Otro comisionado de Atención a Víctimas había denunciado supuestos desvíos de recursos cuando ella presidía el organismo
Salvador Ceja Barrera, ex comisionado de Atención a Víctimas, fue condenado por el Juez Octavo de lo Civil de Morelia en sentencia definitiva y firme, a pagar gastos y costas a Selene Vázquez Alatorre y a no volver a divulgar información que pretenda desacreditarle, toda vez que las acusaciones que lanzó contra ella no pudo acreditarlas.
En su demanda, la exdiputada y ahora ex presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, relató y documentó cómo Ceja Barrera una vez que supo que se había informado al Congreso del Estado que tenía más de 6 meses sin presentarse a trabajar, pero que seguía cobrando, en revancha desató una campaña en algunos medios para desacreditar a la presidenta de ese organismo, causando descrédito no sólo a ella, sino a la propia institución de manera dolosa, desleal y de mala fe.
El juicio sumario civil número 537/2017 sobre “jactancia”, instó a Ceja Barrera a probar su dicho en términos del Código Civil, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que “la jactancia consiste en la afirmación pública que una persona hace de que otra es deudora o de que tiene una acción que ejercitar en su contra y no es necesario que dicha afirmación sea injusta o de mala fe, porque el fundamento de esa acción está en derecho a mantener la integridad del crédito personal y la seguridad jurídica…”
La sentencia dio oportunidad a Salvador Ceja para que presentara pruebas de sus aseveraciones sobre desvíos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cosa que no hizo, pero lo que apercibió de que al no hacerlo en el plazo designado se tendría por desistido de la acción que afirmó conocer.
Así pues, Salvador Ceja Barrera queda sentenciado y apercibido a no volver a lanzar infundios contra Vázquez Alatorre y a pagar gastos y costas.
La ex comisionada informó públicamente en su momento, que las ausencias de Salvador Ceja Barrera y otras faltas a su función habían sido informadas en tiempo y forma a la Secretaría de la Contraloría, que hasta ahora no ha emitido ninguna información al respecto, a pesar de que el propio Congreso mediante decreto le ordenó investigar. Vázquez Alatorre también hizo una consulta a la Auditoría Superior de Michoacán, además de denunciarlo ante la autoridad que lo eligió, es decir, el Congreso del Estado de Michoacán.