Dice desconfiar de las investigaciones de la PGJE
La familia de la candidata a diputada local por el Partido Verde, Maribel Barajas Cortés, asesinada hace un par de semanas, desconfía del resolutivo de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y recurrirá a la figura de “asesoría victimal”, para investigar su asesinato y exigir a las autoridades la presentación de los culpables.
Esto luego de que la aspirante a la curul estatal fuera asesinada a sangre fría, pero las investigaciones de la fiscalía michoacana arrojaran que supuestamente previo a su muerte, Barajas Cortés había ordenado el homicidio de otra mujer, hecho que convirtió a la víctima en victimaria y provocó la inconformidad de la familia.
El representante legal de la familia, Ignacio Mendoza Jiménez explicó que la resolución de la PGJE es un “dicho que está sujeto a corroboración”, por lo que los afectados decidieron recurrir a la nueva figura de “asesoría victimal”, como parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
“La familia de Maribel lo que desea en primer lugar es llegar al fondo del asunto y establecer que la línea que sigue la Procuraduría sea la correcta y si hay más involucrados que sean llamados a juicio, y que el proceso tenga una sentencia condenatoria para quienes perpetraron esto, para que los familiares tengan la paz y la seguridad de que el móvil está claro y que eso los haga descansar”, manifestó.
Acusó a la PGJE que dirige José Martín Godoy Castro de actuar más como un partido político que como una instancia encargada de hacer valer la justicia en la sociedad.
“El desconocimiento del Nuevo Sistema hace que la Procuraduría cometa estás pifias, está dando datos y temas que no sirven de nada para el proceso y lo único que hacen es meterle ruido y entonces ya la discusión no es quién privó de la vida, sino investigar si Maribel hizo o no determinada circunstancia que además no está comprobado, es un dicho que está sujeto a corroboración, por eso es la investigación”, subrayó.
El jurista lamentó que este no sea el primer caso en que la PGJE intenta criminalizar a las víctimas, para encontrar culpables.
