las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos por parte de las unidades económicas víctimas, en 59.8 % de los casos no sucedió nada con la carpeta de investigación o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Lo anterior equivalió a un total de 213 mil delitos de los 357 mil que se denunciaron.

Entre las razones por las que las unidades económicas no denunciaron el delito ante las autoridades destacaron, dentro de las causas atribuibles a la autoridad -se entiende: miedo a que la o lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad-, la pérdida de tiempo, con 33.4 %, y, dentro de otras causas -se entiende: miedo a la o al agresor, delito de poca importancia o no tenía pruebas-, el haberlo considerado delito de poca importancia, con 14.9 por ciento.

De los 2.9 millones de delitos estimados, en 40.7 % de los casos, una o varias empleadas o empleados, o las personas propietarias, presenciaron el hecho delictivo. En términos absolutos, lo anterior representó 1.2 millones de delitos.

Delitos cometidos con violencia física

En 1.2 millones de delitos, empleadas, empleados o personas propietarias de la unidad económica víctima estuvieron presentes al momento de ocurrencia de estos. De ellos, en 5.3 % de los casos hubo agresión física -la refiere el miembro de la unidad económica víctima cuando sufrió o no una acción deliberada para provocarle un daño físico por parte de la o del agresor-. El total de estos casos fue de 62.8 mil. Asimismo, en 18.6 %, las o los delincuentes portaban algún tipo de arma (29.8 % con respecto a los delitos en los que aplica el uso de arma) -por su naturaleza, en 37.6 % de los delitos no aplicó la portación de arma (robo hormiga, fraude, delito informático y corrupción). De los delitos en los que la o el delincuente portaba arma, en 20.6 % de los casos, esta se utilizó.

Costos del delito

Se estima que, en 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124.3 mil millones de pesos (0.51 % del Producto Interno Bruto (PIB)).

Se estimó que las unidades económicas realizaron un gasto de 67.2 mil millones de pesos en medidas preventivas. El costo promedio del delito por unidad económica, a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 54 mil 451 pesos -los montos económicos se deflactaron con 2018 como año base-.

Percepción de inseguridad y desempeño institucional

A nivel nacional, se estima que 59.1 % de las unidades económicas (2.8 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan. Además, 37.6 % de las unidades económicas respondió que la falta de apoyos del gobierno se considera como el segundo gran problema que enfrentan.

Del total de unidades económicas a nivel nacional, 69.4 % percibió como insegura la entidad federativa en la que opera, lo que equivalió a 3.3 millones de unidades económicas. A nivel nacional, transportar productos en carreteras o autopistas fue la actividad en la que manifestaron sentir más inseguridad, con 52.2 por ciento.

En lo que respecta a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia, 69.9 % de las unidades económicas consideró que la policía de tránsito de su municipio es corrupta.

Durante 2024, a nivel nacional, 87.6 % de las unidades económicas manifestó que la Marina desempeñó un trabajo muy o algo efectivo.

La base de datos y los resultados de la ENVE 2024 se pueden consultar en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2024/

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, organización mundial de empresas advierte que éstos se deben materializar en el día a día de cada ser humano

Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han transcurrido más de siete décadas de avances significativos en la promoción y protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como local; sin embargo, aunque se ha progresado en muchos aspectos, los retos siguen siendo enormes, especialmente en un mundo que sigue enfrentando desigualdades profundas y persistentes, por lo que en este día tan significativo, en la International Chamber of Commerce (ICC) México reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos fundamentales para lograr un mundo y un México más justo.

Cada 10 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que invita a reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de la dignidad humana, desde aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas dio a conocer un documento histórico que marcó un hito en la historia de la humanidad, al proclamar un conjunto de derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos sin distinción alguna.

A lo largo de estos años, hemos sido testigos de la creación de normativas, de la inclusión de los derechos humanos en constituciones nacionales y de esfuerzos conjuntos entre gobiernos, empresas y sociedad civil para consolidar estos principios fundamentales; empero, a pesar de estos avances, la lucha por garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos sigue siendo una tarea pendiente en muchos rincones del planeta.

Desde el ámbito gubernamental, es responsabilidad de los Estados garantizar que los derechos humanos sean más que un ideal, sino una realidad cotidiana para sus ciudadanos, para lo cual es necesario que los gobiernos implementen políticas públicas inclusivas y mecanismos efectivos de acceso a la justicia, con legislaciones alineadas con los instrumentos internacionales, como la propia Declaración Universal, a la vez que las instituciones encargadas de su cumplimiento deben ser transparentes, responsables y fuertes porque sin estos pilares, los avances conseguidos corren el riesgo de desmoronarse.

Las empresas también desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, al incorporar los principios rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en sus operaciones, directrices esenciales para que las empresas no solo eviten causar daños a las personas y comunidades, sino que también jueguen un rol activo en mejorar las condiciones laborales, fomentar la equidad de género y respetar el medio ambiente. De hecho, la implementación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ha mostrado ser una herramienta clave para alinear las prácticas empresariales con los principios de derechos humanos.

La sociedad civil organizada sigue siendo un actor indispensable en esta lucha al convertirse en el puente que conecta las demandas de la ciudadanía con las acciones de los gobiernos y las empresas, ya que, como agentes activos en la construcción de una cultura global de respeto a la dignidad humana a través de la educación, la sensibilización y la movilización, las organizaciones de la sociedad civil no solo defienden los derechos de las personas, sino que también los visibilizan de manera cotidiana.

En este Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la International Chamber of Commerce (ICC) México reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos fundamentales y nos unimos al llamado global para redoblar los esfuerzos, superar los obstáculos que aún persisten y trabajar de manera conjunta para construir un futuro en el que la dignidad de todas las personas sea respetada.

Los derechos humanos no deben ser negociables, por el contrario, son una responsabilidad compartida de gobiernos, empresas y sociedad civil el asegurar que no solo se reconozcan, sino que se materialicen en el día a día de cada ser humano, sin importar su nacionalidad, género, religión o cualquier otra condición.

El camino hacia un mundo más justo y humano es largo, pero solo con la colaboración de todos los sectores de la sociedad podremos superar las barreras que aún limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos y avanzar hacia un futuro donde la justicia, la igualdad y la dignidad sean la base de nuestra convivencia global.