Con la aprobación de la nueva de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado, así como el dictamen de las cuentas públicas municipales correspondientes al 2017, los diputados michoacanos dejaron mucho a deber a una de las principales obligaciones que tiene el Poder Legislativo: vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.
De inicio, en el nuevo marco jurídico no lograron garantizar la autonomía presupuestaria de la Auditoría Superior, este órgano tan vapuleado por los intereses políticos, personales y financieros de los propios legisladores, que mantienen resistencia a darle libertad y poder en su labor fiscalizadora, quizá por temor de las consecuencias que pudiera acarrear para ellos mismos, ya que la mayoría tiene una larga historia en la administración pública.
La Auditoría no tendrá su propia Unidad Programática Presupuestaria, lo que le hubiera garantizado no estar supeditado a la decisión de los legisladores y de su Secretaría de Finanzas, que al menos durante la administración de José Luis López Salgado, mantuvo adeudos constantes en el pago de viáticos. Pese a todo, en la discusión entre grupos parlamentarios previo a la aprobación del marco jurídico, a lo mucho se logró el acuerdo para que cada año se le designe un presupuesto específico.
En el caso de los informes de las cuentas municipales correspondientes al 2017, legisladores reconocieron las deficiencias del trabajo que realizó el encargado de despacho Artemio Zaragoza Tapia, quien entregó los resultados sin haber concluido la revisión de 28 municipios, sin cuantificar observaciones y sin realizar la auditoría económica, de obra y de desempeño, a la que le obliga la ley.
A tal grado llegó la falta de información que los diputados ni aprobaron ni reprobaron el trabajo realizado por la auditoría y dejaron abierta la posibilidad de que los informes no reflejen la situación real de los ayuntamientos.
El presidente de la comisión Inspectora, Marco Polo Aguirre Chávez, deslindó de toda responsabilidad al actual titular provisional de la Auditoría desde el pasado ocho de marzo, al señalar que sólo recopiló el trabajo que ya había realizado su antecesor.Como ocurre casi siempre cuando se trata del uso de los recursos públicos, otra coincidencia impidió que se realizara un mejor trabajo de fiscalización, ya que al inicio de año, los propios diputados decidieron renovar la plantilla laboral, claro, con sus recomendados y conocidos, lo que obviamente afectó su desempeño en plena integración de los informes municipales.
Mi conclusión a partir de estos resultados avalados sin problema alguno en las primeras horas del 29 de marzo, es que con la cuenta pública del gobierno estatal también del 2017 no va a pasar absolutamente nada. Pese a que se observaron seis mil 117 millones de pesos y se integrarán 194 expedientes de investigación para efectos de determinar si existe responsabilidad de los servidores públicos observados.
Comparto con ustedes, la aportación de Mario Gómez a las consideraciones sobre fiscalización que esta reportera ha hecho en ese mismo espacio y en la que se refiere al informe de resultados del gobierno estatal del 2017:
“En la observación preliminar número 03. Secretaría de Finanzas y Administración. Dice al calce “se identificaron retiros bancarios que no se registraron contablemente por un monto global de 438 millones de pesos”. A, Laggunas Líneas Integrales SA por 288 mdp y 150mdpde fechas 13/07/2017 y 14/09/2017, respectivamente. Y la dependencia informó que los movimientos pendientes de contabilizar están en proceso de análisis y registro, debido a la carga de trabajo. Por lo que la ASM declaró “Los elementos proporcionados no justificaron la inconsistencia que guarda relación con el hecho observado, por lo que se ratifica la observación preliminar número 03”.
En principio la ASM no valora correctamente el hecho observado, dado que no es una inconsistencia sino una omisión en la aplicación del gasto, y probablemente un desvío de recursos. Por lo que debió de haberse investigado a fondo, e iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativo, y tal vez, denuncia penal. Pero además, en la observación preliminar número 3 del DIF estatal “Se detectó que se recibieron transferencias de la persona moral denominada “Lagguna Líneas Integrales, S.A. de C.V.” (…) por un importe de 5 millones 345 mil 325 pesos; sin embargo, las autoridades del DIF no justificaron la razón por la que se recibió el recurso de dicha persona moral”.
Lo cual evidencia irregularidades en las operaciones realizadas con Lagguna Líneas Integrales, S.A. de C.V., y demuestra que las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de Michoacán se elaboran superficialmente y en paralelo, es decir, no se efectúa un cruce de información en las mismas. Por lo que se omite investigar todas sus operaciones, y estar en condiciones de ratificar, ampliar, o desechar la presunta irregularidad.”
¿Usted qué opina estimado lector?
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