Luego de un largo periodo de transición, Andrés Manuel López Obrador se convirtió finalmente este sábado en presidente de México. Gobernará un país, donde más de 53 millones de personas tienen un ingreso menor a los 90 pesos diarios, consecuencia, según sus propias palabras, de una política económica neoliberal fracasada que durante 36 años alimentó las prácticas corruptas y el enriquecimiento del grupo minoritario en el poder.
Tras rendir protesta ante el Congreso de la Unión, el tabasqueño se dirigió a los mexicanos, a quienes aseguró que “la deshonestidad de sus gobernantes y de la pequeña minoría que lucró con el influyentismo”, es la causa principal de la desigualdad económica y social, así como de la inseguridad y violencia que enfrentan el país.
De acuerdo a la lógica lopezobradorista, estas prácticas habrían generado el incremento en la deuda pública nacional, de 1.7 billones de pesos en el sexenio de Vicente Fox Quesada, a 5.2 billones con Felipe Calderón Hinojosa, y luego a 10 billones con Enrique Peña Nieto, quien ni siquiera sudó o se acongojó ante los señalamientos de su sucesor. Sentado a unos metros del tabasqueño, el priista pareció hasta divertido con los gritos de los legisladores opositores contra el nuevo Ejecutivo Federal.
Y cómo no, si las palabras del presidente tranquilizaron más bien a la clase política mexicana cuando en la tribuna se pronunció en contra de la persecución a los funcionarios del pasado, porque no le apuesta al circo ni a la simulación, porque no habría juzgados ni cárceles suficientes para castigar a quienes infringieron la ley.
¿Qué la Cuarta Transformación no significaba un nuevo comienzo para México? ¿No era el combate a la impunidad una de las principales banderas de Andrés Manuel López Obrador? ¿No era la Mafia en el Poder, la señalada como responsable de haber mantenido postrado a nuestro país, pese a la riqueza de su gente y de sus recursos naturales? ¿No eran los neoliberales quienes habían mentido, robado y empobrecido al pueblo de México, según las palabras del presidente?
El perdón y la indulgencia a los que le apuesta López Obrador son vergonzantes, ante el saqueo que han sufrido las arcas federales y estatales durante largos años de gobiernos de todos los colores.
Michoacán es también prueba de ello, aquí el recuento…
En 2002, la llegada de Lázaro Cárdenas Batel a la gubernatura, generó un incremento exponencial en los pasivos, ya que la deuda por mil 578 millones de pesos heredada por el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, aumentó con el actual coordinador presidencial de asesores a 14 mil 691 millones. De acuerdo a los documentos oficiales la cifra crecería tan sólo cuatro años después a 37 mil 795 millones con Leonel Godoy Rangel, en estos momentos representante de Morena en Baja California. El priista Fausto Vallejo, llevó los pasivos de largo y corto plazo a 36 mil 875 millones, mientras Silvano Aureoles Conejo, cerró el tercer trimestre de este año con 30 mil 632 millones de pesos de deuda de corto y largo plazo.
Apenas la semana pasada el mandatario estatal señaló que sus sucesores en el cargo habían tenido que endeudarse, desviar recursos y renunciar a responsabilidades como la ejecución de infraestructura, para hacer frente a los compromisos con el sector educativo, sin embargo, ninguno de ellos inició una acción legal o lo denunció en su momento, por el contrario, año con año se firmaron minutas por montos millonarios con las representaciones sindicales, en detrimento de la propia administración pública y en consecuencia de los michoacanos.
Por ello, esperaré con ansia la nueva consulta que comprometió López Obrador para definir este tema, pero ahora ya no podrá ser una consulta “ligth” como las que lanzó para definir la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o los 10 programas prioritarios de su administración, sino una consulta apegada a lo que establece la Ley Federal en la materia, ya que sólo así obligaría a que sus resultados sean vinculantes.
Y es que, como gran parte de los mexicanos, no espero venganza ni persecución; exijo simplemente la aplicación de la ley; no espero perdón o indulgencia, exijo que se inicien los procesos fiscalizadores que establece la ley y que también, en apego a la norma, se sancione a los responsables de abusar de su encargo, lo cual por cierto, no depende de una decisión presidencial.
