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martes, abril 16, 2024

EL PRIMER FISCAL GENERAL DE MICHOACÁN

veronica garciaTras la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, iniciará el proceso para el nombramiento de quien ocupará por primera vez este cargo en Michoacán durante los próximos nueve años. 32 aspirantes deberán comparecer lunes y martes ante integrantes de la Comisión de Justicia, luego de que el actual procurador José Martín Godoy Castro, se desistió de su aspiración por así convenir a sus intereses, además de la ex comisionada de seguridad de Morelia, Isabel Maldonado Maldonado Sánchez y Arturo Rodríguez Barbosa.

Godoy Castro llegó a Michoacán en 2014 cuando el estado se encontraba en una de sus peores crisis de inseguridad, políticas y sociales bajo el mando del ex priista Fausto Vallejo Figueroa. Ante la gravedad de la problemática, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidió enviar al estado al comisionado Alfredo Castillo Cervantes, que anunció de inmediato el relevo en la procuraduría y en la Secretaria de Seguridad Pública, donde se colocó al michoacano, Carlos Hugo Castellanos.

Así llegó el actual procurador a la entidad, donde fue ratificado después por el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero y el actual mandatario, Silvano Aureoles Conejo.

En la larga lista de aspirantes destacaron desde el inicio Godoy Castro, así como el actual coordinador de los diputados locales del PRD y ex secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien también se registró en el proceso interno. En ambos casos, de ser designados, reunirían las características para ser considerados “fiscal carnal”, por su cercanía política y laboral con el Ejecutivo michoacano.

Luego del desistimiento del actual procurador y de que el líder de la corriente perredista, Alianza Democrática Nacional, Carlos Torres Piña no ha manifestado pleno respaldo a López Solís, en el Congreso local comienza a correr el rumor de que Luis Carlos García Stefan, sería el designado. El notario es hijo de Antonio García Torres, quien se desempeñó como secretario de Gobierno, durante el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, administración en la que su hermano, Jorge Eduardo García Torres, fungía como titular de la Procuraduría de Justicia.

El camino para nombrar el primer fiscal general del estado apenas arranca, pero en el Congreso comienzan ya los jaloneos y aún ni siquiera se desarrollan las comparecencias.

El ruido han comenzado a meterlo desde ahora los cuatro integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, que encabeza Brenda Fraga Gutiérrez, luego de que al margen del proceso legal, decidieron entrevistarse con cada uno de los aspirantes. El hecho fue notorio para trabajadores del congreso local y para otros diputados, que incluso ofrecieron una silla a los candidatos a Fiscal, incómodos por verlos esperando en los pasillos.

Fraga Gutiérrez argumentó que la convocatoria se hizo a propuesta de la comisión coordinadora de este partido, pero tiene como único propósito conocer sus propuestas y externar sus dudas, lo que generó la suspicacia.

En la larga lista de aspirantes, se encuentran magistrados, ex funcionarios, actuales servidores públicos, el presidente de la comisión estatal de Derechos Humanos e incluso un candidato a la gubernatura del estado, de donde los legisladores deberán escoger las 10 mejores propuestas y enviarlas al gobernador Silvano Aureoles, que a su vez seleccionará tres nombres, de los que el Congreso seleccionará el efectivo.

El reto de los legisladores no se antoja sencillo y menos aún el del nuevo fiscal que deberá desempeñarse en un estado como Michoacán, donde la incidencia delictiva en el último año fue de 46 mil 536 casos que se constituyeron en carpetas de investigación, con lo que ocupa el lugar 13 en este problema a nivel nacional.

Sin embargo, de acuerdo al reporte de organismos internacionales, en Michoacán sólo 0.54 por ciento de los delitos que se registran son esclarecidos y sólo el seis por ciento se denuncia, de tal manera que es más probable que una persona gane un reintegro de la lotería, que el ilícito que denuncia sea investigado y derive en una sanción.

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