Sin importar el contenido que tenga el dictamen, el 30 de abril los integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura Local cumplirán con lo establecido en la Constitución del Estado y en la Ley Orgánica del Congreso, y declararán analizado el informe de la cuenta pública del gobierno de Michoacán correspondiente al 2017, que elaboró la Auditoría Superior y que entregó desde el pasado 20 de febrero.
A horas de que se venza el plazo legal, los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, no han logrado acordar el documento que turnarán al pleno, ya que luego de dos semanas de asueto, no asistieron a las dos reuniones de trabajo a las que fueron convocados; la última este fin de semana, donde el presidente de la comisión Inspectora, Marco Polo Aguirre Chávez y el panista Javier Estrada Cárdenas, se quedaron esperando al resto de los legisladores.
El problema, es que, a diferencia de otros años, cada comisión ha presentado su propio dictamen o más bien dicho, un dictamen con conclusiones diferentes, ya que su contenido es exactamente el mismo, salvo algunas líneas que se incluyen en el artículo dos del decreto:
Uno, que señala que “la información financiera no se presentó de manera consolidada en apego estricto a la legislación aplicable, por lo que no puede reflejar razonablemente la situación financiera de la Hacienda Estatal”.
En contraparte, el otro dictamen sólo precisa que con el informe de Resultados presentado por la Auditoría “se cuentan con los elementos suficientes y competentes para dictaminar la Cuenta Pública”.
Por lo demás, los dictámenes realizaron una recopilación del trabajo realizado por el órgano fiscalizador y señalaron finalmente que “las finanzas del gobierno del estado no son convenientes, debido a que los ingresos propios son bajos para cubrir las necesidades sociales”.
También concluyeron que las inconsistencias detectadas no permiten conocer la situación financiera de la cuenta pública de Michoacán y que los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2017 carecen de elementos que aseguren que la información financiera sea real, confiable, veraz, oportuna y objetiva para la toma de decisiones.
Sin embargo, el análisis no incluyó el monto de las observaciones que hizo la Auditoría Superior al gobierno de Michoacán, ya que no lo consideró en el informe que entregó a los diputados, pero curiosamente sí proporcionó los datos a los representantes de los medios de comunicación y que ascendieron a seis mil 117 millones de pesos, correspondientes al 19 por ciento de los 33 mil 693 millones revisados.
En este documento se precisa que ninguna de las 78 dependencias que forman la administración estatal entregó el 100 por ciento de los documentos financieros requeridos, pero 12 no remitieron ninguna información:
Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública
Zoológico Benito Juárez
Universidad Michoacana
Universidad Virtual
Comisión Forestal
Junta Caminos
Defensoría de Oficio
Centro de Fomento Ganadero
Fideicomiso de Parques Industriales
Instituto de la Juventud
Coordinación Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, niños y adolescentes, así como la coordinación del Sistema Penitenciario estatal.
En el caso del Poder Legislativo se señala que dejó de integrar la totalidad de la información financiera y los formatos a los que obliga la Ley general de Contabilidad Gubernamental, mientras que, al Poder Judicial del estado, lo señala por presentar debilidades en materia de armonización contable y disciplina financiera.
Desafortunadamente, los legisladores omitieron incluir montos y detalles de las observaciones por presuntas irregularidades que hizo la Auditoría a las dependencias fiscalizadas y que derivaron en 144 pliegos de observaciones, 44 proyectos y tres cédulas de recomendaciones, pero el tema no parece generar mayor preocupación, ya que las propuestas de dictamen fueron elaboradas básicamente por los asesores y secretarios técnicos de comisión.
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