Tendrá dos meses para presentar un mayor número de pruebas en contra del presunto asesino
Este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo una prórroga de dos meses, para presentar un mayor número de pruebas en contra de Diego Urik M., presunto asesino de la joven Jessica Villaseñor.
Fue en días previos que la fiscalía michoacana presentó una Audiencia de Solicitud de Ampliación de Plazo de Investigación, para fortalecer la carpeta contra el joven de 18 años acusado de asesinato.
La audiencia se desarrolló en la Sala Séptima, para solicitar al juez la prórroga y posteriormente se pueda arrancar con la etapa final para sentenciar o absolver al imputado.
Conforme lo señala el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de Control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses, sí se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento.
Trascurrido el plazo para la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo.
Mientras que el artículo 322 del mismo código, establece que el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular la acusación, con la finalidad, de lograr una mejor preparación del caso.
La FGE, amparada en ambos artículos, solicitó la prórroga para el caso del feminicidio de Jessica, ya que, a decir de un comunicado de prensa, se pretende que en el marco de los términos y plazos legales, puedan “robustecer la investigación que soportará la acusación que en su momento realizará el Ministerio Público, para pedir una sanción ejemplar”.
Añade que se recabaron datos de prueba que actualmente están en procesamiento técnico-científico, lo que deriva en la necesidad aprovechar en toda su amplitud el plazo que la ley autoriza a las partes.
