Luego de siete años en el cargo, José Luis López Salgado, terminó este ocho de diciembre su responsabilidad como Auditor Superior del Congreso de Michoacán, desde donde vio pasar a los integrantes de cuatro legislaturas locales y fue responsable de la fiscalización de las administraciones que encabezaron cinco gobernadores del estado.
El nombramiento del perredista fue polémico desde que fue designado en 2011. Entonces, la LXXI Legislatura votó a su favor cuando la Ley de Fiscalización vigente establecía un periodo de cuatro años de duración para el titular de la Auditoría, pero sus impulsores encontraron un resquicio para aplicar a su caso la legislación publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de enero del siguiente año, lo que le permitió prolongarse durante siete años en el cargo.
Ahora López Salgado, dejará la Auditoría Superior sin que el Poder Judicial de la Federación haya resuelto en definitiva el recurso de revisión que promovió el Congreso local, contra el amparo que concedió el Juez Primero de Distrito, Ubaldo García Armas, al Centro Michoacano de Evaluación, por considerar que el pleno del Congreso local violentó su propia ley orgánica al desechar con votación económica o a mano alzada, la solicitud de juicio político, que promovió el organismo ciudadano.
Asumirá ese cargo el actual auditor especial de normatividad y control de calidad como suplente, Artemio Zaragoza en tanto el Congreso desahoga el procedimiento para nombrar al nuevo titular, una vez que logre armonizar la legislación federal con la estatal, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción.
Son muchos los temas que dejará pendientes López Salgado, quien hasta 2015 mantuvo en proceso la revisión del destino que tuvieron los 150 millones de pesos que etiquetó el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel para la gestoría directa de los diputados.
Dejará también sin concluir la revisión del Teatro Matamoros, que en septiembre pasado cumplió ocho años de retraso y enfrenta además una demanda laboral del hermano del ex mandatario, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, quien alega que no se le pagaron sus servicios como secretario técnico del Fideicomiso en el que se depositaron los recursos para la construcción de la obra, los cuales se han mantenido en total opacidad.
El auditor Superior de Michoacán tampoco dio resultados claros de la revisión realizada a los recursos destinados a la edificación de la presa J. Múgica, desde su construcción sujeta a suspicacias, y donde, según información difundida en medios de comunicación, podría haberse presentado alguna participación de la empresa brasileña Odebrecht.
Pero en materia de fiscalización, no todo es atribuible a la figura del auditor, que se cansó de denunciar la intervención de los legisladores en el órgano a su cargo, que hasta el momento no tiene un presupuesto propio y mucho menos autonomía. De acuerdo a su propia evaluación, al menos el 80 por ciento de la plantilla laboral a su cargo no cumple con el perfil, ya que está formada por amigos y recomendados de los diputados.
Lo ocurrido en estos siete años, arroja un saldo negativo pese a que logró desahogar la mitad de los siete mil procedimientos que recibió a su llegada a dicho órgano. La experiencia dicta que sin importar la formación académica, el perfil o el partido que respalden al auditor, no hay ley, medida o sistema que permita avanzar en una correcta fiscalización de los recursos públicos.
