El fallo del décimo cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ratificó la ilegalidad de las minutas firmadas por la federación, el gobierno de Oaxaca y la sección 22 de la CNTE, abrió la posibilidad de que en Michoacán se siga un proceso similar para echar abajo medio centenar de documentos signados de manera arbitraria durante los últimos 25 años y que mantienen al estado en quebranto financiero.
De acuerdo al reporte de la organización “Mexicanos Primero”, en Oaxaca las irregularidades se cuentan por centenares, pero hay algunas que rayan en lo inverosímil; para muestra un botón, en ese estado se creó un banco de plazas, de las que la CNTE disponía a su antojo, por lo que el juez determinó que las autoridades están obligadas a dejar sin efecto los pactos firmados durante cuatro años.
De encontrar los elementos suficientes para sustentar la ilegalidad y arbitrariedad con que se han firmado las minutas, Michoacán se convertirá en el segundo estado del país, donde la organización ciudadana promoverá un amparo, en busca de que el Poder Judicial de la Federación declare ilegales los acuerdos entre autoridades y sindicatos del sector educativo.
El director de“Mexicanos Primero” en el estado, Erik Avilés Martínez, señaló que la resolución judicial sentó un precedente nacional y ahora Michoacán seguirá esa ruta no sólo para las 21 minutas firmadas por la CNTE y autoridades tanto estatales como federales, sino para otras 29 que corresponden a sindicatos de instituciones de educación media superior y superior.
Ante el poder judicial federal se argumentará que los funcionarios que han firmado los documentos se han extralimitado en el ejercicio de la función pública y han violentado las leyes que rigen la actividad educativa.
En 2015 cuando se promovió el amparo que concedió el juez Martín Santos Pérez en 2016 y ratificó el Tribunal Colegiado el pasado 27 de febrero, la organización gubernamental impugnó seis acuerdos firmados por el gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación y la representación sindical, ya que se establecía un régimen de excepción para la CNTE, a la que se otorgaba el manejo discrecional de plazas y se les dejaba al margen de la aplicación de la ley.
Para Michoacán, el reto ahora es definir una ruta legal que ponga en evidencia la serie de violaciones a la norma que se han cometido en las últimas dos décadas y que permitan remediar algo del quebranto que ha generado a las finanzas estatales.
En esta búsqueda, Mexicanos Primero, analizará cada uno de los documentos firmados, que han dejado 22 bonos anuales a los trabajadores de la educación de Michoacán, con un costo aproximado de mil 400 millones de pesos, pero con miras a prevenir una nueva afectación al presupuesto del estado, no descarta que para el primer amparo se utilice el documento firmado a inicio de este año por el titular de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor Garza González.
El hecho que se concretó en instalaciones del magisterio Democrático fue público y difundido a través de las redes sociales del propio funcionario federal, que en su mensaje a los integrantes de la CNTE, reconoció su aporte a la educación del país y refrendó el compromiso presidencial de echar abajo la Reforma Educativa.
La reunión a la que no fue convocada ninguna autoridad estatal, se desarrolló en plena crisis estatal, por el bloqueo del magisterio a las vías del tren, que dejó pérdidas de miles de millones de pesos al sector productivo del estado y el país, lo que podría representar otro elemento a la ilegalidad y arbitrariedad de los compromisos pactados.
La última palabra la tendrá ahora el poder Judicial Federal, que tiene la oportunidad de garantizar el cumplimiento de la ley, algo que no han logrado hasta el momento ni el poder Legislativo ni el Ejecutivo en ninguno de sus niveles, que han cedido a todas las presiones y chantajes magisteriales.
La omisión ha dejado al estado un déficit anual superior a los cinco mil millones de pesos y afectaciones graves a la calidad educativa, donde Michoacán se encuentra en el penúltimo lugar nacional, por lo que la intervención judicial permitiría no sólo conocer la verdad histórica sino evitar que los abusos se perpetúen.
